Por Sharon Barboza Valdés – Estudiante de la carrera de Derecho
Actualmente, las herramientas tecnológicas forman parte de nuestra cotidianidad no solo como medio de comunicación o entrenamiento, sino que ahora se han convertido en el medio de trabajo, donde los datos e información clasificada se expone a diversos riesgos. Por eso, nuestro ordenamiento jurídico ha implementado distintos mecanismos de tutela, con el fin de salvaguardar la identidad de los habitantes, sin que se dé un abuso de poder o mal manejo de esta información sensible.
Debemos iniciar por recordar que en el país existen diversos principios y leyes que respaldan el buen tratamiento de nuestros datos sensibles, buscando seguridad al momento de proporcionar cualquier tipo de información que comprometa nuestra integridad. Por tanto, la creación de algunos entes y leyes han sido de gran garantía para los ciudadanos, al velar por que cada institución que necesite el uso de información personal haga un adecuado manejo, proporcionando seguridad a la persona de acuerdo con el consentimiento que se haya pactado.
Algunos de los principales mecanismos son la existencia de una entidad independiente llamada Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), que garantiza los derechos de personalidad y protección de datos como indicó Ana Karen Cortés, ex directora de la institución en la entrevista realizada por La República (Garza, 2018). También podemos hacer referencia de la Ley No. 8986 (2011), Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que tiene como objetivo garantizar a cualquier persona el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente con la autodeterminación informativa.
Estos dos mecanismos de tutela se encargan de velar por la integridad y tratamiento de los datos, parte indispensable en la realidad que enfrenta el país, donde la pandemia trajo consigo la adaptación de la mayoría de los puestos de trabajo a una versión virtual. De esta forma, el uso de los datos puede estar en riesgo si no se da una correcta capacitación y tutela a los empleados públicos, lo cual puede vulnerar los derechos de los ciudadanos.
A pesar de que existen distintos mecanismos para proteger los datos sensibles y personales de los costarricenses, se han presentado casos donde se evidencia que la misma Administración Pública debilita estos procesos, como lo fue el caso de la UPAD. En este caso se observa que la falta de tutela puso en riesgo los datos personales no solo por las entidades competentes en proteger estos, sino por el mismo Estado, que dispone de nuestros datos sensibles para uso y desuso, lo que compromete al máximo la privacidad de nuestra información. Esto puede ser sinónimo de grandes problemas como estafas, difamación y otros donde nuestra imagen se vea afectada.
Se debe mencionar que las instituciones públicas deben establecer una buena preparación y análisis de los datos personales que se pueden interpretar como sensibles. Además, debemos recordar la importancia del buen uso y la adecuada autorización de estos, de manera tal que cualquier asunto en el que se utilicen cumpla con el principio de autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad, para que así no se vean afectados en ninguna circunstancia y se garantice un manejo ético por parte de cualquier entidad a la cual se remita nuestra información.
Por estas razones, debemos conocer con amplitud todos los procesos y garantías que el Estado ofrece para la tutela de los datos sensibles, así como el tratamiento de estos, evitando el abuso o mal uso de estos que ponga en riesgo la integridad e imagen del costarricense, sobre todo en estos tiempos donde la virtualidad es parte de la realidad en la mayoría de puestos públicos. Por tanto, se debe estar pendiente de la manipulación de los datos personales para así evitar que estos se utilicen con otros fines que no sean los autorizados.
