La Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado este martes en el que expresa que la liberación del expresidente, Alberto Fujimori (1990-2000)es “un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno".

"Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia, y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas", dijo un grupo de expertos que señaló que el indulto que le fue concedido al exmandatario en 2017 había sido considerado incompatible con los requerimientos legales.

Asimismo, el documento especifica que la anulación de la sentencia de 25 años en prisión que cumple por delitos de corrupción y lesa humanidad, el ex jefe de Estado (de los cuales ha cumplido 10), sería un grave golpe a la justicia. "A menos que se justifique por razones claramente aceptables según el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias", añade.

El jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Fujimori y pasará a ser beneficiado por el indulto humanitario dispuesto en 2017 por el también exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Sobre esta resolución, la ONU expresó que es "inconsistente con los estándares internacionales de derechos humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad".

Días antes del indulto, Fujimori había sido trasladado a una clínica para recibir atención médica.

Sobre esto, los relatores aseguran que "solo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos; sin embargo, tales beneficios no pueden otorgarse en respuesta al paso del tiempo, la edad de la persona, o la situación general física o mental propias de la edad”.

"En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud”, dicen y acotan que Fujimori disfruta de unas condiciones de detención adecuadas en la prisión de Barbadillo.

El comunicado emitido por ONU está firmado por: Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Morris Tidball Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Luciano Hazan (Chair-Rapporteur), Aua Baldé (Vice-Chair), Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni y Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Piden la prohibición para abandonar el país

La Fiscalía de Perú ha solicitado que se prohíba salir del país al expresidente Alberto Fujimori durante un plazo de 18 meses en el marco del proceso judicial por el 'caso Pativilca'.

El requerimiento, solicitado por el fiscal superior Pedro Orihuela, fue presentado ante el Poder Judicial en la noche del martes y se da ante la inminente excarcelación de Fujimori en base al indulto que le otorgó la pasada semana el Tribunal Constitucional.

La prohibición de salida del país será evaluada este jueves por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado presidido por la jueza Miluska Cano, según detalla el diario peruano 'El Comercio'.

En febrero de 2018, la Justicia peruana falló en contra del indulto concedido a Fujimori a finales de 2017 por el que entonces fuera presidente del país, Pedro Pablo Kucynski, y, por tanto, se dio 'luz verde' a que el exmandatario fuera procesado por el 'caso Pativilca'.

En el marco de este caso, la Justicia investiga a Fujimori, junto a otras 22 personas, entre ellas miembros de las Fuerzas Armadas por el secuestro y asesinato de seis personas en la localidad de Barranca, en 1992.

En la actualidad, el expresidente cumple una condena de 25 años de cárcel en la prisión de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.

La Justicia de Perú también aprobó a mediados de diciembre la apertura de un proceso penal contra el expresidente, así como varios de sus ministros de Salud, por el caso de esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.


*Con información de la agencia de noticias Europa Press.