¿Qué hicieron los diputados esta semana? 28 de febrero-3 de marzo de 2022

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del voto completo de la Sala Constitucional sobre la Ley Marco de Empleo Público y la magistral lavada de manos que se pegaron, así como de un cambio de criterio que salvó la constitucionalidad del trámite realizado en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. También hablamos de las dos nuevas excepciones a la regla fiscal aprobadas en segundo debate esta semana y del proyecto de ley que reconoce el derecho a la desconexión de las personas en teletrabajo.

Nuevos proyectos relevantes

Expediente 22.934: Para Regular la Actividad Minera Artesanal y de Pequeña Escala (Mape).

• Proponente: Poder Ejecutivo.
• Propósito: Tiene por objetivo general regular al sector de minería artesanal y de pequeña escala metálico y no metálico y establecer los requisitos, condiciones y procedimientos para el otorgamiento de los permisos, concesiones y otras autorizaciones (viabilidad ambiental) para la exploración, explotación y procesamiento cuando corresponda.

Expediente 22.932: Retención del Pago de Bonos a Financistas de Campañas Políticas que Estén Morosos con el Estado.

• Proponente: Franggi Nicolás Solano.
• Propósito: Reforma el artículo 119 del Código Electoral, para añadir que, de previo al pago de los certificados de cesión de las emisiones hechas por los partidos políticos, por el valor de las contribuciones redimibles, el Ministerio de Hacienda verificará la existencia de morosidad de parte del cesionario de esos certificados y proceda al pago que corresponda a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social o de la Administración Tributaria. Además, establece que en caso de litigio sobre tributos, el Ministerio de Hacienda retendrá el pago como garantía de lo que se resuelva en el respectivo proceso.

Expediente 22.931: Ley para Autorizar la Titulación de Tierras en Villa Sierpe, Osa.

• Proponente: Gustavo Viales Villegas.
• Propósito: El objetivo de esta iniciativa de ley es desafectar como bien de dominio público el territorio donde se ubica el asentamiento Villa de Sierpe, cabecera del distrito tercero Sierpe, del cantón de Osa, Provincia de Puntarenas. Esto se propone bajo el principio de que el asentamiento de Villa Sierpe está asentado en una zona allende a lo que está declarado como patrimonio natural del Estado, además de que es una comunidad con una próspera actividad pesquera, productiva y turística.

Expediente 22.930: Reinscripción de Sociedades Disueltas.

• Proponente: Ana Karine Niño Gutiérrez y 1 firmas adicionales.
• Propósito: Este proyecto de ley pretende dar la posibilidad de reinscripción a las sociedades que hayan sido disueltas por no pago del impuesto a las personas jurídicas o por vencimiento del plazo de conformidad con la Ley N.° 9428, así como por el acaecimiento de la circunstancia prevista en el artículo 201 inciso a) del Código de Comercio, tengan la posibilidad, mediante el pago de la totalidad de los montos pendientes, multas, sanciones e intereses, de reinscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional de Costa Rica, de forma tal que recuperen la personalidad jurídica y sigan llevando a cabo las actividades comerciales que están llamadas a desempeñar.

Expediente 22.927: Reforma a Varios Artículos la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, (Límites de Velocidad).

• Proponente: Daniel Ulate Valenciano.
• Propósito: Modifica los límites máximos de velocidad en zona urbana de alta densidad poblacional sin demarcación bajándolos de 50km/h a 4’km/h. Y adiciona una multa de 20 mil colones a quienes manejen 10% por encima del límite máximo establecido (a menos que haya multas superiores).

Expediente 22.926: Ley para la Creación de los Centros de Acompañamiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF).

• Proponente: Yorleni León Marchena y 6 firmas adicionales.
• Propósito: El objeto del proyecto es la creación de los Centros para el Acompañamiento y el Fortalecimiento Familiar (CAFF), los cuales, estarán a cargo del Patronato Nacional de la Infancia. Dichos Centros estarán orientados a ofrecer apoyo y acompañamiento psicosocial a los niños, niñas y adolescentes y a familias, que se encuentran en situaciones de conflicto, intra e inter familiar, brindando una respuesta adecuada y sostenible, que garantice el ejercicio pleno de los derechos, de cada uno de sus miembros, y especialmente para el desarrollo integral y emocional de los niños, las niñas y las personas adolescentes. Los CAFF operarán como un programa permanente, adscrito a la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia.

Expediente 22.925: Reelección o no de la Dra. Iris Rocío Rojas Morales, magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

• Propósito: Para definir si se reelige a la magistrada de la Sala I, Iris Rocío Rojas Morales, por un segundo periodo de 8 años. El nombramiento se tendrá por renovado automáticamente a menos de que una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa (38 votos) se pronuncie en contra del nombramiento antes del 5 de mayo del 2022.

Proyectos relevantes aprobados

— Con 40 votos a favor y 0 en contra en primer debate, y con 42 votos a favor y 1 en contra en segundo debate, se aprobó el expediente 22.672 "Adición de un inciso f) al artículo 6 del Título II “Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales, Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018". Con este proyecto se exime de la regla fiscal el canon que Japdeva cobra a la empresa APM Terminals por la concesión del Puerto de Moín.

— Con 36 votos a favor y 2 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.769 "Ley de alivio temporal por costos de trasporte marítimo para las importaciones nacionales con el fin de mitigar la crisis de los contenedores". 

— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.339 "Reforma de los artículos 26 y 27 de la Ley para el equilibrio financiero, N° 6955, de 24 de febrero de 1984 y sus reformas". Esta iniciativa incorpora por ley la obligación establecida por criterios de la Procuraduría General de la República, de que los funcionarios que se acojan a un régimen de movilidad laboral y pretendan reingresar a la función pública antes de los 7 años, deberán devolver la cesantía equivalente al tiempo faltante para cumplir ese plazo.