Cuando se analizan las condiciones del mercado de trabajo generalmente se hace énfasis en los problemas de inserción y participación, que afectan a las personas trabajadoras, especialmente a las mujeres. En este sentido, cuando se analiza la población en edad de trabajar fuera de la fuerza laboral, se observa que el porcentaje relativo de mujeres (52%) casi duplica el de los hombres (27%). Dentro de este grupo de personas, destacan las mujeres disponibles para trabajar, pero que enfrentan limitaciones (v.g. obligaciones familiares) o que están desalentadas (v.g. mujeres con interés en trabajar, pero saben que no hay trabajo en la zona donde viven) es 2,2 veces superior que la de hombres en estas mismas condiciones.
Estos problemas se ven también reflejados en tasas de desempleo significativamente más altas en las mujeres. Según la última encuesta trimestre móvil de empleo julio-agosto-septiembre del INEC, la tasa de desempleo de las mujeres fue de 19,8%, mientras que la de los hombres de 12,2% (7,6 p.p.). Esta misma realidad se observa con la tasa de presión general (la suma de la población desempleada y ocupada que busca empleo, respecto a la fuerza de trabajo), la cual es de 27,9 para las mujeres y 21,3 para los hombres (diferencia de 6,6 p.p.). Por su parte, la tasa de subempleo de las mujeres es de 16,3%, mientras que la de los hombres es de 11,6% (diferencia de 4,7 p.p.).
A estos problemas de inserción al mercado laboral, habría que agregar aquellos relacionados con las condiciones y características del empleo de las mujeres, en particular mujeres jóvenes, que ya se encuentran en el mercado laboral. La realidad es que las mujeres, por el hecho de estar empleadas, no dejan de padecer brechas, tanto en materia salarial, como en términos de la calidad y formalidad del trabajo. Esta problemática se expresa en discriminación salarial vertical que afecta al empleo femenino (diferencia salarial por el mismo trabajo respecto a los hombres) y de discriminación horizontal (diferencias en la ocupación de empleos, pese a contar con la misma calificación que los hombres). Estas diferencias también son evidentes cuando nos detenemos a analizar las condiciones de precariedad del trabajo y de aseguramiento de las mujeres trabajadoras con respecto a la mano de obra masculina.
Según las estadísticas de género del INEC, al II trimestre 2021, aproximadamente 20% de las mujeres ocupadas trabaja por cuenta propia y ganando 36% menos que los hombres. Respecto a la brecha de género en el acceso a trabajo asegurado se tiene que el porcentaje de mujeres con seguro por trabajo es de 66%, mientras que en el caso de los hombres es de 73,1% (diferencia de 7,1 p.p. en favor de los hombres), lo que nos indica que los problemas de discriminación tienen una expresión en las diferencias en la calidad y seguridad del trabajo entre mujeres y hombres. Esta brecha salarial y menor acceso a trabajo asegurado se asocia con mayores niveles de precariedad en el trabajo femenino.
La inserción y mejores condiciones de las mujeres en el mercado laboral debe responder a arreglos institucionales, que reduzcan las rigideces y obstáculos que impiden una mayor participación laboral en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Esta tarea pasa por una redefinición de leyes específicas orientadas a lograr la igualdad de género, tanto para mejorar las condiciones de inserción, como para eliminar la discriminación vertical y horizontal que padecen las mujeres que se encuentran en el mercado laboral. De igual forma, se hacen impostergables políticas y programas que garanticen esquemas de cobertura de aseguramiento completo para las personas trabajadoras por cuenta propia, especialmente mujeres. Lo anterior en el marco de una política de precisión, transversal y multidimensional, mediante la promoción de las redes de cuido y programas de empleo dirigidos a mujeres que aborden su realidad en forma holística (v.g. formación de capital humano y alianzas público-privadas para impulsar la inserción al mercado laboral).
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