El Gobierno de la República confirmó la tarde de este lunes que ya recibieron la notificación de la medida cautelar provisionalísima, dictada por un juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que suspende temporalmente la aplicación del código QR para verificar esquemas de vacunación completos contra la COVID-19 en el país.
A su vez, el Ejecutivo confirmó que presentará la oposicion a la orden, que ahora le corresponde por procedimiento, a fin de poder aplicar dicha exigencia a partir del próximo mes de enero, como se tenía previsto.
Según señaló el gobierno en un comunicado enviado esta tarde:
En la tarde de este lunes se recibió en la Procuraduría General de la República (PGR) la notificación de la medida cautelar ante causa provisionalísima, dictada por un juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ante la acción presentada por cuatro sociedades anónimas contra la resolución del Ministerio de Salud número MS-DM-8119-2021 emitida el 14 de octubre de 2021. Asimismo, esta tarde la PGR puso ese hecho en conocimiento de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, solicitando que, a fin de defender los intereses del Estado, se emita un informe y se le aporte la documentación e información relacionada con la puesta en práctica del código QR como demostración de la aplicación del esquema de vacunación contra el COVID-19. Dicha defensa se debe ejercer dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la notificación, el cual vencería el próximo jueves 18 de noviembre, por lo que las entidades señaladas ya están preparando los elementos requeridos por la Procuraduría".
La medida la tomó el Contencioso el viernes pasado, como parte de un proceso que cuatro sociedades turísticas presentaron contra el Estado costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Seguros (INS) a fin de traerse abajo la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 en el país para entrar a comercios no esenciales.
En la resolución el juez encargado, Alex Rojas Ortega, aclaró que en el proceso no está en cuestionamiento la validez o no de la vacunación obligatoria, sino "el análisis de pertinencia de la medida cautelar que nos ocupa, se efectúa en relación con la disposición adoptada por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, en torno a exigir la demostración de un esquema de vacunación, a partir de la obligatoriedad de un código QR".
Sin embargo, este lunes el Ejecutivo defendió la obligatoriedad del código al señalar que:
El Gobierno reitera la importancia de la comprobación del estado de vacunación contra COVID-19 como medida que faculta mayor apertura a actividades comerciales, empresariales, culturales, deportivas y de otra índole, de la mano con la protección de la salud pública, lo cual es fundamental en el contexto de una pandemia que ha causado alrededor de 7.200 muertes en el país".
Finalmente, Presidencia indicó que la resolución solo habla del código QR para ingresar a comercios y no afecta el trámite de solicitudes de dicho certificado por parte de las personas "en ejercicio de su derecho constitucional de petición". Por tal razón el mecanismo para pedir estos certificados mediante la página web usuarios.ministeriodesalud.go.cr o en este link para casos especiales, seguirá en pie.