El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en segundo debate, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que le autoriza a acudir al mercado internacional a emitir títulos valores (eurobonos) por $5000 millones en un lapso de cuatro años, condicionado a cumplir una serie de metas y condiciones.
La iniciativa dista de las pretensiones iniciales de Zapote, que eran una emisión en un año por $6000 millones y otra autorización para un monto igual para el repago; así como una autorización a Hacienda de suscribir créditos internacionales por hasta $500 millones, sin autorización legislativa, "para inyectarse flujo de caja".
El segundo debate (43 votos a favor, 0 en contra) se dio tras un trámite entorpecido a lo largo de los meses por propios yerros del oficialismo, como negociar con solo una parte de la Comisión de Económicos en horas de sesión de ese foro parlamentario; intentar sobornar con nombramientos en embajadas a otros congresistas para intentar reunir los 38 votos necesarios para aprobar el proyecto en segundo debate; y negarse a incluir la obligación de colocar escáneres anti-fraude fiscal en las aduanas o de usar indicadores económicos más estrictos a los previamente pactados con el Fondo Monetario Internacional durante el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Según dispone la redacción aprobada, el Ministerio de Hacienda quedará autorizado a acudir a los mercados internacionales a colocar bonos con el fin de sustituir, exclusivamente, colocaciones de deuda bonificada interna autorizada por el Presupuesto de la República y/o cancelar vencimientos de deuda.
El monto autorizado de $5000 millones de dólares podrá colocarse en dólares o su equivalente en cualquier otra moneda. Además, el monto se colocará en tractos de $1500 millones para la primera y segunda emisión y $1000 millones para la tercera y cuarta emisión.
Los primeros $3000 millones se podrán emitir a partir de la entrada en vigencia de la ley ($1500 millones en el primer semestre de 2023 y $1500 millones en el segundo semestre de 2023), mientras que los restantes $2000 millones se colocarán solo si se cumplen una serie de condiciones acordadas con el Ejecutivo.
La tasa de interés autorizada para el primer tracto de $1500 millones sería la de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, más un máximo de 750 puntos base para el plazo respectivo de emisión.
Para los siguientes tractos, dada la calificación de riesgo soberana internacional de Costa Rica vigente al momento de la colocación, la tasa máxima sería la equivalente a la referencia de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos más un margen promedio del histórico al plazo de colocación registrado para los títulos de deuda externa costarricense, a partir de la aplicación de lo dispuesto por la anterior ley de 2019 que autorizó la colocación de bonos en el mercado internacional.
Respecto a los plazos de vencimiento de los bonos, se estableció que sean de un mínimo de 5 años.
Otro de los articulados del proyecto indica que el Ejecutivo deberá hacer el cambio por decreto de deuda interna por deuda externa una vez se hayan colocado los bonos; y que no podrá en ese mismo decreto cambiar el destino definido por ley. Además, se señala que cualquier ahorro generado por concepto de gastos financieros que resultare de la aplicación de esta ley deberá ser utilizado exclusivamente para amortizar la deuda restante o pagar intereses, y que se prohíbe utilizar dichos recursos para financiar otros gastos del Presupuesto de la República.
Condiciones
Como condiciones para poder emitir las siguientes emisiones de eurobonos, Hacienda deberá emitir a más tardar el 31 de marzo de cada año un informe previamente revisado y avalado por el Banco Central de Costa Rica, dirigido a la Comisión de Asuntos Hacendarios, en el que se señale que el año 2022 registró un balance primario fiscal (ingresos menos gastos, sin intereses) equivalente al 1% del PIB; para el 2023 del 1.15%, para el 2024 del 1.85%, para 2025 de 2.25% y para el año 2026 equivalente al 2.45% del PIB.
Respecto a la relación deuda-PIB del Gobierno Central, para el año 2022 deberá cerrar en un máximo del 70.00%; para el 2023 deberá ser de un máximo 68.20%, para el 2024 máximo de 67.15%, para el 2025 máximo de 65.4% y para el 2026 no deberá sobrepasar el 63.55% del PIB.
Además, se deberá acreditar una ejecutoria cuantitativa decreciente en el saldo de la deuda total del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2022, calculada en colones al tipo de cambio pactado por el Gobierno de la República de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional en el memorándum técnico de entendimiento vigente.
Finalmente, la relación del pago de intereses de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB no deberá sobrepasar el 5.10% los años 2022 y 2023; no podrá ser superior al 4.90% del PIB para el año 2024; ni mayor a 4.60% para el año 2025; y finalmente el techo para el 2026 será del 4.30% del PIB.
Los congresistas dieron un margen de tolerancia al cumplimiento de las metas referidas a relación con el BID de 0,025 puntos porcentuales. La tolerancia se considerará hacia arriba en los indicadores con nivel techo máximo y hacia abajo en aquellos con nivel piso mínimo.
El cumplimiento de los indicadores señalados deberá ser validado por la Contraloría General de la República para el cierre del año anterior a la respectiva emisión de cada uno de los tractos segundo a cuarto autorizados, mediante una certificación que se adjuntará en el informe que deberá presentar el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Luego, se establece que Hacendarios analizará el informe remitido por el Ministerio de Hacienda y notificará al Plenario Legislativo sobre el cumplimiento o incumplimiento de los indicadores previstos en este artículo, a más tardar en 30 días hábiles contados a partir de recibido el informe.
Si el informe anual del Ministerio de Hacienda demuestra el cumplimiento de los indicadores del año anterior, podrá realizar la siguiente emisión de los $1500 millones, sin necesidad de acudir nuevamente a solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa. Pero en caso de incumplimiento, se entenderá por revocada la autorización dada mediante esta ley para las posteriores emisiones y el Ministerio de Hacienda deberá justificar los incumplimientos incurridos ante la Asamblea Legislativa.
La única excepción para el incumplimiento de los indicadores será en caso de aplicación de la cláusula de escape establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, referida a la regla fiscal, siempre y cuando pueda conllevar un deterioro del resultado primario y de deuda con respecto al PIB.
Escáneres
La tercera emisión de eurobonos, en el 2024, queda condicionada además a la presentación de un informe sobre la implementación de escáneres en los puestos fronterizos de Paso Canoas y JAPDEVA; mientras que antes de la emisión del 2025 deberán haberse colocado en Peñas Blancas. De no cumpir con ambas disposiciones, no se autorizará la emisión de los bonos correspondientes.
La instalación de escáneres en otros puestos fronterizos, puertos o aeropuertos que están concesionados, es responsabilidad de la empresa que posee la concesión.
Además, el Ministerio de Hacienda deberá presentar un informe de avance y seguimiento del plan de Hacienda Digital ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, previo a la tercera y cuarta emisión. Sin avance no se autorizan esas dos emisiones.
Además, el gobierno se comprometió a someter a discusión de la Asamblea Legislativa el proyecto de Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado (expediente 22.661) y el proyecto de Promoción y Apertura del Mercado de Deuda Pública Interna Costarricense (expediente 22.893), y se acordó conformar una mesa de trabajo entre el Gobierno y las fracciones legislativas para acordar los siguientes pasos en el proceso de consolidación de las finanzas públicas.
Liberan $88 millones para la CCSS de la regla fiscal
Con 42 votos a favor y 3 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.209 "Modificación del subinciso 2 del inciso b del artículo 3 de la Ley 9988, modificación del inciso b del artículo 2 de la Ley 10002, modificación de los incisos a y b del artículo 2 de la Ley 10105, y derogatoria del artículo 2 de la Ley 10259" que libera de la regla fiscal los recursos que el Ministerio de Hacienda debe transferir a la Caja Costarricense de Seguro Social.
Los montos ascienden a unos $88 millones de dólares y corresponden al 10% de los créditos otorgados a Costa Rica por el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización, aprobado en junio de 2021; del crédito SAF entre Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional; y de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo para sostenibilidad fiscal y programa de emergencia para fortalecimiento fiscal, aprobados en diciembre de 2021.
Durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada se había adquirido el compromiso de que de los nuevos créditos internacionales que suscribiera el país, 10% del monto aprobado se dirigía a abonar a la deuda del Estado con la Caja Costarricene del Seguro Social.
Aunque las tres leyes en cuestión contenían la cláusula indicando que esos fondos debían trasladarse a la CCSS, no se exceptuó la trasferencia de la regla fiscal, lo que impidió el giro de los dineros, hasta ahora que se aprueban las reformas necesarias para que Hacienda realice el depósito a la Caja.
El Partido Liberal Progresista intentó establecer en esta ley que la CCSS no podría invertir los dineros girados en bonos del Gobierno, como denunció ha estado realizando con los giros anteriores a estos tres préstamos. Por ese motivo, sus congresistas presentes votaron en contra de la iniciativa.









