Hablar de alimentos genéticamente modificados (OGM) o alimentos transgénicos, es mencionar un tema que, tanto en la academia como en distintos sectores de la sociedad; da paso a un debate en el cual cuesta encontrar puntos de consenso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) define como alimentos transgénicos a aquellos organismos que han sido modificados genéticamente a través de procesos biotecnológicos, los cuales no se darían de forma natural por apareamiento y/o recombinación de los alimentos.

De lo que la sociedad tiene que estar segura es que este tipo de alimentos, genéticamente modificados, llegaron para quedarse. La recombinación de ADN hace que los OGM adquieran características nuevas, como una mayor productividad de frutos en un menor tiempo. Otra de las características que se vuelve innegable la eficacia de estos, es la incorporación de este tipo de alimentos a los sistemas agro-productivos ya que la resistencia climática que poseen se vuelve fundamental ante la crisis climática en que nos encontramos.

No obstante, a pesar de las “bondades” que puede traer consigo, es necesario ponderar los impactos adversos que pueden ocasionar. Dos de los más importantes es la influencia de estos en la salud pública, ya que puede dar paso a nuevos alergenos que afecten la calidad de vida de la persona consumidora; y en la pérdida de diversidad de cultivos, en virtud de que las semillas son expuestas a una replicación continua, la diversidad de especies, como el maíz, se puede perder de manera definitiva.

Falta de regulación sobre los alimentos genéticamente modificados

Algo que me es imperativo mencionar, es que, a partir de 1991 Costa Rica permitió el primer cultivo transgénico en el territorio nacional, el cual fue la soya. Desde ese entonces, la producción de semillas para exportación ha incrementado exponencialmente; asimismo, se dio paso a cultivos con fines experimentales como el arroz, tiquisque, café, entre otros.

A pesar de que en nuestro país no existe una comercialización interna de este tipo de semillas, que generalmente son vendidas a las transnacionales como Monsanto-Bayer; sí hay permisos de importación de granos transgénicos. En Costa Rica solo se permite el acceso registrado de OGM (semillas) para uso agroindustrial, específicamente para el consumo de animales, no obstante, no se puede asegurar que estas sean destinadas únicamente al consumo de animales.

En el año 2011, se presentó el proyecto de ley N.° 18.170 “Régimen Jurídico sobre los alimentos transgénicos”. A pesar de la necesidad jurídica de regular los OGM en nuestra nación, la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, en setiembre de 2012; votó negativamente el dictamen del proyecto de ley y se procedió a archivarlo.

Dentro de los alcances que iba a tener el proyecto de ley supra citado, se encontraban los siguientes aspectos:

  • Protección de los derechos de las personas consumidoras;
  • Control y regulación sobre las importaciones y exportaciones de OGM;
  • Regulación de los requisitos de comercialización de alimentos e ingredientes nuevos, dentro de la cadena alimentaria de productos GM; y
  • Establecimiento y dotación de instrumentos técnicos, científicos y jurídicos para la regulación de los OGM.

Para el 2017 la Red de Coordinación en Biodiversidad (espacio de articulación de organizaciones ecologistas, campesinas e indígenas, y de personas que participan a nivel individual), logró recolectar alrededor de veinticinco mil firmas para impulsar una nueva iniciativa de ley, sin embargo, el país desde entonces no ha retomado ninguna discusión a nivel parlamentario para atender esta carencia regulatoria.

Etiquetado de alimentos transgénicos en costa rica

Es necesario dimensionar el etiquetado de alimentos desde una perspectiva técnico-científica, así como social (determinantes de la salud); ya que permite ver el etiquetado como un asunto de salud pública, debido a que la salud de un individuo se puede ver afectada por el tipo y característica de los alimentos que consuma.

Asimismo, se asegura que preceptos como el de la seguridad alimentaria sean empleados de manera intrínseca en el desarrollo de OGM. La declaratoria de Nyeleni (2007), hace referencia a la seguridad alimentaria como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.”

La Constitución Política de nuestro país establece en su numeral 46, párrafo quinto que las personas consumidoras “tienen derecho a recibir información adecuada y veraz”; siendo esta una garantía constitucional, se puede interpretar que usted o yo, como persona consumidora, tenemos la libertad de elegir si comprar productos transgénicos o no.

A propósito de esto, José María Villalta Flores-Estrada, diputado de la República de Costa Rica; presentó un proyecto de ley, bajo el número de expediente 22.443; para impulsar una ley para el Etiquetado de Alimentos con Organismos Genéticamente Modificados. Este proyecto impulsa la obligatoriedad de productores y comerciantes informar a las personas consumidoras si los alimentos que van a consumir alimentos genéticamente modificados.

Este tipo de iniciativas son un primer paso para regular los OGM en suelo costarricense; más allá de la discusión si estos son perjudiciales o beneficiosos para el consumo humano, es fundamental que la persona consumidora puede discernir si comprarlos o no. Hasta la fecha, no se tiene ese poder de decisión ya que no existe ninguna regulación que obligue a reportar si x o y son alimentos transgénicos o en su proceso de elaboración deriva algún OGM.

No más postergación del debate

De cara al bicentenario de nuestro país, es inminente que la academia, la sociedad civil y, sobre todo, las y los legisladores de nuestro país retomen la discusión en torno a la regulación de los alimentos transgénicos y las implicaciones de estos dentro del modelo de soberanía alimentaria de Costa Rica.

Asimismo, es necesario que entes como las universidades públicas sigan fortaleciendo áreas de investigación y acción social entorno a la soberanía alimentaria y el impacto, en distintos niveles, de los alimentos transgénicos.

¡La soberanía y seguridad alimentaria es asunto de todas y todos!

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