El Poder Ejecutivo anunció el día de hoy la firma de un decreto para regular lo que se conoce como importación paralela de medicamentos, es decir, la importación de un medicamento por parte de "cualquier droguería sin el consentimiento del titular de la patente y que es comercializado conforme a las regulaciones sanitarias del país exportador".

Dato D+: Según la Ley General de Salud las droguerías son un establecimiento farmacéutico que "opera en la importación, depósito, distribución y venta al por mayor de medicamentos; quedando prohibido realizar en éstos el suministro directo al público y la preparación de recetas".

Durante la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno el presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, señaló que ese decreto iba a “quitar los monopolios de importación” y añadió que “quien consiga el producto, donde lo consiga, mientras el producto esté registrado en Costa Rica, lo puede importar bajo régimen de competencia”.

Sin embargo, el decreto firmado por Chaves y su ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, señala que el producto importado por esta modalidad debe cumplir el requisito ser "el mismo en cuanto a procedencia, fórmula cualicuantitativa, laboratorio fabricante, presentación, material de empaque primario y etiquetado del producto ya registrado en el Ministerio de Salud".

Es decir que, quien lo registra en Costa Rica, mantendrá siempre el control del precio del producto ya que la casa matriz, según establece el propio decreto firmado hoy, tiene que ser siempre la misma, por lo que no existe razón para esperar encontrar precios menores en esas condiciones.

Esta problemática ya había sido señalado en un informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica desde el 2011, donde se indicaba que "si bien el marco institucional provee al mercado dos mecanismos (importaciones paralelas y licencias obligatorias) para aumentar la competencia en el sector, su instrumentalización es imposibilitada por la definición misma que de los establecimientos da la Ley General de Salud. Al exigir la importación exclusiva desde un laboratorio en el exterior se hace casi imposible encontrar un tercero en un país del cual importar a un precio menor, ya que necesariamente este tercero debe ser una sucursal del laboratorio titular, y por consiguiente su esquema de fijación de precios obedece a los intereses de su casa matriz”.

El economista, Suráyabi Ramírez Varas, señaló a Delfino.cr que “opciones de cómo mejorar la competencia del mercado de medicamentos están identificadas desde el 2011 por Allan Hernández. Entre estas, debería quedar vía ley estipulado que las importaciones paralelas puedan realizarse también desde el equivalente a droguerías extranjeras y no solamente desde laboratorios de fabricantes extranjeros, sujeto a que se cumplan los requisitos técnicos pertinentes. Limitar exclusivamente la importación paralela desde sucursales del laboratorio titular reduce el número posible de vendedores, restringe la oferta y aumenta el precio final al consumidor”.

Adicionalmente, Ramírez añadió que “las droguerías no deberían ser los únicos establecimientos autorizados para importar medicamentos y materias primas. Esta disposición solo limita la competencia. En la medida que cumplan los requerimientos sanitarios, esa autorización al menos debería también extenderse a los laboratorios nacionales”.

Reforma de ley

Ante el anuncio del Poder Ejecutivo del día de hoy, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Melina Ajoy Palam, señaló la necesidad de una reforma de ley para atender la situación y aseguró a Delfino.cr que "el decreto por sí solo puede perder fortaleza e incidencia en la práctica, en tanto se enfrenta a una sola de las determinantes, que promueven los fallos del mercado y que hacen que finalmente, redunde en precios altos para los consumidores".

Según indicó Ajoy, se necesita una reforma integral que contemple al menos, las siguientes consideraciones en su conjunto se debe: prescribir por denominación común internacional y no por marca; promover que los consumidores tengan la información suficiente de los precios en tiempo real; promover la importación paralela; fomentar la homologación; prohibir los contratos de exclusividad y prohibir la integración vertical.

De acuerdo con la diputada "estas consideraciones en conjunto, sí que van a incidir en la restructuración de las condiciones de mercado, de manera tal que podamos pasar de un mercado que sostiene precios altos, que tiene tendencias oligopólicas (tres participantes tienen más del 60% del mercado de la distribución), hay contratos de exclusividad, entre varias otras cosas que fomentan la perpetuación de un mercado que tiene tendencias para dar un funcionamiento ineficiente, encareciendo los costos para todos los costarricenses".

La diputada finalizó señalando que "si bien el decreto del presidente puede ir en una buena dirección, el problema demanda una atención integral e inmediata, de ahí que resulte muchísimo más eficaz, realizar los cambios a través de una reforma de ley integral", tema que aseguró atiende el expediente 23.234 que presentó Ajoy junto a su compañera de bancada, María Marta Carballo Arce.