Este proyecto de ley incorpora los enfoques que ha venido recomendando la Organización de Estados Americanos (OEA) a los Estados, en materia de racionalidad de las penas, humanidad y proporcionalidad, a fin de ajustar la política de encarcelamiento por delitos no violentos de drogas. Por ejemplo, el enfoque de racionalidad de las penas establece un equilibrio entre las penas y su relación con la magnitud de los injustos de que tratan, para permitir la adecuada distinción entre los contenidos injustos y los grados de culpabilidad, a fin de que, con una escala penal adecuada, con mínimos de pena racionales, se pueda permitir a los jueces, fiscales y defensores analizar los casos concretos, los injustos y las culpabilidades. Esta iniciativa de ley, tiene como antecedente el Expediente N.º 20.322, presentado por el exdiputado Marco Vinicio Redondo Quirós (2007-2011), que fue tramitado en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico. Sin embargo, dicho proyecto de ley fue archivado.