Tras un acuerdo político que permitió el retiro de centenares de mociones que por semanas tuvieron entrabado el proyecto, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate, por segunda vez, la "Ley de fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)".
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 22.607 recibió 44 votos a favor y 1 en contra (José María Villalta), fijándose el próximo miércoles para la votación definitiva de segundo debate y su envío al Poder Ejecutivo para firmarse como Ley de la República.
Según dispone el texto aprobado, las empresas que realicen inversiones nuevas en el país fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) podrán obtener los beneficios que establece la Ley del Régimen de Zona Franca, siempre y cuando los proyectos sean nuevos y las empresas interesadas en su desarrollo estén total o parcialmente exentas del Impuesto Sobre la Renta, en los términos regulados por la indicada ley.
Asimismo, todo lo relativo al procedimiento de ingreso, cumplimiento de obligaciones y demás trámites relacionados con la operación de estas empresas se regirá por las mismas disposiciones que establece la Ley de Régimen de Zona Franca y sus reformas; por lo que en consecuencia se considerarán para todos los efectos como beneficiarios del Régimen de Zona Franca.
Para efecto de las empresas que se instalen fuera de GAM se considerarán "inversiones nuevas" las relativas a infraestructura pública como accesos viales perimetrales a su ubicación; construcción y conservación de puentes, alcantarillado, redes de suministro de agua potable; instalación y mejoramiento de líneas de transmisión de energía, datos y telecomunicación; construcción, mejoramiento o conservación de la infraestructura de centros educativos y centros de atención comunitaria.
También se considerará "inversión nueva" la inversión en capital humano, entendida como aquella relacionada con la actividad autorizada a la empresa al ingresar al Régimen de Zonas Francas, y que se dirija al desarrollo de cierre de brechas, nuevas habilidades para la transformación de la actividad, investigación y desarrollo, inversiones en formación de proveedores y suplidores o potencial recurso humano a contratar.
Entre los beneficios fiscales que las empresas en ese régimen tendrán se encuentra que, para efectos del impuesto sobre la renta, les serán aplicables las exenciones y los beneficios dispuestos en la ley, sin supeditación de hecho ni de derecho a resultados de exportación o restricciones de ventas en el mercado local; mientras que a los bienes y servicios de estas empresas que sean destinados al mercado local les serán aplicables todos los tributos al consumo que correspondan, así como los procedimientos aduaneros propios de cualquier importación similar proveniente del exterior.
Asimismo, la iniciativa dispone que las empresas administradoras de Parques de Zonas Francas localizadas fuera de la GAM podrán generar energía eléctrica renovable para autoconsumo, con el fin de atender parcial o totalmente su propio consumo eléctrico, así como de las áreas comunes propias; lo mismo aplicará para las empresas instaladas o que se instalen en dichos parques, quienes también podrán optar por la integración de recursos energéticos distribuidos que requieran las empresas para su operación.
Además, el texto dispone que el Estado instará al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a que promueva ofertas académicas que respondan a las necesidades técnico-profesionales de las empresas instaladas en el país y que sean acordes con las áreas de mayor demanda laboral. Este proceso de formación de talento deberá dar prioridad a los polos de desarrollo fuera de la GAM.
Como otros beneficios tributarios, las empresas de zona franca fuera de la GAM quedarán exentas del pago del 5% del FODESAF durante los primeros cinco años de operación. A partir del año seis y hasta el año siete estas empresas quedarán sujetas al pago de un 1%; a partir del año ocho quedarán sujetas al pago de un 2%; y a partir del año nueve de operación quedarán sujetas al pago general establecido para patrones privados.
Por otro lado, las empresas nuevas de zonas francas que se instalen fuera de la GAM pagarán solo el 0.25% mensual de la contribución al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sobre las remuneraciones durante los primeros 10 años de operación.
Asimismo, estarán exentos del aporte patronal de la empresa privada al IMAS correspondiente al medio por ciento mensual sobre las remuneraciones que paguen a los trabajadores, durante los primeros cinco años de operación. A partir del año seis y hasta el año diez de operación, la empresa deberá pagar un 0.25% de sus remuneraciones al IMAS. A partir del año 11 de operación, quedarán sujetas al aporte general aplicable a patronos del sector privado.
Además, también estarán exentos de pagar 0.5 puntos porcentuales mensuales de la planilla al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) durante los primeros 10 años de operación, de modo que pagarán solo 1%. A partir del año 11 de operación, quedarán sujetos al porcentaje general aplicable a los patronos del sector privado.
Las empresas de zona franca fuera de la GAM que se instalen en Palmares, Sarchí, Grecia, San Ramón y Naranjo, no gozarán de los beneficios de exención a las obligaciones con el Banco Popular, FODESAF, IMAS e INA señalados anteriormente.
Breves
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.222 "Ley de transformación y titulación de asentamientos humanos informales e irregulares".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 20.308 "Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 20.914 "Reforma al artículo 79 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N° 6043, de 2 de marzo de 1977".
— Con 42 votos a favor y 0 en contra se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 22.392 "Ley para la promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica".
— La Comisión de la Mujer rechazó el expediente 21.712 "Ley de reparación integral para víctimas de femicidio", el expediente 21.900 "Ley de bono solidario para mujeres jefas de hogar por las repercusiones de la epidemia COVID-19 mediante redirección de recursos financieros provenientes de la Ley N° 10, Ley de Licores y sus reformas y la Ley 5792, reformado por la Ley 9036", el expediente 21.659 "Consolidación del cargo de ministra de la condición de la mujer". En su lugar, dictaminó afirmativamente el expediente 22.490 "Adición de dos nuevos artículos a la Ley N° 8901, "Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las directivas de asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas", de 18 de noviembre de 2010 y sus reformas", el expediente 22.505 "Ley para la protección de la imagen y la dignidad de las mujeres en la publicidad comercial", el expediente 22.573 "Ley de Paternidad y Maternidad Responsable a través de la salud sexual y reproductiva" y el expediente 22.683 "Registro y base de datos para la contratación de cocineras(os) y ayudantes de cocina de comedores infantiles del MEP y demás entes públicos".
— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 22.164 "Ley de responsabilidad de las Zonas Francas en los cuidados y la promoción de la inserción y permanencia de personas trabajadoras en el mercado laboral" y el expediente 22.926 "Ley para la creación de los Centros de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF)".








