La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) solicitó al Ministerio de Hacienda que se declare un Estado de Emergencia Nacional para atender la situación de paralización de los procesos aduaneros con los que actualmente lidia el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas a raíz de los ataques cibernéticos sufridos por el Gobierno desde el pasado 18 de abril y que continúa afectando instituciones públicas.
Dato D+: Para que el Poder Ejecutivo emita una declaratoria de Estado de Emergencia se debe fundamentar en un estado de necesidad y urgencia, definido por la Ley 8488 como una “situación de peligro para un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal”.
En una carta enviada al ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, los industriales de alimentos y bebidas señalaron que “se empieza a generar un escenario de gran incertidumbre que provoca el cierre de líneas de producción a falta de materias primas, ingredientes, insumos, equipos y materiales de empaque que no encuentran salida en las caóticas aduanas de nuestro país”.
Según Juan Ignacio Pérez, presidente de Cacia, el Poder Ejecutivo "debe evitar, a toda costa, la disrupción de la cadena de abastecimiento necesaria para la producción que atiende necesidades básicas de la población tal es el caso de los alimentos y bebidas", y añadió:
Desarrollamos acciones para minimizar hasta donde sea posible el impacto de las crisis internacionales que golpean los costos de producción de alimentos; no obstante, en situaciones como la actual, requerimos un Estado flexible, moderno y a la altura de los acontecimientos, que nos acompañe en la protección del bienestar de la población”.
Desde Cacia, calificaron de insuficientes las medidas anunciadas durante los días anteriores, ya que en su criterio “muchas compañías reportan la imposibilidad de planificar la producción a falta de los insumos que se encuentran entrabados en procesos administrativos que no encuentran salida ni flexibilidad por parte de la autoridad”.
Entre las principales peticiones que plantearon los empresarios al ministro están:
- Mayor asignación de recursos humanos y tecnológicos alternativos.
- Extensión de horarios.
- Revisión de los procedimientos y trámites de manera manual o por correo electrónico para que, verificados por las agencias aduanales y realizado el respectivo pago de impuestos, se proceda a la liberación de la mercadería en menos de 24 horas.
