La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente este jueves un proyecto de ley que pretende cerrar las puertas del crimen organizado y el narcotráfico al financiamiento de las campañas políticas.
Se trata del expediente 22.560 impulsado por la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido Pérez y 24 congresistas más, que establece que las donaciones a partidos políticos por monto superior a un salario base deberán realizarse a través de alguna de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
El proyecto reforma el artículo 135 del Código Municipal al añadir un nuevo párrafo final, con el propósito de establecer —además de la donación a través de una entidad supervisada si el monto supera un salario mínimo— que el Tribunal Supremo de Elecciones defina vía reglamentaria un plazo no inferior a 3 meses en el que donaciones inferiores a ese monto se sumarán, y una vez superado, deban realizarse a través de la entidad supervisada.
Asimismo, los partidos políticos quedarán obligados a declarar en su reporte de donaciones, cuáles fueron realizadas en efectivo y cuáles por medio de transferencia bancaria.
"Expertos han advertido que el país no cuenta con controles que eviten donaciones de dinero producto de actividades ilícitas. Es casi imposible reconocer con exactitud el origen de los apoyos financieros de las candidaturas. Ante este riesgo para la democracia, buscamos legislar para ir cerrando portillos el financiamiento ilegítimo a los partidos políticos", indicó la proponente, Laura Guido Pérez.
Esta iniciativa surgió luego que personas que trabajaron en el seno de la campaña del candidato presidencial Fabricio Alvarado, en las elecciones del 2018, le relataran al Tribunal Supremo de Elecciones que el comando recibía dinero en efectivo, en bolsas, en fajos de hasta $1000 cada uno, para pagar proveedores y empleados, y sin que ese flujo de dinero se viera reflejado en los registros contables como lo demanda la ley. Por este caso, el TSE presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
El proyecto pasa ahora al Plenario para la etapa de mociones de fondo vía artículo 137, y eventualmente mociones de reiteración vía artículo 138; luego, su discusión y votación en dos debates distintos.
Muerto, pero revivido
Por la negativa del Partido Unidad Social Cristiana y los diputados afines a Fabricio Alvarado, la Asamblea Legislativa envió al archivo este jueves el proyecto de ley para declarar a Costa Rica 'país libre de exploración y explotación petrolera y de gas'.
La iniciativa, tramitada en el expediente 20.641 tiene como fecha de vencimiento del plazo cuatrienal este domingo 5 de diciembre, por lo que este jueves era el último día para aprobar una prórroga de cuatro años más, que requería el voto favorable de 38 diputados como mínimo.
Sin embargo, solo 23 apoyaron la moción y otros 20 votaron en contra, por lo que la iniciativa saldrá de la agenda de Comisión de Ambiente, donde estaban en conocimiento centenares de mociones presentadas por Jonathan Prendas y Pablo Heriberto Abarca.
También votaron en contra de la prórroga los diputados del Partido Integración Nacional, los independientes Shirley Díaz, Erick Rodríguez, y el liberacionista Daniel Ulate Valenciano.
Una moción de revisión, para repetir la votación anterior, fue aprobada con 23 votos a favor y 20 en contra, sin embargo, la segunda votación resultó en 26 votos a favor y 19 en contra, por lo que la iniciativa quedó archivada definitivamente.
Tras el archivo del expediente en discusión, 24 diputados de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Frente Amplio y algunos independientes presentaron una nueva iniciativa para prohibir la exploración y explotación de petróleo y gas en Costa Rica, que más tarde fue convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.
Breves
— Por unanimidad, el Plenario legislativo aprobó repudiar las manifestaciones misóginas, racistas y de promoción de la trata de personas del alcalde de Matina, Walter Céspedes Salazar; pedir a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para determinar si las declaraciones se dan en relación con conductas correspondientes con la trata de personas o la explotación sexual; y exhortar al alcalde a renunciar al cargo de elección popular que ostenta y asuma con responsabilidad las consecuencias por sus actos misóginos y racistas.
— Con 31 votos a favor y 8 en contra, se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 20.639 "Aprobación del Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC".
— La Comisión de Turismo dictaminó afirmativamente el expediente 22.678 "Adición de un Transitorio V a la Ley N°1917 del 29 de julio de 1955, Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo", que plantea que el ICT pueda suscribir contratos de fideicomisos de administración durante cinco años.
— El ministro de Salud, Daniel Salas, está en tremendos problemas tras haberse revelado que mintió bajo juramento en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, específicamente durante una audiencia como parte de la investigación sobre las irregularidades existentes en el Consejo Nacional de la Producción (CNP) en cuanto a precio de alimentos para centros educativos y la Red de Cuido. El 7 de octubre Salas respondió ante pregunta del diputado Erick Rodríguez Steller que él no había recibido denuncias por mal funcionamiento de los CEN-CINAI, manejos incorrectos de los presupuestos destinados a compras de alimentos o inconformidades en los servicios brindados por el CNP; sin embargo, este jueves la exjefa de la Unidad Financiera de los CEN-CINAI, Karla Zúñiga, reveló que ella le presentó en febrero de 2020 una denuncia por sobrecargas de trabajo en ese departamento, relacionadas con atención de requerimientos del CNP e inconsistencias en facturas provenientes de la entidad.
— La presidenta legislativa, Silvia Hernández, pidió al Departamento de Servicios Técnicos que clarifique si el diputado José María Villalta y la diputada Paola Vega llevan razón en que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no debería estarse discutiendo en el Plenario, dado que el Tribunal Supremo de Elecciones objetó la iniciativa en los términos del artículo 97 de la Constitución, el cual reza:
ARTÍCULO 97.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.
El diputado Carlos Ricardo Benavides objetó la solicitud al afirmar que el proyecto de ley entrará en vigencia un año después de su publicación en La Gaceta, por lo que no se configura el bloqueo al legislativo dispuesto por ese numeral constitucional, sin embargo, Hernández anunció que igual pedirá el estudio a Servicios Técnicos.









