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Imagen principal del artículo: Presidente de la Corte recomienda dejar de lado extinción de dominio y reforzar pérdida de capitales emergentes
Foto: Maynor Solís/Asamblea Legislativa

Presidente de la Corte recomienda dejar de lado extinción de dominio y reforzar pérdida de capitales emergentes

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, asistió este martes a la Comisión Especial Investigadora de la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en partidos políticos y municipalidades de la Zona Sur del país.

En su audiencia ante el foro legislativo, Cruz instó a los diputados a dejar de lado la propuesta de Ley de Extinción de Dominio, y en su lugar reforzar el ya vigente y declarado constitucional, proceso de pérdida de capitales emergentes.

Esa figura, contenida en la Ley contra la Delincuencia Organizada, permite que en un proceso judicial que tiene lugar en el Juzgado Contencioso Administrativo, se decrete la pérdida de bienes o valores en poder de una persona, quien no logra justificar o demostrar su procedencia lícita.

El magistrado presidente de la Corte afirmó que la Ley de Extinción de Dominio afectaría, con su redacción actual, la figura de pérdida de capitales emergentes, por lo que "el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad", e instó a los congresistas a solo reforzar esa figura ya existente.

Cruz citó como otro argumento a favor de esa posición el que se evitan discusiones de índole ideológico, que sí se tienen alrededor de la Ley de Extinción de Dominio, donde se cuestiona la confiscación de la propiedad privada y la inversión de la carga de la prueba. La diferencia entre ambas figuras, para efectos del país, es que la extinción de dominio conllevaría un proceso penal, mientras que la figura de capitales emergentes es un proceso contencioso-administrativo.

El presidente de la Corte también instó a los diputados a reforzar los tribunales de inspección y crear una unidad de investigación articulada para realizar un análisis más puntual del flagelo del crimen organizado, que podría ser el propio Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).

Cruz también recomendó reformar la ley en lo relativo a la autorización para realizar escuchas telefónicas, al explicar que algunos jueces han creado una especie de "jurisprudencia" en la cual no otorgan el permiso, a menos que exista una declaratoria de crimen organizado; lo que dificulta investigar delitos cometidos por una sola persona, aunque sean muy graves.

Asimismo, planteó que en Costa Rica se mejore la figura del "testigo de la Corona", ya que actualmente su aplicación solo implica la suspensión de la causa penal para quien adquiere esa condición, y no permite que accedan a ella, por ejemplo, personas que ya están condenadas pero que desean colaborar a cambio de un rebajo en su sentencia.

Cruz afirmó que los portillos usados por las empresas para cometer evasión y elusión fiscal, son los mismos usadas por el narcotráfico y el crimen organizado para ocultar los beneficios que generan por las actividades ilegales, por lo que también instó a abordar ese tema y hasta planteó que todos los ciudadanos tengan que presentar declaraciones patrimoniales, como lo deben hacer en la actualidad quienes ostentan cargos públicos que los hacen susceptibles o atractivos para actividades de desvío de manejo de recursos de la Hacienda Pública, o enriquecimiento ilícito.

Además, el magistrado planteó que se cree un sistema de rotación de jueces contra el crimen organizado, para que se disminuya el riesgo de que estos sean coaccionados por criminales locales.

Si bien el Congreso en 2017 aprobó una iniciativa para crear una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, esta no se ha podido poner en marcha por los problemas fiscales que atraviesa el país.

El tema para la sofisticación en materia penal obviamente tiene un costo, porque esta Ley contra la Delincuencia Organizada tiene que ver con una cantidad de personas funcionarias que dan protección a jueces, fiscales o personal que puedan ser amenazados y el crear otra serie de acciones que implican una ampliación de la planilla y en las circunstancias presupuestarias actuales es difícil.

Pese a ello, Cruz destacó que en el proyecto de presupuesto judicial para el 2022, se formularon alrededor de ₡511 millones que se destinarían para atender algunos requerimientos en materia de crimen organizado, en aspectos puntuales como remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad.

Entre las tareas judiciales pendientes y que deben considerar las limitaciones presupuestarias, mencionó el fortalecimiento del Tribunal de la Inspección Judicial, orientado hacia una política administrativa con mayor presencia e incidencia y emprender un estudio sobre las debilidades de las investigaciones administrativas y su corrección.

Además, Cruz consideró que es necesario emprender el Análisis de Redes de Impunidad, para la revisión de los mecanismos de sanción, evasión y elusión fiscal, mismos mecanismos utilizados también por el crimen organizado y el narcotráfico, lo que demanda también un fortalecimiento de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales. “El ciudadano costarricense tiene la obligación de tributar, como lo hace el funcionario público”, recordó.

Breves

— En la sesión de este martes la Comisión de Derechos Humanos aprobó una moción para para recibir en audiencia a Catalina Crespo Sancho, defensora de los Habitantes, para que brinde explicaciones sobre la decisión de abandonar el proyecto de lucha contra el VIH en Costa Rica.

— Los diputados aprobaron que la sesión de Plenario de mañana no sea ordinaria, sino extraordinaria para discutir y votar los informes de la Comisión Investigadora de los Panama Papers, entregados por el Congreso del periodo constitucional anterior, pero que estaban engavetados, hasta ahora.

— Este martes continuó la discusión por el fondo de la Ley Marco de Empleo Público y más diputados anunciaron su voto en contra: Pablo Heriberto Abarca, Pedro Muñoz, Ivonne Acuña, Melvin Núñez y Patricia Villegas. Aunque se pretendía extender la sesión más allá de las 6 pm para votarlo, no fue posible por la negativa de los diputados que estaban haciendo quórum.

— Luego que la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, no pudiera explicar la posición de la institución que lidera sobre la "Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal" porque los diputados se tenían un desorden con la sesión virtual, este martes Acosta debió realizar su participación en una sesión de trabajo porque no hubo quórum para que la Comisión de Asuntos Jurídicos sesionara correctamente.

— Por unanimidad se aprobó que el expediente 22.167 "Declaratoria del perezoso de dos dedos y el perezoso de tres dedos como símbolos nacionales de la Fauna Silvestre de Costa Rica" sea delegado a conocimiento y votación como ley de la República a la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera.