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Imagen principal del artículo: Diputados aprueban interpelar al ministro de Salud por proceso de vacunación
Foto: Esteban Rojas/Asamblea Legislativa

Diputados aprueban interpelar al ministro de Salud por proceso de vacunación

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una moción de interpelación al ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país.

Dicha moción fue aprobada con 44 votos a favor y ninguno en contra y quedó pendiente definir la fecha en que Salas deberá hacerse presente al Plenario.

En redes sociales no han hecho falta los cuestionamientos hacia los diputados por convocar al jerarca de Salud en el peor momento de la pandemia; así como otros que consideran que no se debe criticar una convocatoria legítima, permitida por la Constitución, a un ministro de Gobierno.

Sin embargo, las cosas hay que verlas en contexto, y ese contexto incluye las declaraciones hechas por los diputados de previo a la votación, como justificante para la interpelación.

Según se constata del acta y de la transmisión, varios legisladores usaron falsedades, teorías de conspiración, chismes o plantearon interrogantes que han sido abordadas de forma reiterada, inclusive desde que el país anunció haber suscrito los contratos con las casas farmacéuticas.

Por ejemplo, el diputado Pedro Muñoz Fonseca del PUSC afirmó haber recibido un documento por escrito en respuesta a varias preguntas, que él calificaba como "plato de babas".

El socialcristiano afirmó haber preguntado por el detalle exacto de cuántas vacunas se han recibido, cuántas se han aplicado, cuántas están en inventario, y cuántas están comprometidas por las casas farmacéuticas y cuáles casas farmacéuticas.

Esa información es pública y hasta en Delfino.cr la hemos publicado y actualizamos cada semana: al 10 de mayo, habían ingresado al país 1.381.875 dosis, de las cuales 1.338.675 son de Pfizer-BioNTech y 43.200 son del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS); al mismo día se habían aplicado 1.093.931 dosis (657.301 primeras dosis y 436.630 segundas dosis) y ese mismo día fueron despachadas 139.434 dosis para ser colocadas esta semana en curso; para un total de 1.233.568 dosis distribuidas.

Lo anterior arroja un "sobrante" de 148.307 dosis, que se distribuye entre la reserva de seguridad de una semana en caso de suspensión de envíos y el plazo de una semana que pasa desde que llegan nuevas vacunas hasta que son distribuidas para ser colocadas. En esa semana se realiza la distribución a congeladores regionales y se hacen pruebas de control de calidad de los lotes.

Sobre las dosis "comprometidas", antes de la última adenda Costa Rica tenía un contrato directo con Pfizer-BioNTech para 5.800.425 dosis, de las cuales al 10 de mayo habían llegado 1.338.675 dosis (22.30%); luego, se anunció que el país suscribió una adenda por 2.000.700 dosis adicionales para un total de 6.001.125 dosis. Con AstraZeneca se compraron de forma directa 1.092.000 dosis, de las cuales no ha llegado ninguna; y con el mecanismo COVAX están suscritas 2.037.600 dosis, de las cuales al 10 de mayo habían llegado 43.200 (2.12%).

Así las cosas: en tres párrafos respondimos a las preguntas formuladas por Muñoz...

Luego planteó ante el Plenario la pregunta de por qué no se están vacunando "maestros, conserjes, cocineras": la respuesta es porque la población a vacunar fue dividida en cinco grupos prioritarios (hecho público ya conocido y ampliamente reportado por la prensa). Los educadores están en el cuarto grupo prioritario; pero si ese educador es un mayor de 58 años será vacunado en el grupo 2; y si tiene entre 18 y 57 años y al menos un factor de riesgo para COVID-19, será vacunado en el grupo 3.

Con los conserjes y cocineras ocurre prácticamente lo mismo: si son mayores de 58 años, serán vacunados en el grupo 2; si tienen entre 18 y 57 años y al menos un factor de riesgo por COVID-19 serán vacunados en el grupo 3; caso contrario, serán vacunados en el grupo 5.

Finalmente, Muñoz preguntó que por qué el país no está vacunando "al sector turístico". A este punto, no vale la pena reiterar que si una persona cumple con los requisitos para ser vacunado, será vacunado en ese grupo. Si no tiene factor de riesgo o no está en una categoría de empleo considerada especial, será vacunado en el grupo 5. En síntesis: todos los mayores de 18 años serán vacunados, tengan factores de riesgo o no, en alguno de los cinco grupos.

Por su lado, la diputada Xiomara Rodríguez Hernández replicó afirmaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica que sostienen que la vacunación se puede acelerar con el concurso del sector privado, ya que el país tiene el personal para poder hacerlo.

Hasta el cansancio se ha dicho que el problema no es la falta de personal (la Caja puede poner más de 200 mil dosis semanales), sino la falta de vacunas por el acaparamiento de los países de rentas altas, incluido Israel, un "ejemplo" que la diputada puso en su intervención para señalar que Costa Rica está detrás respecto al avance en las inmunizaciones.

Lo que Rodríguez no dijo es que Israel suscribió un contrato especial con Pfizer, para obtener 10 millones de dosis de vacuna a un costo por dosis de $30.42, es decir, 2.53 veces el precio pagado por Costa Rica de $11.99. Además, la población de Israel fue usada a modo de "ensayo masivo" sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer, es decir, una apuesta a ciegas que resultó exitosa.

Rodríguez también puso de ejemplo a Chile, que afirmó ha vacunado al 35.6% de su población. Ella, sin embargo, ignoró que Chile creó un fondo para vacunas desde que empezó la pandemia en ese país de $200 millones de dólares estadounidenses, mientras que en Costa Rica la Comisión Nacional de Emergencias tuvo que pagar las vacunas con el Fondo Nacional de Emergencias y luego recuperar los dineros a través de un presupuesto extraordinario aprobado por el Congreso.

La diputada también omitió mencionar que Chile adquirió la vacuna china CoronaVac, la cual se ha señalado tiene una efectividad de solo el 50% según un estudio fase III realizado en Brasil con 12.500 voluntarios. Una vacuna con ese nivel de eficacia no sería admitida para su importación en Costa Rica, pues se estableció como umbral mínimo el 60%.

Por otro lado, la congresista hizo eco de los hallazgos de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el avance de la vacunación en el país. La diputada, sin embargo, omitió mencionar que ese informe se realizó con datos del 30 de noviembre del 2020 al 26 de febrero 2021, es decir, 65 días desde el inicio de la vacunación y fecha final para la cual el país apenas había recibido 276.315 dosis.

Rodríguez cuestionó disparidades de vacunación entre regiones y áreas de salud y limitaciones en el acceso a la información, pero ambos temas no son resorte del ministro de Salud, sino de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Siguió el (impresentable) Jonathan Prendas Rodríguez, quien replicó un chisme al señalar que "por ahí" anda un rumor "muy fundado y de buena fuente" de que Costa Rica compró las vacunas a intermediarios y no a las empresas farmacéuticas de forma directa. Horas más tarde, la Presidencia de la República lo desmintió al asegurar que Costa Rica suscribió los contratos con Pfizer y AstraZeneca, de forma directa.

Prendas cuestionó que el país no esté "tocando puertas" de otras farmacéuticas que tienen vacunas listas para su entrega: estadounidenses, chinas, de la India o Rusia y afirmó, sin citar fuentes, que al sector privado se le están vendiendo vacunas "de un millón de dosis para arriba a quien lo pida".

Este es un tema que también ha sido abordado hasta el cansancio en el país, pero vamos de nuevo: para importar vacunas Costa Rica exige que el biológico tenga estudios clínicos que hayan demostrado su seguridad y eficacia en fase III (pruebas en miles de personas) y que los resultados hayan sido publicados en revistas científicas; el visto bueno a la vacuna de una agencia regulatoria estricta o que la vacuna esté precalificada por la Organización Mundial de la Salud; que tenga una efectividad del 60% y que la farmacéutica esté dispuesta a hacer la venta al país.

Las vacunas que tienen estudios de fase III con resultados finales publicados en revistas científicas son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, CoronaVac y Sinopharm.

Respecto al segundo requisito, la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) ha dado autorización de emergencia a las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson; la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) lo ha hecho con esas tres y la de AstraZeneca; y finalmente la OMS ha precalificado las cuatro ya mencionadas y la semana pasada incluyó la vacuna Sinopharm de China. Con este requisito queda excluida la vacuna CoronaVac.

Al analizar la eficacia de las vacunas, queda excluida nuevamente la vacuna CoronaVac; quedando solo Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson y Sinopharm.

Finalmente, entramos al requisito de que la farmacéutica esté dispuesta a hacer la venta al país: Moderna fue descartada para las compras directas del Gobierno de Costa Rica por ser demasiado cara respecto a la de Pfizer y AstraZeneca; la de Johnson and Johnson recibió autorización de uso de emergencia posterior a que el país suscribiera contratos y aunque ya califica en los otros requisitos, la empresa ha dicho que no puede hacer envíos prontos (de hecho, la empresa está teniendo problemas para abastecer a los Estados Unidos). Finalmente, la vacuna de Sinopharm recibió autorización apenas la semana pasada.

Las farmacéuticas han sostenido que solo venderán vacunas a los Estados, hasta que cumplan los compromisos adquiridos y que la venta al sector privado se abrirá hasta que las vacunas reciban la autorización completa (actualmente solo tienen autorización de uso de emergencia).

Por su lado, el diputado Pablo Heriberto Abarca Mora preguntó si el Gobierno habría cronometrado la llegada de las vacunas "para llegar a diciembre", algo que se ha dicho hasta el cansancio: los contratos suscritos por el país son para entrega de la totalidad de dosis contratadas este año; incluidas las 2 millones de dosis adicionales recién contratadas a Pfizer, y que empezarán a llegar en julio.

Asimismo, el diputado Wélmer Ramos González del PAC alegó que un proyecto de ley que impulsa junto a otro importante grupo de diputados permitiría homologar rápidamente las vacunas que ya "están autorizadas" en el mundo, las cuales afirmó son ocho. Sin embargo, según se constata del proyecto de ley 21.368 en cuestión, eso no es cierto, pues su texto habla de "medicamentos debidamente inscritos" por agencias reguladoras estrictas o por la OMS.

Tal y como detallamos arriba, las vacunas actualmente tienen autorización de uso de emergencia, no autorización completa, y por ende, el proyecto si fuera ley en nada ayudaría a una más rápida inscripción, que de todas formas vía resolución el ministro de Salud ya definió que las solicitudes que se formulen deben ser resueltas en 10 días.

Por su lado, la diputada Aracelly Salas Eduarte criticó que "no se permita" que las municipalidades puedan comprar vacunas para inmunizar a sus funcionarios. La diputada ignoró o desconoce que tanto Pfizer como AstraZeneca ya le dijeron a Ecuador que no le venderán vacunas a gobiernos locales, solo a gobiernos centrales. 

Puesto todo este contexto, es razonable pensar que no tendremos una interpelación a Salas de altura, sino otra pérdida de tiempo. Además, es válido sentir indignación cuando los diputados han perdido 41 sesiones de Plenario desde que empezó la pandemia, sesiones que eran necesarias para impulsar legislación que ayudara a los afectados por la emergencia. ¿Y a ellos, quién los llama a cuentas?

Breves

— Con 44 votos a favor y 1 en contra (Erick Rodríguez Steller) se aprobó en primer debate la cuarta modificación legislativa al Presupuesto Nacional 2021, tramitado en el expediente 22.489. Con dicha modificación se hace un traslado de partidas presupuestarias del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por 28 mil millones de colones, en la transferencia de capital incorporada en el presupuesto al Mivah y dirigida al Banhvi.

Dicho monto se aumenta en el mismo acto dentro del título presupuestario correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como parte del programa del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). El movimiento aclara que dichos recursos deberán ser transferidos al Banhvi con la coletilla en la cual expresamente se indica que los mismos corresponden al Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi), de conformidad con el artículo 46 inciso a) de la Ley Nº 7052.

— 28 diputados firmaron un comunicado en el que manifestaron su solidaridad ante el gobierno israelí, tras la escalada de violencia que se registra desde días atrás en el Medio Oriente.

El comunicado, impulsado por el despacho de la legisladora socialcristiana Shirley Diaz Mejías, fue respaldado por los legisladores independientes Zoila Volio Pacheco, Ivonne Acuña Cabrera, Nidia Céspedes Cisneros, Ignacio Alpízar Castro, Erick Rodríguez Steller, Jonathan Prendas Rodríguez y Harllan Hoepelman Páez; así como por los legisladores de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank Smith, Mileidy Alvarado Arias, Carlos Avendaño Calvo, Floria Segreda Sagot, Xiomara Rodríguez Hernandez y Giovanni Gomez Obando.

Además, firmaron en apoyo los legisladores del PUSC María Inés Solís Quirós, Pedro Muñoz Fonseca, Oscar Cascante Cascante, Aracelly Salas Eduarte, Pablo Heriberto Abarca Mora; los liberacionistas Patricia Villegas Álvarez, Luis Fernando Chacón Monge, David Gourzong Cerdas, Karine Niño Gutierrez, Jorge Fonseca Fonseca, Ana Lucía Delgado Orozco, María José Corrales Chacón, Franggi Nicolás Solano; y el del PIN, Walter Muñoz Céspedes.