Por Luis Antonio Garro Ortega – Estudiante de la carrera de Odontología
En la mayoría de países y culturas alrededor del planeta, la población adulta mayor es símbolo de respeto y grandeza. Son consideradas personas con gran sabiduría y con un gran corazón, y así deberían ser vistos y tratados en todo momento por el resto de la población y la sociedad en general. Actualmente, en Costa Rica, este grupo poblacional ha ido en aumento, gracias a los avances tecnológicos y científicos, y a la medicina; también, porque la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En el país, el estado cuenta con instituciones que velan por ellos, se les brindan las garantías sociales y el cumplimiento de los derechos humanos. Del mismo modo, la mayoría tiene seguridad económica y redes de apoyo social, uso y acceso a los servicios de salud, oportunidades de participación, así como leyes que los protegen ante maltratos y discriminaciones. Sin embargo, estos avances y medidas no son suficientes en un país donde la sociedad envejece a paso acelerado y la esperanza de vida es sumamente alta. Por tanto, el país tiene como reto proteger, ayudar y acompañar a la población adulta mayor, debe pensar a futuro y crear estrategias y mejores oportunidades para este sector de la población, así como para quienes vayan entrando en la edad de oro día con día.
Costa Rica, en el año 1999, aprobó la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935, que debe velar por los derechos de las personas adultas mayores y promover una respuesta oportuna a sus necesidades y demandas. (ICAP, 2018). Asimismo, se creó el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) con el objetivo de estimular el desarrollo de las personas adultas mayores, garantizando una vida plena y digna. (ICAP, 2018). Igualmente, el país cuenta con diez leyes, diez decretos y seis declaraciones internacionales que protegen a las personas adultas mayores (Jiménez, 2017), aspectos que son fundamentales, puesto que “el tamaño de esta población se triplicará en los próximos 40 años, pasando de 316 mil personas en el 2012 a más de 1 millón en el 2050. Con este aumento la población adulta mayor sobrepasará a la de niñas y niños (0-14 años) después del 2040. (INEC, 2015). Al respecto, en la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez (2011-2021), se propone disminuir la pobreza de la población adulta mayor, mejorar el bienestar social e individual, reducir la vulnerabilidad por falta de empleo o de ingresos y generar mayor equidad (Presidencia de la República de Costa Rica y CONAPAM, 2011, p. 4). Igualmente, se busca generar estrategias para mantener y mejorar los medios de vida, el acceso al sistema de pensiones no contributivas, a transporte seguro, a condiciones de educación y de vivienda adecuados y entornos saludables y seguros para las personas adultas mayores (Presidencia de la República de Costa Rica y CONAPAM, 2011, pp. 4-5).
No obstante, si las medidas, leyes y decretos de ahora no cubren o protegen a la población adulta mayor actual, ¿qué pasará cuando esta población se triplique para el 2050? Aunque los gobiernos y el Estado en general pretendan brindar protección integral a este grupo y eliminar todo forma de discriminación —principalmente, etaria—, los casos de abandono, maltrato e incumplimiento de las normativas son frecuentes y aumentan constantemente. El maltrato, el irrespeto y el menosprecio son algunas de las manifestaciones típicas de violencia que experimentan las personas adultas mayores, en escenarios que van desde la atención en instituciones públicas o privadas hasta en el uso del transporte público, e inclusive en el mismo hogar (Jiménez, 2017). El CONAPAM reporta que “atiende anualmente cerca de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 20%” (Jiménez, 2017). Estas cifras son preocupantes, ya que sufren agresiones y discriminación en casi todos los espacios: los servicios de salud, el hogar, el transporte público, entre otros. Entre las agresiones que sufren los ciudadanos de oro se encuentra la agresión física, sexual, psicológica, patrimonial y de abandono, hasta violencia institucional y estructural (Jiménez, 2017). En relación con lo anterior, en junio de este año, el presidente Alvarado firmó la Ley 9.857 que penaliza el Abandono de las Personas Adultas Mayores y se establecen penas de cárcel ante el abandono y la negligencia en detrimento de las personas adultas mayores. Estas penas van entre un mes y diez años de prisión, según sea el estado de afectación social, económica y sanitaria que sufra la persona abandonada (Presidencia, 2020).
Como se puede observar, no basta con tener leyes, decretos o instituciones especializadas en esta población en específico, puesto que, a pesar de los esfuerzos, los casos de abandono, negligencia y violencia continúan presentándose. Tanto así que, a diciembre del 2019, la CCSS reportó que “había 352 adultos mayores abandonados en hospitales” y el IMAS reportaba “297 personas (adultas mayores) en condición de indigencia” (Alvarado, 2020). Asimismo, 2.400 personas viven en hogares de ancianos (Alvarado, 2020), quienes en este momento son uno de los grupos más vulnerables y quienes más cuidados deben recibir, pues son más propensos a contagiarse y complicarse su salud como consecuencia de la presencia del virus del covid-19. Por lo tanto, el Estado y las instituciones deben prepararse, pensar a futuro y desarrollar estrategias que le permitan a los adultos mayores gozar de una calidad de vida digna, con seguridad económica, social, de salud, participación política, entre otros. No hay que olvidar que el futuro de todos los que son jóvenes ahora será llegar a la edad de oro y qué mejor que hacerlo en un país y una sociedad que protege, cuida y dignifica al adulto mayor. El reto para el país es grande en este momento tanto por la pandemia y la vulnerabilidad de este grupo como por las proyecciones a futuro de la cantidad de personas que entrarán a este grupo poblacional en 2050, aproximadamente.