El fiscal general subrogante, Warner Molina Ruiz, quien previamente lideró la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, afirmó ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora del Narco en la Zona Sur del país, que las debilidades que tiene el sistema legal imposibilitan detectar donaciones de dinero provenientes de actividades irregulares a los partidos políticos.
Molina compareció este martes en la comisión especial junto a la exfiscala general, Emilia Navas Aparicio, y la exfiscala de Narcotráfico y Delitos Conexos, Ileana Mora Muñoz, para referirse a los temas objeto de estudio en el foro parlamentario.
En su exposición a los diputados, Molina afirmó que las investigaciones que realiza el Poder Judicial sobre legitimación de capitales se basan en informes de inteligencia financiera, y que su contenido y naturaleza son -palabras más, palabras menos- inútiles para generar causas penales.
Según el fiscal, el Sistema de Inteligencia Financiera se basa en informes emitidos por los bancos por lo que a las entidades bancarias "no les sirve" reportar posibles anomalías si el cliente cuenta con grandes cantidades de dinero depositadas, y citó recientes sanciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a dos bancos, precisamente por incumplir las normas anti-lavado.
"La realidad nos dice que los grandes lavadores de dinero ilícito en este país o no son detectados, o son detectados pero no reportados, por más sospechosas que resulten sus operaciones financieras. Una prueba de ello son las recientes sanciones que Sugef ha aplicado a dos bancos por haber incumplido la normativa anti lavado, pero si la Sugef es acuciosa y coordinara acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera, serían muchos más las entidades financieras sancionadas", declaró.
Molina auguró que Costa Rica reprobará la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre las acciones contra el lavado de dinero y la legitimación de capitales, al señalar que los casos que llegan al Ministerio Público no tienen "mucho futuro" y en realidad, representan un desgaste desde el punto de vista de investigación, pues solo tienen nueve auditores forenses que además de ver esos casos, deben dar apoyo a las fiscalías de todo el país.
En esta materia existen más sinsabores que alegrías: si el sistema antilavado es incapaz de exponer a los grandes lavadores, menos a aquellos que además de legitimar dan apoyo a las campañas electorales, por eso hay pocos casos en investigación por estos motivos. Si no podemos descubrir ni detectar a los grandes lavadores, menos a los que financian campañas.
Por su parte Ileana Mora Muñoz, exfiscal contra Narcotráfico y Delitos Conexos afirmó que desde hace muchos años hay alertas de posible intromisión del narco en los funcionarios públicos y del Poder Judicial, pero que uno de los obstáculos que enfrentan es el manejo de los bienes y dineros decomisados debido a que los casos sobrepasan las funciones para asegurar mantener el valor de los mismos, ante la falta de recursos para custodiarlos.
Mora recomendó el congelamiento preventivo de los bienes y los dineros hasta que la persona investigada demuestre la procedencia de esos recursos, lo cual asegura daría seguridad a los bancos. Propuso, además, que cada reforma que se apruebe esté acompañada de un respaldo económico para asegurar una efectiva aplicación.
Breves
— Con 33 votos a favor y 6 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 21.534 "Ley para el fomento de la lectura, el libro y las bibliotecas", que se aplicará al fomento de la lectura, la escritura y las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi) y públicas escolares (físicas o digitales); así como a la producción y circulación del libro en cualquier soporte, y a las entidades, los procesos y los recursos relativos a ellos. Esta iniciativa, además, dispone que para el financiamiento del Fondo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas se establece la autorización, previo acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), de presupuestar y transferirle de sus utilidades anuales, hasta 250 millones de colones anuales durante un período de cinco años consecutivos.
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 22.042 "Autorización al Estado para que done un inmueble de su propiedad a la Municipalidad del cantón de Turrialba". El terreno donado lo destinará la Municipalidad para la gestión de los intereses y servicios locales, a través de facilidades comunales, en especial para el desarrollo de planes, proyectos y programas educativos, deportivos, recreativos cantonales, para la construcción, administración y mantenimiento de instalaciones deportivas recreativas, de educación y cultura; parque, zonas verdes y sus respectivos servicios.
— Con 40 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en segundo debate el expediente 21.978 "Autorización al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que done y traspase un terreno propiedad del Estado al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para construir las nuevas instalaciones de la Estación de Bomberos de Ciudad Quesada, San Carlos de Alajuela y desafectacion del inmueble".
— Con 38 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 21.829 "Desafectación de un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de Carrillo y autorización para que lo done a la Asociación del Acueducto de Paso Tempisque de Carrillo".
— Con 43 votos a favor y 0 en contra, se aprobó en primer debate el expediente 22.160 "Ley para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible mediante el uso de valores de oferta pública temáticos". Los valores temáticos son instrumentos que permiten captar dinero de los inversionistas para destinarlos exclusivamente a financiar a aquellas propuestas que generen tanto retornos financieros como beneficios ambientales o sociales. A nivel mundial, estos "bonos verdes, sociales y sostenibles" emitidos en 2020 alcanzaron los 700.000 millones de dólares. Con esta normativa, los valores podrán ser colocados por entidades gubernamentales, bancos comerciales o empresas privadas con incentivos monetarios y dichos emisores tendrán la posibilidad de recibir créditos fiscales sobre las utilidades de los proyectos financiados.
— La Comisión de Gobierno y Administración rechazó y archivó el expediente 22.223 "Moratoria en el pago del canon de transportes especiales y renovación de flotilla" y dictaminó afirmativamente el expediente 22.222 "Ley de Transformación y Titulación de Asentamientos Humanos Informales e Irregulares".
— La Comisión de Asuntos Hacendarios rechazó y archivó el expediente 21.128 "Implementación del Presupuesto Base Cero para una programación estratégica con base en resultados", expediente 21.184 "Ley de Fortalecimiento de la Norma de Subcapitalización, reforma del artículo 9 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas" y el expediente 21.808 "Ley para la Trazabilidad de Compras Internacionales".
— La Comisión de Asuntos Agropecuarios recomendó al Plenario, por mayoría, rechazar el veto presidencial impuesto contra la ley que pretende reactivar la pesca de arrastre en el país. Los diputados conservadores Mélvin Núñez, Carmen Chan, Marulin Azofeifa e Ignacio Alpízar se impusieron a los oficialistas Welmer Ramos y Mario Castillo, quienes votaron en contra de pasar por encima del veto presidencial. Las diputadas Paola Valladares y Aida Montiel del PLN; y Erwen Masís del PUSC pidieron permiso para faltar a la sesión.
