Cientos de personas han protestado junto a la Asamblea Legislativa de El Salvador contra las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno del presidente, Nayib Bukele, y exigir que se respeten sus derechos tras los nombramientos realizados recientemente por la Sala de lo Constitucional.

Así, miembros de varios sectores de la sociedad civil han marchado desde la Plaza Divino Salvador del Mundo hacia el Parlamento en señal de desaprobación frente a unas leyes que, tal y como han denunciado, atentan contra el país, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'.

Los asistentes se han opuesto así a las reformas que implica la Ley de la Carrera Judicial, así como la imposición del bitcoin, los despidos masivos y recortes presupuestarios en el sector sanitario, además de lo que consideran como una mala gestión de la pandemia de coronavirus.

El juez Jorge Guzmán, que fue recusado del caso El Mozote, ha expresado que "se trata de una injuria a través de redes sociales y programas de televisión, donde se les atribuyen hechos de corrupción". La reforma judicial obliga a los jueces y magistrados mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio a retirarse.

Para muchos de ellos esto supone una traición de la Corte Suprema de Justicia hacia sus propios jueces. "Aquí se han aprovechado de la necesidad de los compañeros a un retiro digno y los han obligado a renunciar. Ceder a la fuerza no es un acto de voluntad, es un acto de necesidad, y ellos lo han hecho por necesidad", ha aseverado Guzmán.

El secretario general del Sindicato de la Corte Suprema de Justicia, Stanley Quinteros, ha denunciado la existencia de retenes militares y policiales para detener los autobuses con personas de distintas zonas que pretenden sumarse a la marcha.

Sin embargo, Quinteros ha asegurado que no se detendrán a pesar del despliegue de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que ha detenido en gran medida el avance hacia el Parlamento.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud) también ha mostrado su oposición a las medidas del Ejecutivo. Ana Gladys Leiva, representante del gremio, ha asegurado que buscan denunciar la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos y las condiciones "inhumanas" a las que son sometidos los trabajadores sanitarios.