El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes por la mañana, en primer debate, el proyecto de ley de rebaja del marchamo 2022.
A pesar de la negativa de la bancada de gobierno, la oposición logró imponerse y aprobó la iniciativa con 35 votos a favor y 7 en contra, con una redacción distinta a la originalmente contemplada en la iniciativa, que pasa ahora de proponer las mismas escala s y porcentajes de rebaja aplicados en la Ley de Alivio del Pago de Marchamo 2021, a una escala similar a la de la Ley 7088 que regula el tributo, pero con reducciones de hasta 79% en el porcentaje del impuesto a pagar.
De este modo, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores será el siguiente, según el valor fiscal:
- Hasta ¢240.000: pagará ¢13.800 (reducción de la mitad respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢240.000 y hasta ¢940.000: se pagará un 0.80% de impuesto (reducido del 1.20% que se cobraría sin la modificación)
- Sobre el exceso de ¢940.000 y hasta ¢1.860.000: se pagará un 1.20% de impuesto (reducido del 1.50% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢1.860.000 y hasta ¢2.810.000: se pagará un 1.80% de impuesto (reducido del 2.0% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢2.810.000 y hasta ¢3.510.000: se pagará un 2.40% de impuesto (reducido del 2.5% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢3.510.000 y hasta ¢4.210.000: se pagará un 2.90% de impuesto (reducido del 3.0% respecto al establecido por ley)
- Sobre el exceso de ¢4.210.000 y hasta ¢15.000.000: se pagará un 3.30% de impuesto (reducido del 3.5% respecto al establecido por ley)
Para los vehículos de carga liviana, al resultado de aplicar dicha escala se le sumará una rebaja adicional del 20%. Asimismo, se dispuso que las rebajas no sean aplicables para los vehículos particulares o de carga liviana con valor superior a los 15 millones de colones.
El otro descuento aprobado es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las motocicletas con un valor fiscal inferior a 1 millón de colones.
Los beneficios no aplicarán en ningún caso a vehículos de cualquier tipo ni motocicletas que sean propiedad personal o de sus cónyuges o convivientes, así como aquellos registrados a nombre de personas jurídicas en las que tengan participación los miembros de los Supremos Poderes, el presidente de la República y sus vicepresidencias; los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor general de la República; el procurador y subprocurador general; la defensora y defensora adjunta de los Habitantes; el superintendente de la Sugeval, Sugef, Sugese, Supén; los jerarcas y miembros de juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas, alcaldes, vicealcaldes ni intendentes.
Con la escala aprobada, un vehículo particular con valor fiscal de 1.86 millones de colones tendrá una rebaja de 19.360 colones en el impuesto a pagar, respecto a los 49.800 colones que tendría que erogar sin esta iniciativa (38.88% de descuento). Un vehículo con valor fiscal exacto de 15 millones tendría un descuento del 9.12% al tener que pagar 440.710 colones, en lugar de 484.950 colones.
El proyecto de ley también contempla la condonación de los marchamos atrasados desde el 2021.
La medida viene a complementar una resolución emitida por el Ministerio de hacienda en el año 2014, que declaró la prescripción de las deudas por marchamo del año 2014 hacia atrás.
Para poder beneficiarse de la condonación, los propietarios deberán pagar el marchamo correspondiente al del 2022 a más tardar el 1 de enero de ese año, pues si se hace después de dicha fecha los marchamos pendientes retomarán vigencia.
Lea: ¿Cómo funciona realmente el marchamo?
Cannabis medicinal y cáñamo industrial, aprobado en primer debate
El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley sobre cannabis terapéutico y medicinal y cáñamo industrial y alimentario en votación de 33 contra 13, fijándose el próximo jueves para su votación en segundo debate, la cual se augura será positiva.
La votación tuvo lugar, por cosas de la vida, a las 4:20 de la tarde luego que se agotara el uso de la palabra, aunque con la promesa de varios legisladores que defienden la iniciativa de desmentir los mitos y desinformación que los detractores externaron durante el primer debate.
La iniciativa, tramitada en el seno de la Comisión de Ambiente, regulará y permitirá el acceso y la utilización del cannabis y sus derivados exclusivamente para uso medicinal y terapéutico; autoriza la producción, industrialización y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario y cannabis psicoactivo con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos y sus productos derivados; y aspira a promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales del país, mediante el incentivo de la producción, la industrialización y la comercialización del cáñamo y el cannabis y sus productivos derivados; así como el fomento de encadenamientos productivos que beneficien prioritariamente a los pequeños productores agropecuarios.
El Estado costarricense, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud, asumirá el control y la regulación de las actividades de producción, la industrialización y la comercialización del cáñamo para fines industriales y alimentarios y del cannabis psicoactivo con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos y sus productivos derivados.
El Poder Ejecutivo tendrá la potestad de regular y limitar el número de licencias que podrán otorgarse para realizar las actividades autorizadas en esta ley, así como establecer limitaciones temporales a la producción, las áreas totales de siembra y los sectores del territorio nacional donde se permiten estas actividades, cuando lo exijan razones de interés público debidamente motivadas. Asimismo, tendrá la potestad de establecer vedas o restricciones parciales o totales de estas actividades, cuando mediante resolución motivada lo estime necesario para resguardar la seguridad y proteger la vida y la salud de las personas y el medio ambiente.
La iniciativa declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, por lo que estas actividades no requerirán de autorización previa especial o adicional, sin perjuicio de las licencias y permisos requeridos por toda actividad productiva agropecuaria o agroindustrial.
Sin embargo, las personas tanto físicas como jurídicas que se dediquen a las actividades definidas en el párrafo anterior, deberán inscribirse en el registro especial que se crea con esta iniciativa, además de que tendrán la obligación de brindar a las autoridades la información requerida sobre su actividad.
Las fincas de cultivo de cáñamo y los establecimientos de almacenamiento, industrialización y comercialización de este producto y sus derivados estarán sujetos a inspección y fiscalización periódicas por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Seguridad y el Instituto Costarricense sobre Drogas, pudiendo las autoridades tomar muestras de las plantas de cáñamo y sus productos derivados, a fin de descartar la comisión de actividades ilícitas.
En lo relativo al cannabis, se autoriza su uso y aprovechamiento en suelo nacional con cuatro fines: la producción, incluyendo la siembra, el cultivo, la cosecha, el almacenamiento, el transporte y distribución, así como la producción y la importación de semilla de variedades de cannabis para su venta como materia prima a la CCSS, laboratorios o establecimientos autorizados para industrialización, fabricación o comercialización de productos de uso médico o terapéutico o su exportación a terceros países; la industrialización directa para elaborar y comercializar productos de uso médico o terapéutico; la elaboración o industrialización, el almacenamiento, el transporte, distribución y la comercialización de medicamentos, cosméticos, aceites esenciales y otros productos de uso médico o de uso terapéutico debidamente autorizados a partir de plantas de cannabis sus subproductos y derivados; y para suplir los contratos de compra de productos a organizaciones, asociaciones, cooperativas o cualquier otro que emita la Caja del Seguro Social.
En lo relativo al cannabis, habrá tres tipos de licencia:
- Cultivo, producción y demás actividades conexas a la producción de cannabis psicoactivo con fines médicos o terapéutico, requerirá de una licencia otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Industrialización o elaboración de medicamentos, cosméticos, aceites esenciales y otros productos de valor agregado para uso médico o terapéutico a partir del cannabis psicoactivo, requerirá de una licencia otorgada por el Ministerio de Salud
- Actividades de investigación científica o docencia universitaria, sin fines de lucro, requerirá de un permiso otorgado por el Ministerio de Salud.
La legislación define los requisitos que se deberán cumplir para obtener cada uno de los tipos de licencia, y aunque inicialmente se estableció un precio por ellas, se definió que sea el Ejecutivo quien lo fije, siempre y cuando sea servicio al costo.
Las licencias para cultivo e industrialización de cannabis con fines médicos o terapéuticos se otorgarán por un plazo de seis años y podrán ser renovadas por periodos iguales. El plazo de los permisos de investigación y el procedimiento para su renovación será regulado en el reglamento de esta ley, según el tipo de investigación de que se trate.
Solo se permitirá una licencia para cultivo y una licencia para industrialización por persona física o jurídica, incluyendo a las personas físicas o jurídicas que integren un mismo grupo de sociedades o grupo de interés económico. Además, se estableció que las licencias para cultivo son incompatibles con el régimen de zonas francas, pero si las actividades autorizadas para el cannabis de uso médico o terapéutico se realizan bajo el Régimen de Zonas Francas, igualmente deberán pagar el impuesto especial a la realización de actividades autorizadas para el cannabis medicinal, que se crea en esta ley.
Por otro lado, la Caja queda autorizada, en conjunto con las universidades públicas y privadas, a realizar investigaciones y a producir en sus laboratorios medicamentos y productos de uso terapéutico de uso autorizado por el Ministerio de Salud, utilizando cannabis psicoactivo, sus extractos y derivados; así como a recibir, comprar procesar y distribuir cannabis para uso medicinal y terapéutico, sus productos, subproductos y derivados.
La Caja también quedará autorizada para que, con base en estudios técnicos, incluya medicamentos y productos de uso terapéutico con cannabinoides en sus listas oficiales de medicamentos y a entregarlos a las personas aseguradas, según la prescripción de la persona profesionales en medicina encargada de su tratamiento.
Además, se declaran de interés público las investigaciones que realicen la Caja y las universidades públicas para desarrollar nuevos medicamentos, productos y tratamientos terapéuticos que permitan aprovechar los beneficios del cannabis, en aras de mejorar la salud integral y la calidad de vida de toda la población.
Esta ley no permitirá el autocultivo para uso recreativo, mas sí para los pacientes que requieran cannabis psicoactivo de uso médico o terapéutico, siempre y cuando esa necesidad sea acreditada por una persona profesional en medicina encargada de su tratamiento. Para estos efectos, la Caja o el centro de salud de que se trate emitirán un carné que permita a las autoridades públicas identificar al paciente.
Asimismo, se fijó que el autocultivo para pacientes estará permitido solo por una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo fijadas por el Ministerio de Salud; y que ese cultivo doméstico también pueda ser realizado por un familiar mayor de edad encargado del cuido del paciente, cuando este se encuentre en estado terminal o tenga una discapacidad que le impida realizar dicha actividad por su cuenta.
La tarifa de impuesto sobre las utilidades que se aplicará a las actividades autorizadas de cannabis de uso médico o terapéutico, tendrá una sobretasa de un uno por ciento sobre la renta neta, de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
De lo que se recaude de ese impuesto se destinará:
- Un 10 % para el Ministerio de Salud, que será destinado al efectivo cumplimiento de las competencias que le asigna esta ley.
- Un 10% para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para ser destinado al efectivo cumplimiento de las competencias que le asigna esta ley.
- Un 10% para el Instituto Costarricense sobre Drogas para ser destinado al cumplimiento de las competencias que le asigna la Ley N° 8204
- Un 20% para el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, para ser destinado a la compra de medicamentos que requieran las personas aseguradas.
- Un 20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
- Un 30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo, con el fin de dar financiamiento exclusivamente al sector, por medio de los diferentes instrumentos dispuesto en la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo; este destino se dará durante un plazo de 10 años y cumplido este plazo se podrá financiar nuevas actividades productivas.
El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses contado a partir de la vigencia de la presente ley, para emitir su reglamentación, previa consulta con las organizaciones productivas y de la sociedad civil interesadas.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra, se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 21.745 "Ley de autorización para la publicidad y patrocinio de bebidas con contenido alcohólico en el deporte y creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto Rendimiento".
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó cancelar la sesión ordinaria del Plenario del miércoles 20 de octubre y en su lugar sesionar extraordinariamente para tramitar las ratificaciones de miembros a la Junta Directiva de Aresep y otros proyectos de ley.
— Con 36 votos a favor y 2 en contra se aprobó dispensar de trámites el expediente 22.702 "Reforma al Artículo 53 y adición de un Artículo 53 bis a la Ley No. 9694, del 4 de Junio 2019, Ley del Sistema de Estadística Nacional". Este proyecto ajusta la redacción del artículo 53 y adiciona un artículo 53 bis para que la aplicación de la regla fiscal no impida la presupuestación de los recursos necesarios para la ejecución del Censo y otros ejercicios estadísticos que tengan una periodicidad superior a los 2 años y se financien con los recursos de superávit que reserve el INEC.
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.315 "Ley para fortalecer el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad".
— Con 34 votos a favor y 5 en contra se aprobó en primer debate el expediente 20.924 "Reducción de la Deuda Pública por Medio de la Venta de Activos Ociosos o Subutilizados del Sector Público".
— La Comisión de Hacendarios ya realizó las primeras modificaciones al Presupuesto Nacional 2022: se recortaron 29.233 millones al Conavi para transferirlos, en su lugar, a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal; se revirtió el recorte de 16 mil millones al Banco Hipotecario de la Vivienda, pagando los platos el Ministerio de Economía y otras instituciones que vieron recortadas sus partidas; se recortaron 50 millones al Ministerio de Agricultura y Ganadería para el servicio de extensión agropecuaria y rural y se aumentó el presupuesto del MOPT en 8 mil millones para destinarlo a la ruta San Ramón-Barranca, el puente sobre el Río Pacuare y el puente sobre el Río Tortuguero.
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó afirmativamente el expediente 22.364 “Reforma a la Ley General de Aduanas”. La actualización de esta ley otorgará al Ministerio de Hacienda, por medio del Servicio Nacional de Aduanas, instrumentos para la facilitación del comercio, a la vez que fortalecerá la lucha contra el contrabando, la defraudación fiscal y reforzará los mecanismos de gestión de riesgo aduanero para incrementar la recaudación. Este proyecto se constituye en el segundo que conforma la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) con avance en la corriente legislativa, solo seguido por la Ley de Empleo Público. También fue dictaminado el expediente 21.633 "Ley para exonerar en el pago de impuestos a las organizaciones de bienestar social que desarrollan programas y servicios a favor de personas adultas mayores", el expediente 22.373 "Forma de pago del Impuesto al Valor Agregado a las cervezas importadas", y el expediente 22.635 "Reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley N.° 8634 de 23 de abril de 2008 para Incluir Representantes del Sector Turismo en la Integración del Consejo Rector".
— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 22.616 "Ley para reformar los artículos 20, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley 7789, Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia", el expediente 21.725 "Derogatoria de la Ley N° 3515 de 23 de Junio de 1965, Autorización a la Municipalidad de Poás para emprestar ¢400.000,00 para la electrificación del cantón" y el expediente 21.167 "Ley de participación ciudadana y representación comunal". El expediente 21.565 "Creación del Colegio de Profesionales en Psicopedagogía" fue rechazado y enviado al archivo.







