Los integrantes de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa unieron voz con organizaciones administradoras de albergues subvencionados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para pedirle al Ministerio de Hacienda alternativas ante el inminente cierre de los centros que atienden más de 11 mil menores de edad, debido a faltantes presupuestarios.
En conferencia de prensa en medio de la sesión de Plenario, los congresistas Carlos Felipe García (PUSC), presidente de la Comisión; Rosaura Méndez (PLN), secretaria; Jonathan Acuña (FA), Waldo Agüero (PSD), Jorge Dengo (PLP), Fabricio Alvarado (NR) y Francisco Nicolás (PLN) se aliaron con la Unión de Instituciones Privadas de Atención a la Niñez (UNIPRIN) para alertar de la disminución sostenida en el presupuesto dirigida a las ONGs residenciales, hogares solidarios y Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (CIDAIS).
De acuerdo con los datos brindados en la conferencia, peligra la atención de 11.857 menores de edad: 5755 que actualmente reciben atención integral diurna y 6102 que actualmente reciben alternativas residenciales y acogimiento familiar.
Según los afectados, el PANI tiene un déficit de unos 16.507 millones de colones en las trasferencias a los albergues subvencionados, por lo que los menores allí atendidos quedarían desprotegidos en los próximos meses.
Por ese motivo, los congresistas pidieron al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, alternativas para poder combatir la problemática. Asimismo, algunos plantearon que el Poder Ejecutivo convoque un nuevo proyecto de ley presentado para excluir al PANI y todos los recursos destinados a la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil y los de su Secretaría Técnica, de la aplicación de la regla fiscal, creada por la Ley 9635.
El presupuesto del PANI fue recortado en 2022 unos 14.614 millones de colones, respecto al presupuesto del año 2021. Además de los 16.507 millones de colones que se requieren para mantener la atención de los 11.857 menores de edad de albergues subvencionados, la institución requiere 16.512 millones para el financiamiento de la Red de Cuido.
Breves
— Personeros de la Asociación Pro Carretera a San Carlos se hicieron presentes a la Comisión de Ambiente para defender el proyecto de ley convocado por el Poder Ejecutivo, que pretende autorizar la invasión de un humedal para terminar de construir la carretera a San Carlos. Patricia Romero Barrientos, presidenta de la asociación, dijo textualmente:
Los seres humanos son más importantes que todo lo demás, vivimos de la naturaleza y del ambiente. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que protegerlo, pero tengamos un equilibrio en esto, no nos vayamos ni de un lado ni al otro por ideologías políticas, vamos por lo que la gente necesita y el país urge.
Varias diputaciones pidieron que el proyecto se sustente en estudios técnicos y ambientales pues el SINAC tiene listado como humedal la zona que se pretende invadir, pero la Asociación refuta eso alegando que antes no calificaba para ser considerado una zona protegida de ese tipo, y que otras alternativas de trazado serían muy costosas, peligrosas o dañinas para el ambiente, pues involucrarían intervenir amplias zonas montañosas.
Los humedales son fuertemente protegidos por la legislación costarricense y en especial, la jurisprudencia de la Sala Constitucional. La Asociación defendió que el "pedacito" del humedal que se va a invadir, será compensada con un terreno para protección mucho más grande.
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.890 "Convenio entre la República de Costa Rica y la República de Colombia sobre asistencia judicial en materia penal".
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.283 "Desafectación de uso público, autorización a la Municipalidad de San Pablo de Heredia para que segregue y done una finca de su propiedad a las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José (Iglesia María Auxiliadora)".
— Con 51 votos a favor y 0 en contra se aprobó que el expediente 22.503 "Reforma parcial de la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Infocoop, del 22 de agosto de 1968 y sus reformas" sea devuelto a la comisión dictaminadora por el plazo de un mes, para que rinda un nuevo dictamen.









