El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó, con 40 votos a favor y 0 en contra, el expediente 21.415 denominado “Deber de denunciar y declarar en casos de maltratos y abusos contra menores de edad”.
El proyecto fue presentado en mayo del 2019 por el entonces diputado Enrique Sánchez Carballo, y había quedado aprobado en primer debate antes del cambio de Asamblea Legislativa, sin embargo, no fue convocado durante el I periodo de sesiones extraordinarias, y posteriormente se atrasó su votación en segundo debate por una consulta de constitucionalidad presentada por congresistas de Nueva República, Unidad Social Cristian y el oficialismo. La Sala Constitucional no entró a conocer esa consulta, ya que un diputado —Manuel Morales Díaz (PPSD)— retiró su firma antes de que el expediente fuera trasladado a la Sala.
El texto aprobado modifica el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739) para extender la obligación de que denunciar ante el Ministerio Público —ante cualquier sospecha razonable— las situaciones de maltrato, agresión, acoso o abuso contra personas de menores de edad a cualquier persona mayor de edad que laboré en una organización que atiende personas menores de edad.
Actualmente, esa obligación la tenían únicamente los directores y el personal encargado de los centros de salud y educación, públicos o privados, adonde se atienden personas menores de edad, mientras que la reforma aprobada incluyó la obligación de denunciar a todo el personal de asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales o agrupaciones, públicas o privadas, de carácter cultural, religioso, juvenil, educativo, deportivo, recreativo o denominaciones religiosas que atienda personas menores de edad.
Adicionalmente, el texto actual establecía la obligación de denunciar en casos de “maltrato o abuso”, mientras que con la reforma aprobada se amplió la obligación de denunciar cuando se trate de “maltrato, agresión, acoso o abuso” contra personas menores de edad.
El proyecto originalmente pretendía, además, eliminar la excepción que existe en el Código Procesal Penal sobre los ministros religiosos para que puedan brindar testimonio en un proceso penal cuando la persona confesante así lo autorice, sin embargo, en el trámite del proyecto se eliminó esa disposición.
Tras el segundo debate el ahora Decreto Legislativo pasará al Poder Ejecutivo para que lo firme o lo vete.
Criticas a Servicios Técnicos
Durante la reunión de jefaturas de fracción realizada el día de ayer, se levantaron críticas y quejas contra la labor que viene realizando el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, ente asesor del Congreso.
El primero en presentar su queja fue el jefe de la bancada del PLP, Eliécer Feinzaig Mintz, quien cuestionó a Servicios Técnicos, por enviar en una consulta del proyecto Interpretación Auténtica del Artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (expediente 23.187) señalando:
Hemos estado revisando estos documentos para atrás, y nunca habíamos visto que Servicios Técnicos precondicione la respuesta, sugiriendo a la gente qué es lo que tiene que responder”.
Feinzaig, también se quejó de que un primer informe de Servicios Técnicos señalaba que las consultas obligatorias para el proyecto de Ley para Eliminar un Impuesto Sobre la Venta de Cerveza Importada (expediente 23.275) eran dos, y posteriormente, se señaló que debían ser 87 consultas. Feinzaig añadió:
Quisiera entender, si esto es común que pase, que los proyectos de cierta fracción empiecen a recibir zancadillas de la parte técnica, no de la parte política, porque las zancadillas políticas uno las entiende, hay diferentes posiciones ideológicas, pero yo no quisiera que Servicios Técnicos me este condicionando ideológicamente los proyectos con cosas de esta naturaleza”.
El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña Soto, añadió quejas sobre el criterio emitido al expediente 23.375, no por el tema de las consultas, sino por la falta de análisis incluido en el informe. Acuña señaló:
No hay análisis del proyecto y esto a mí me parece grave, porque el informe de Servicios Técnico analiza el proyecto, no solo describe el proyecto. Y cuando se hace un buen análisis es, muchas veces, útil para mejorar el proyecto, para encontrar que hay algo que no está bien, etcétera. Aquí no hubo análisis alguno, y me impresionó, muchísimo la verdad, toparme con dos páginas de contenido, donde no hay ningún análisis. Más allá de la discusión que tengamos sobre el proyecto, no puede estar bien esto, y yo quiero hacer un llamado de atención".
Por su parte, la jefa del PUSC, Daniel Rojas Salas, cuestionó un criterio de Servicios Técnicos que no les permite firmar dictámenes cuando no están presentes en la votación de un proyecto y les impide la posibilidad de manifestar su voluntad sobre un proyecto, y señaló que podía deberse a un vacío reglamentario que deberían corregir.
Adicionalmente, la subjefa de fracción del PLP, Kattia Cambronero Aguiluz, se quejó por el atrasó en la presentación los informes para algunos expedientes, y puso de ejemplo el proyecto de Gobernanza de los Servicios Digitales y el Comercio Electrónico (expediente 23.184) que, tras ser presentado en junio, pasó todo el periodo de sesiones ordinarias sin que se tuviera el informe de servicios técnicos, atrasando el avance del proyecto.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, señaló que las observaciones realizadas eran serias, y que estaría solicitando un informe a Servicios Técnicos sobre lo mencionado, y añadió:
No deben existir, ni pueden existir zancadillas de orden técnico, es inaceptable, así que eso lo quiero aclarar y vamos a trabajar de inmediato en preparar esa consulta, y lo mismo hacerla extensiva en cuanto a la votación en los dictámenes”.
Breves y Puntuales
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 22.935, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre Servicios Aéreos.
— El Plenario acordó (con 40 votos a favor y 0 en contra) devolver a comisión el expediente 20.470, Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.
— Con 42 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.816, Ley que Castiga el Robo y la Receptación de Cable, Dispositivos de Seguridad de Acueductos, Señales de Tránsito y Líneas Férreas.
— Con 42 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.052, Ley de Patentes y Tarifas del cantón de Atenas.
— Con 33 votos a favor y 8 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.630, Ley de creación del distrito V del cantón de Bagaces denominado Pijije.
