Contra la versión oficial, en las últimas semanas han aparecido en El Salvador versiones periodísticas que ratifican la existencia de negociaciones entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas. La ruptura del pacto es la principal prueba de su existencia y sus consecuencias han sido nefastas, incluyendo la matanza de 87 personas en un fin de semana y la posterior aplicación de un controversial régimen de excepción.
Además, el problema político es inminente, ya que Bukele ha sostenido que la histórica caída de los homicidios en su gobierno se debió a las políticas de seguridad y nunca admitió la existencia de negociaciones con organizaciones criminales.
Este martes el medio salvadoreño El Faro publicó una nueva investigación en base a siete audios en los que el director del Tejido Social del Gobierno y una de las figuras más cercanas al gobierno, Carlos Marroquín, responsabiliza por la ruptura del acuerdo con las pandillas al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a quien califica como "loco ministro".
Entre otras cosas, el negociador gubernamental reconoce en los audios que las conversaciones con las pandillas duraron “casi dos años y medio”. En medio de la crisis por la ola de homicidios, Marroquín envió un audio en el que aseguraba que le estaba trasladando mensajes de las pandillas a “Batman” -así denominaban a Bukele en estas conversaciones-, que llegó incluso a molestarse por las “amenazas” de los pandilleros.
Además de los audios, cuya veracidad fue confirmada en auditorías independientes, la nota de El Faro publicó testimonios de tres líderes pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que justifican la matanza de marzo por los negociadores del gobierno “hicieron cosas que no tenían que hacer”, entre ellas capturar delincuentes que asistían a reuniones “a dialogar”.
Hasta este miércoles el gobierno de Bukele no ha hecho comentarios sobre estas revelaciones y tampoco respondió las consultas que realizaron los periodistas que trabajaron en el informe.
Dos investigaciones anteriores de El Faro, a mediados de 2020 y en agosto de 2021, ya habían mostrado evidencias de negociaciones entre Bukele y las pandillas MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios.
El mandatario asumió en junio de 2019 y logró bajar notoriamente las cifras de homicidios (en 2015 había un promedio diario de 20 asesinatos y en este año llegó a tener días sin homicidios), una situación que ayudó a mantener la popularidad de Bukele en niveles altos.
A finales de abril, otra nota de la cadena británica BBB publicó testimonios de integrantes de Barrio 18 Sureños que también ratificaron las negociaciones con Bukele, a tal punto que afirmaron que ayudaron con “votos y con seguridad” en sus territorios en las últimas elecciones.
Tras el fatídico fin de semana de marzo que dejó un saldo de 87 personas muertas en tres días, el gobierno impulsó, a instancias de su mayoría en la Asamblea Legislativa, un régimen de excepción en el país por 30 días, afectando varios derechos de las personas. Ese régimen se extendió luego por otros 30 días y han sido miles las personas detenidas.
Estos testimonios reportados por la BBC casi no han sido replicados en El Salvador, ya que el 6 de abril se aprobó además una ley que prohíbe a los medios publicar mensajes de las pandillas, una decisión que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos a la libertad de expresión.
