¿Qué hicieron los diputados esta semana? 14-17 de febrero de 2022

Esta semana en Curul en Llamas hablamos del voto de la Sala Constitucional sobre la imposibilidad de condonar las deudas con la CCSS, del error legislativo que pone en riesgo las investigaciones de crimen organizado en Costa Rica, incluidos los casos Cochinilla y Diamante, y de los proyectos dictaminados, archivados y votados durante la semana.

Nuevos proyectos relevantes

Expediente 22.906: Reforma a los Artículos 24 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelo, Ley N°7779 del 30 de Abril de 1998 Y Sus Reformas; y el Artículo 5 de la Ley de Cercas Divisorias y Quemas, Ley N°121 del 26 de Octubre de 1909 y Sus Reformas

Proponente: Paola Vega Rodríguez y 1 firmas adicionales.
Propósito: Pretende incluir una evaluación de impacto ambiental como requisito previo para autorizar las quemas agrícolas y así cumplir con nuestro marco constitucional y los compromisos ambientales adquiridos por el país a nivel internacional.

Expediente 22.905: Reforma del Transitorio II de la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, de 21 de Marzo de 2017

Proponente: María José Corrales Chacón.
Propósito: Este proyecto de ley tiene como objetivo reformar el Transitorio II de la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, con la finalidad de ampliar hasta el 15 de diciembre de 2022 el plazo para cancelar las sumas adeudadas, entre el 2016 al 2021, por concepto del impuesto a las Personas Jurídicas, sin que por ello deban cancelar intereses o multas correspondientes, y así evitar el cierre o desaparición de las diferentes sociedades anónimas que se encuentran en esta situación.

Expediente 22.904: Ley para la Reducción Efectiva de las Pensiones de Lujo con Cargo al Presupuesto Nacional

Proponente: Dragos Dolanescu Valenciano.
Propósito: La presente iniciativa tiene como propósito la fijación de un límite en materia de pensiones, al establecer que el contribuyente de cualquier régimen de pensiones en el país pueda percibir con su jubilación hasta el un monto igual a la pensión más alta pagada por la Caja Costarricense de Seguro Social, que es alrededor de ₡1.612.851 colones, esto con el fin de eliminar este tipo de beneficios odiosos, ya que la ciudadanía tiene una fuerte convicción de erradicar pensiones consideradas de lujo, pues son a todas luces desproporcionadas e irrazonables. Además, este proyecto prohíbe la acumulación de pensiones, esto a raíz de que en muchos casos una persona cotizó en dos regímenes con patrones distintos o recibe su propia pensión y al fallecer su cónyuge adquiere la pensión de este

Expediente 22.902: Ley para Coordinar Acciones Institucionales en el Manejo de Incendios Forestales

Proponente: Ignacio Alpízar Castro.
Propósito: Tiene por objeto, regular en forma integral el manejo del fuego, en cualquier ecosistema vegetal, promoviendo el uso responsable del fuego para la seguridad de los habitantes y de la biodiversidad. Crea la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales (Conifor) como cuerpo colegiado adscrito al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, según los alcances de la Ley Nacional de Emergencias y prevención del riesgo Ley N° 8488 y que estará conformado por representantes de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el manejo del fuego.

Expediente 22.901: Ley de Acceso a la Justicia para Personas Consumidoras.

Proponente: Yorleni León Marchena.
Propósito: El presente proyecto busca reformar parcialmente la Ley 7472, a efectos de adicionar un nuevo artículo referido al tema de la ejecutoriedad de las sanciones y ordenes de la Comisión Nacional del Consumidor. El artículo que se pretende adicionar busca lograr una mayor eficacia para el consumidor respecto de la debida ejecución de los actos administrativos finales emitidos por la Comisión Nacional del Consumidor, para dotar de fuerza ejecutiva a los actos que emite el órgano decisor, de manera tal que, si en sede administrativa el denunciado incumple la orden, la misma pueda ser ejecutada en la vía judicial por medio de un proceso monitorio o de ejecución de sentencia, dependiendo cual sea el caso

Expediente 22.899: Atención Integral de las Personas con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas y Establecimiento de Penas Proporcionales en Delitos Regulados en la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, N°7786, de 30 de Abril de 1998 y sus reformas.

Proponente: Carolina Hidalgo Herrera.
Propósito: Este proyecto de ley incorpora los enfoques que ha venido recomendando la Organización de Estados Americanos (OEA) a los Estados, en materia de racionalidad de las penas, humanidad y proporcionalidad, a fin de ajustar la política de encarcelamiento por delitos no violentos de drogas. Por ejemplo, el enfoque de racionalidad de las penas establece un equilibrio entre las penas y su relación con la magnitud de los injustos de que tratan, para permitir la adecuada distinción entre los contenidos injustos y los grados de culpabilidad, a fin de que, con una escala penal adecuada, con mínimos de pena racionales, se pueda permitir a los jueces, fiscales y defensores analizar los casos concretos, los injustos y las culpabilidades. Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente N.º 20.322, presentado por el exdiputado Marco Vinicio Redondo Quirós (2007-2011), que fue tramitado en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Sin embargo, dicho proyecto de ley fue archivado.

Proyectos relevantes aprobados

— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.365 "Modificación del inciso ñ del artículo 53, artículo 54 y artículo 71 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos". Con esta ley se le abstrae a la Aresep la competencia de fijarse los esquemas de sus propias remuneraciones, ya que a pesar de que es una institución autónoma la jurisprudencia constitucional es tajante en establecer que la autonomía política de los entes autónomos no es absoluta y, por el contrario, se ejerce conforme la ley, razón por la cual la Asamblea Legislativa está autorizada para atribuir al Poder Ejecutivo una potestad de dirección sobre los entes autónomos. Por consiguiente, exceptuando la función de regulación, la Aresep estará sujeta a la política financiera del Estado y debe acatar las directrices que el Poder Ejecutivo emita en materia de presupuesto, política salarial y austeridad.

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.744 "Ley para prevenir la reducción de los salarios de los educadores costarricenses". El propósito es reformar el artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, para que se indique correctamente que la escala salarial de referencia es la de julio 2018 y no la de enero de ese año, debido a que la corrección establecida por vía del artículo 17 anterior, no es suficiente, debido a su naturaleza de norma de rango inferior a la Ley.

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.815 "Reforma parcial a la Ley N.° 7717 de 4 de noviembre de 1997 "Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos"". El objetivo del proyecto es sustituir a la Dirección Nacional de Ingeniería de Tránsito por las municipalidades como entes responsables de otorgar los permisos de construcción y funcionamiento a los establecimientos que pretendan ofrecer el servicio de estacionamiento público, así como de realizar labores de control y fiscalización sobre estos estacionamientos. Además, incorpora como requisito el adquirir una póliza civil para parqueos, individual o colectiva, de acuerdo con la agravación del riesgo, tomando en consideración el número de espacios para los vehículos en el parqueo, la cantidad de pisos que posee el parqueo, el horario (diurno, nocturno o 24 horas), el acceso a las llaves del vehículo, el tipo y estado de la construcción, las cámaras de seguridad y señalización.

— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.524 "Ley para el desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal". Se declara una salvaguarda ambiental a todo lo largo del cauce principal del río Sarapiquí y su ribera, desde su nacimiento hasta la desembocadura en el río San Juan, por un periodo de 25 años prorrogables, con la finalidad de mantenerlo en las mejores condiciones ecológicas. Durante la vigencia de la salvaguarda ambiental no podrán desarrollarse nuevos proyectos hidroeléctricos ni otorgar nuevas concesiones de extracción de materiales mineros.