Los recursos de préstamos internacionales que la Asamblea Legislativa había asignado al pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y que corresponden a un 10% del monto total de cada préstamo, no podrán ser transferidos todavía a la CCSS porque de hacerse esos pagos se estaría sobrepasando el límite de crecimiento en el gasto que le impone la regla fiscal al Poder Ejecutivo.

Dato D+: La regla fiscal establece un tope al crecimiento del gasto del Presupuesto Nacional que para el 2022 se fijo en 1.96%.

Así se desprende de un proyecto de ley (expediente 22.996) presentado por la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado Orozco y que cuenta con el respaldo de 31 firmas adicionales. El proyecto busca que esos recursos ya asignados, y que incluso una parte que ya ha sido recibida en las arcas del Estado, puedan ser transferidos a la CCSS.

En concreto se trata de dos leyes que aprobaron préstamos internacionales y a las cuales se les asignó como destino específico que una décima parte de estos fueran al pago de la deuda del Estado. Se trata de las leyes:

  • Ley 9988 (Aprobación de los contratos de préstamo suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica, para financiar el Programa de Gestión Fiscal y de Descarbonización), por un monto de $300 millones.
  • Ley 10.105 (Aprobación de los contratos de préstamos 5263/OC-CR y 5264/OC-CR para financiar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal II y el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento Fiscal y Restaurar el Crecimiento, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo), por un monto de $500 millones.

En total, en esos dos préstamos el Gobierno debería transferirle $80 millones como pago de la deuda que tiene el Estado con la CCSS. Según señala la exposición de motivos del proyecto, de esos recursos existe un monto aproximado de ₡35.445,9 millones que ya fueron aprobados que quedarían pendientes de incorporar al Presupuesto Nacional hasta que el Ministerio de Hacienda busque el espacio presupuestario necesario y suficiente para poder sustituir el nuevo gasto con la eliminación de otros gastos ya existentes, o a que la Asamblea los excluya de la aplicación de la regla fiscal.

Esta problemática se hizo evidente cuando el Ministerio de Hacienda presentó el primer presupuesto extraordinario de este año (expediente 22.919) en el cual incorporó ₡222.406 millones correspondientes a los préstamos aprobados con la ley 9988, dejando por fuera el 10% correspondiente al pago de la deuda con la Caja, indicando que esas transferencias “sí están afectas a la regla fiscal, y solo hay espacio en el la Ley de Presupuesto Ordinario y  Extraordinario de la República, para incrementar gasto presupuestario hasta por ₡314.465.062,80”.

Para el año 2021 la Contraloría General de la República señaló que la deuda por el Estado asciende a los ₡2.586 mil millones, de los cuales ₡309.451 millones han sido reconocidos por la Contabilidad Nacional y los restantes ₡ 2.277.057 millones no están registrados por la Contabilidad Nacional.