Por una mayoría de cinco votos contra dos, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa rechazó y envió al archivo este miércoles un proyecto de ley de la diputada tránsfuga, Carmen Chan Mora, que pretendía aumentar las penas de cárcel contra las mujeres que se practicaran abortos.
Se trata del expediente 22.453, el cual Chan y los otros diputados que aportaron su firma como co-proponentes titularon "Ley para proteger la vida del niño por nacer" y su conocimiento pasó el 2 de septiembre de 2021 al foro legislativo presidido por el oficialista Enrique Sánchez Carballo.
La iniciativa tenía como fecha máxima para dictaminarse el pasado 11 de febrero, por lo que este martes Sánchez sometió a votación el proyecto, sin posibilidad de hacer uso de la palabra o de presentar nuevas mociones, según las reglas del artículo 80 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
El resultado de la votación fue de los tránsfugas Nidia Céspedes Cisneros y Dragos Dolanescu Valenciano votando a favor del proyecto de ley; y por la negativa los diputados María Vita Monge Granados del PUSC, Enrique Sánchez Carballo del PAC, Paola Valladares Rosado y Gustavo Viales Villegas del PLN; y Patricia Villegas Álvarez del PIN.
El proyecto de ley pretendía que la pena por "aborto con o sin consentimiento" prevista del artículo 118 del Código Penal cuando ocurre sin consentimiento, o si se practica en una menor de 15 años, subiera de los 3 a 10 años actuales a un rango de 20 a 35 años. Asimismo, la pena si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina pasaría del rango de 2 a 8 años, a uno de 19 a 33 años.
Asimismo, para el caso de abortos con consentimiento de la mujer se pretendía subir la pena de los 1 a 3 años actuales, a una de 18 a 32 años. La pena pasaría de los actuales 6 meses a 2 años, a una de 17 a 31 años si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.
El proyecto también pretendía reformar el artículo 119 del Código Penal para que la pena contra la mujer que consienta o se cause su propio aborto pasara de 1 a 3 años, a un rango de 1 a 6 años.
La diputada también pretendía meter mano en el artículo relativo al aborto terapéutico, limitando a "salud física" un justificante válido para practicar un aborto de ese tipo, excluyendo otros tipos de bienestar como el mental o emocional.
Breves
— La Comisión de Derechos Humanos dictaminó afirmativamente el expediente 22.171 "Ley para penalizar los crímenes de odio, el delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos". Además, rechazó los expedientes 22.268 "Modificación del artículo 172 del Código Penal" y 22.274 "Ley para la intermediación laboral de las y los asistentes personales".
— La Comisión de Cartago rechazó el expediente 22.556 "Desafectación de uso de terrenos de la Municipalidad de Cartago, para donarlos a la Asociación Administradora del Acueducto El Molino".
— Con seis votos a favor y dos en contra, la Comisión de Gobierno y Administración dio dictamen afirmativo al expediente 22.006 "Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia e Ideario".
— Con 40 votos a favor y 2 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.769 "Ley de Alivio Temporal por Costos de Trasporte Marítimo para las Importaciones Nacionales con el Fin de Mitigar la Crisis de los Contenedores".
— Con 39 votos a favor y 2 en contra se aprobó que la sesión de Plenario de este miércoles sea extraordinaria, y que en lugar de reformas constitucionales se vean proyectos de ley ordinarios, tras la ruptura de quorum que hubo el lunes.
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.365 "Modificación del inciso ñ del artículo 53, artículo 54 y artículo 71 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos". Con esta ley se le abstrae a la Aresep la competencia de fijarse los esquemas de sus propias remuneraciones, ya que a pesar de que es una institución autónoma la jurisprudencia constitucional es tajante en establecer que la autonomía política de los entes autónomos no es absoluta y, por el contrario, se ejerce conforme la ley, razón por la cual la Asamblea Legislativa está autorizada para atribuir al Poder Ejecutivo una potestad de dirección sobre los entes autónomos. Por consiguiente, exceptuando la función de regulación, la Aresep estará sujeta a la política financiera del Estado y debe acatar las directrices que el Poder Ejecutivo emita en materia de presupuesto, política salarial y austeridad.
— Con 40 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.744 "Ley para prevenir la reducción de los salarios de los educadores costarricenses". El propósito es reformar el artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, para que se indique correctamente que la escala salarial de referencia es la de julio 2018 y no la de enero de ese año, debido a que la corrección establecida por vía del artículo 17 anterior, no es suficiente, debido a su naturaleza de norma de rango inferior a la Ley.
