El proyecto se basa en la premisa de que los problemas de los asentamientos humanos deben analizarse desde una perspectiva de gestión integral del territorio, por lo que las soluciones brindadas en esta ley se enmarcan en la figura de los programas de renovación urbana, la cual existe desde la promulgación de la Ley de Planificación Urbana en el año 1968, pero cuya aplicación por ahora ha sido limitada. El proyecto de ley contempla el involucramiento de las comunidades en el desarrollo de los programas de renovación urbana, desde su planteamiento hasta su implementación, creándose un modelo participativo de toma de decisiones y gestión de los proyectos, siendo los beneficiarios partícipes directos en el proceso que busca la solución de las problemáticas del asentamiento que habitan. Asimismo, innova los modelos de desarrollo inmobiliario que se pueden utilizar en la modalidad de vivienda social, creándose la figura del condominio especial vertical de interés social, el cual facilitaría la convivencia y administración de los inmuebles que están en régimen de condominio. Otro aspecto relevante es que esta propuesta legislativa aumenta las capacidades del Estado sin aumentar el gasto público, pues el financiamiento de los proyectos que se fundamenten en esta ley saldrá de fondos y recursos existentes en la actualidad, dándose solamente una redistribución de los destinos específicos establecidos en la normativa existente