Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Comisión investigadora de la UPAD entrega informe y acusa a ministra de haber cometido perjurio
Foto: TV Legislativa

Comisión investigadora de la UPAD entrega informe y acusa a ministra de haber cometido perjurio

La Comisión Especial Investigadora sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) entregó este jueves un informe de mayoría que ratifica la responsabilidad del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, en la creación de dicha unidad; además de recomendar que se investigue penalmente a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por presunto perjurio.

El informe, de 113 páginas, recomienda al Plenario solicitar al Ministerio Público que investigue, con base en los hechos expuestos en la comisión, la posible comisión de varios delitos por parte de los funcionarios públicos involucrados y se establezca la eventual responsabilidad.

Entre ellas figura Pilar Garrido Gonzalo, a quien acusan del delito de perjurio, "dado que dio falso testimonio a esta Comisión al alegar desconocimiento absoluto del decreto relacionado con la UPAD, cuando hay prueba documental que demuestra lo contrario".

También recomiendan que el expediente legislativo sea suministrado como prueba documental en el marco de la investigación en curso al Presidente Carlos Alvarado Quesada, a Víctor Morales Mora (exministro de la Presidencia) y a Luis Daniel Soto Castro (exviceministro de Planificación Nacional y Política Económica) por la firma de un decreto que tenía como sustento falsedades y cuyo contenido ha sido calificado por expertos como inconstitucional e ilegal, constitutivo del delito de prevaricato.

Los diputados también recomendaron investigar a Elizabeth Mora Elizondo, directora de la PRODHAB, por el presunto incumplimiento de deberes establecidos por ley, en el ejercicio de su cargo. Asimismo, trasladar el expediente como prueba documental en el marco de la investigación en curso a Eriksson Álvarez Cologne, director del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), por el traslado de información sensible que se documentó a través de correo electrónico al asesor de Casa Presidencial y María Fullmen Salazar, exdirectora ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, por su relación con el traslado de información desde el Sinirube a Santiago Álvarez Ovares, exasesor de Casa Presidencial.

Por otro lado, se recomienda trasladar el expediente como prueba en la investigación en curso a Santiago Álvarez Ovares, exasesor de Casa Presidencial por solicitar información sensible al Director del Sinirube y al Ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas; e investigar a dicho ministro por el traslado de información sensible, aludiendo que el asesor lo solicitaba en nombre del Presidente de la República.

Finalmente, se recomienda trasladar el expediente como prueba documental en el marco de la investigación en curso a los exasesores y exasesora de Casa Presidencial Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero y Felly Salas Hernández; así como trasladar el expediente expediente como prueba documental en el marco de la investigación a Luis Salazar Muñoz, exasesor de Casa Presidencial y redactor del decreto de creación de la UPAD.

El informe pide además que la Contraloría General de la República investigue las presuntas irregularidades de los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo y ejecución de la Unidad de Análisis, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones.

A la Procuraduría de la Ética Pública se solicita determinar si las actuaciones atribuibles en el informe constituyen faltas a la ética y probidad; mientras que a la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas de costa Rica se pide investigar a todos los agremiados involucrados en el proceso, a fin de determinar si la asesoría brindada al Presidente de la República fue contraria a lo que establece la Constitución Política y la legislación vigente, así como establecer las sanciones correspondientes.

A la Presidencia, el informe recomienda realizar los procesos administrativos correspondientes para sentar las responsabilidades respecto a la redacción, firma y publicación del decreto que creó la UPAD, en lo correspondiente al proceso y los procedimientos que se llevaron a cabo en Casa Presidencial y el Ministerio de la Presidencia en este tema. También revisar y eliminar las duplicidades mediante un estudio organizacional y una reorganización, según los lineamientos dictados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, incluyendo eliminar las unidades de facto creadas dentro de la Presidencia de la República, no sólo por constituir un gasto innecesario, sino que facilitan el paso de documentos que se adaptan más a las instrucciones del Presidente que al marco legal vigente.

Además piden a la Presidencia mantener un registro de acceso libre de los funcionarios de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia con sus funciones y su lugar dentro del organigrama, para que la ciudadanía pueda verificar las responsabilidades, funciones, jefatura inmediata, entre otros, de quienes ocupan esos puestos; y rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad que le otorgue acceso a esta unidad o cualquier otra unidad que recopile, analice trate o manipule datos sensibles de los habitantes dentro la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia.

A la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes se le solicita realizar una investigación por parte de la Auditoría Interna para establecer la responsabilidad por el no cumplimiento de la ley N° 8968 en el caso UPAD; realizar un estudio de la organización para determinar oportunidades de mejora y vacíos, de manera que se tomen las medidas para que no se repitan los errores y negligencias acontecidos en el caso UPAD y dar continuación a la investigación que se abrió con respecto al decreto, además de incluir al Presidente y no solo al Ministerio de la Presidencia.

Al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) se le pide determinar el alcance que tuvo la vulneración de información y las medidas a tomar por parte del IMAS sobre funcionarios que incumplieron con sus funciones para para evitar que dicha información se vulnerase, sin perjuicio de las sanciones o penas que se llegasen a imponer por otra vía a los funcionarios. Asimismo, se solicita rescindir cualquier convenio o contrato de confidencialidad que le otorgue acceso a cualquier otra unidad que recopile, analice trate o manipule datos sensibles de los habitantes que se encuentre fuera de lo dictado por la legislación costarricense.

Breve

— La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público emitió informes finales para dos investigaciones: el expediente 21.305 relativo a la amnistía tributaria aprobada a la empresa Standard Fruit Company por 15 mil millones de colones, en contravención de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; y el expediente 22.379 que investigó al Canciller Rodolfo Solano Quirós por percibir dietas como integrante de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) al mismo tiempo que ejerce como representante de las relaciones exteriores del país.

Además archivaron sin informe el expediente 20.473 referido a las especificaciones generales, supervisión y diseño que se le dieron al contratista para la obra vial conocida como la Punta Norte de la Carretera a San Carlos; el expediente 20.856 que pretendía investigar todo lo relativo al aparente pago millonario a 900 educadores fallecidos; el expediente 21.078 para determinar los alcances y consecuencias de los nuevos hechos que provocaron un nuevo atraso en las obras de la carretera San José-San Carlos; el expediente 21.173 que pretendía investigar todo lo relativo a los hallazgos de la auditoría referido a la falta de controles para que se cumpla con las regulaciones técnicas de control de calidad, así como para que se determine por qué hay una total ausencia de buenas prácticas dentro del Conavi; el expediente 21.326 sobre el pésimo estado de las instalaciones de los centros educativos de todo el país que han recibido orden sanitaria; y finalmente el expediente 22.043 sobre la condena al Estado a indemnizar los daños y perjuicios causados a un grupo de empresarios afectados por la prohibición de importar aguacate mexicano tipo Hass.