Por Diana Sofía Navarro Díaz - Estudiante de la carrera de Derecho

En la democracia de diversos países de América Latina, entre ellos Costa Rica, la reflexión acerca de la relación que existe entre la política y la justicia ha tomado un nuevo rumbo. Ha iniciado en el país un viraje hacia la forma en la que el Poder Judicial interviene en conflictos políticos. Surge con ello la preocupación de que el Poder Judicial adquiera una dependencia con el poder político, poderes en apariencia muy diferentes, sin embargo, se busca cada vez más en las jurisprudencias hacer calzar los actuares de la política en la ley. Como expone K. Ansolabehere:
Las fronteras acerca de lo que la justicia puede o no puede hacer frente a la política se están moviendo. Las Supremas Cortes de Justicia modifican sus doctrinas de las cuestiones políticas no justiciables ampliando los márgenes de la jurisdicción del derecho sobre las cuestiones políticas. Se amplían cada vez más las atribuciones de los Poderes Judiciales para actuar como árbitro entre poderes políticos, entre poder político y ciudadanía, así como para controlar que las decisiones políticas sean compatibles con la constitución (Ansolabehere, 2005, párr. 7).

Este fenómeno viene ocurriendo desde hace varios años atrás, así lo indica Boscán (2020). Desde una perspectiva histórica, Sieder et al (2005), señalan que desde 1980 ha habido un indudable cambio en la esencia y el carácter de cómo se involucran los órganos jurisdiccionales en los asuntos públicos. Ello, unido a un crecimiento continuo de los recursos interpuestos ante las cortes demandando cuestiones políticas (politización), constituye en la actualidad, bajo la visión de estos autores, una marcada característica de las democracias contemporáneas de la región (Boscán, 2010, p. 58).

El pueblo costarricense aprecia como jueces y fiscales son elegidos por políticos, los cuales se basan en sus intereses y convicciones para elegir a la persona que más de adapta a estos. De esta manera se resuelven los casos bajo parámetros políticos y no jurídicos. La justicia deja de ser justicia cuando nos dejamos de basar en la ley y nos apegamos a intereses de personas particulares y no al ordenamiento jurídico vigente en el Estado.

La politización de la justicia es una problemática que debe ser detenida. Los tribunales constitucionales son una pieza elemental para corregir el acontecimiento de estas acciones. Se evidencia cada día como políticos alentados por votos y el populismo impulsan tipos penales, los cuales no se generan desde una posición que busque la resocialización del imputado, sino que únicamente buscan imponer una pena prisión.

La politización de la justicia representa uno de los grandes retos para el sistema de justicia del país, paradójicamente la consolidación de una democracia nos dirige a la despolitización del sistema de justicia. Los jueces y juezas deberían representar a un mecanismo que realice un balance entre el derecho y la política y se puede asegurar con certeza que si no son ellos quienes respaldan al pueblo costarricense estipulando límites ante la inminente problemática no van a ser los políticos quienes establezcan una frontera entre su poder y el poder del derecho.

A su vez con la politización de la justicia se puede apreciar un peligro inminente a la independencia judicial. Es un hecho que los jueces y juezas de la República no se encuentran subordinados a nada más que la Constitución Política y la ley, sin embargo, ¿qué tan preciso y real se vuelve el concepto de independencia judicial cuando el poder no lo lleva solo la Constitución, sino también los políticos? Al respecto, es mencionado por Serrano Gómez (2009) que:
con el paso del tiempo la sociedad ha ido perdiendo confianza en la Administración de Justicia. Se ha pasado de respetarla a temerla. Muchos de los ciudadanos que acuden a ella desconfían de la misma, por la inseguridad en el resultado. Lo más grave es cuando existe motivación política. La balanza de la Justicia no está siempre horizontal, pues con bastante frecuencia aparece desequilibrada (p. 475).

Se concluye que es elemental una delimitación del poder político y del poder del derecho, ya que una politización puede significar un serio perjuicio para nuestro sistema judicial. La politización no solo atenta contra la transparencia del sistema que está encargado de defender a las personas costarricenses, también atenta contra la independencia judicial por la cual tanto se ha luchado.

 

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:
  • Ansolabehere, K. A. (2005, 22 de abril). Jueces, política y derecho: particularidades y alcances de la politización de la justicia. Scielo. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-02182005000100003&script=sci_arttext
  • Boscán Carrasquero, G. (2010). Judicialización y Politización En América Latina: Una Nueva Estrategia Para El Estudio de La Interacción Entre Los Poderes Públicos. Cuestiones Políticas IV, 51–83. https://www.redalyc.org/pdf/1275/127519335003.pdf
  • Serrano Gómez. (2009, 1 de julio). Crisis de la Administración de justicia. Revista de Derecho UNED. http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:RDUNED-2009-5-5130/Documento.pdf