El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo que su país está “a punto de ganar” la guerra contra las pandillas, lo que calificó como "una oportunidad única" en la historia del país centroamericano. En una intervención para evaluar los primeros tres años de su gestión de gobierno, el mandatario se focalizó exclusivamente en temas de seguridad pública y no mencionó aspectos económicos, salud e inversión pública, como la caída del precio del bitcoin.

“Estoy aquí para decirles a todos algo que muchos pensaron que era imposible: estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, subrayó el mandatario ante el Congreso, donde cuenta con amplia mayoría.

Bukele defendió las prórrogas otorgadas al régimen de excepción por parte de la Asamblea Legislativa y cuestionó a las organizaciones internacionales que denuncian violaciones a los derechos humanos. "Si no hay seguridad será imposible tener lo demás", dijo Bukele en un pasaje de su discurso en el que defendió un régimen de excepción que ha generado la detención de 37.000 personas y centenares de capturas arbitrarias.

Las maras “controlaban” el 80% del territorio salvadoreño y tenían "facilidades para hacer lo que querían”, señaló Bukele, que en varias oportunidades fue interrumpido por los simpatizantes que llegaron al lugar a respaldarlo, algunos de ellos con carteles alusivos a una posible reelección ("van 3 años, faltan 7") y a las mejoras en seguridad y la caída en las cifras de homicidios.

Al respecto, Bukele enfatizó en que en sus tres años de gestión hubo 128 días sin homicidios: "Para darles una idea, durante cinco años del gobierno de Sánchez Cerén, no hubo un tan solo día sin homicidios. Y en los 10 años anteriores, solo hubo un día sin homicidios".

Bukele dijo además que en estos tres años “le hemos arrebatado a los poderes fácticos su autoridad y se la hemos dado al pueblo, como lo prometí”. Al respecto, y sin mencionarlos, reconoció el trabajo del Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que fueron designados en 2021 por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa.

"La anterior Sala ya hubiera declarado inconstitucional el régimen de excepción y las reformas a las leyes contra pandillas (...) y muchos de los viejos jueces hubieran dejado libres a muchos (de los capturados)", señaló el mandatario.

Bukele también cuestionó a los organismos internacionales y países extranjeros que han denunciado violaciones de los derechos humanos durante el régimen de excepción: “hoy tienen que saber que El Salvador es un país soberano, aquí vamos a tomar las decisiones que consideramos correctas para nosotros y el futuro”, sentenció.

Oposición inconforme

Los partidos de la oposición de El Salvador salieron a criticar el discurso del presidente Nayib Bukele por considerar que es un "populista" y "autoritario". Bukele habló en la noche de este miércoles ante el Congreso y realizó un balance de sus primeros tres años de gestión. Entre otras cosas, dijo que su país está “a punto de ganar” la guerra contra las pandillas, lo que calificó como "una oportunidad única" en la historia del país centroamericano. El mandatario se focalizó exclusivamente en temas de seguridad pública y no mencionó aspectos económicos, salud e inversión pública, como la caída del precio del bitcoin.

El discurso de Bukele despertó críticas de la oposición. El secretario general del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, dijo que los “procesos populistas y autoritarios envejecen rápido y muy mal”. “Más temprano que tarde, esta etapa oscura y sus protagonistas tendrán que rendir cuentas por sus abusos, ilegalidades, mentiras y errores", escribió el dirigente izquierdista en Twitter.

El referente de la bancada del partido centroderechista Arena, René Portillo Cuadra, cuestionó a Bukele por su discurso y calificó el discurso como un mitin político. "El discurso se convirtió en un ataque contra la comunidad internacional, contra la oposición. En ningún momento el presidente habló de los proyectos, ni de las promesas cumplidas. Se limitó únicamente a hablar de tres proyectos fallidos que únicamente están en la propaganda del Gobierno", dijo Portillo Cuadra.

En la oposición también hubo críticas por la defensa que hizo el mandatario salvadoreño del régimen de excepción que entró en vigencia el 27 de marzo. A esos cuestionamientos se sumó este jueves la organización Amnistía Internacional, que responsabilizó a las autoridades salvadoreñas por cometer "violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos".

En el documento que presentó la organización se afirma que al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado. “Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Se registró que 28 de 34 personas que sufrieron graves violaciones a sus derechos y que para esto entrevistaron a víctimas, familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, jueces y exjueces, entre otros, para evidenciar los abusos. En los casos investigados, la organización informó que los familiares de muchos de los detenidos desconocían el paradero de los capturados y que, a pesar de que muchas de estas familias han presentado hábeas corpus por esto, pero sus casos no han avanzado.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia. Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero esta, solo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, añade el documento.

Como conclusión, Amnistía Internacional dijo que "miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales —la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia— sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico".