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Congreso da segundo debate a ley para autorizar uso del polígrafo en miembros de cuerpos policiales

El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate, de forma dividida, un proyecto de ley impulsado por la diputada Zoila Volio Pacheco (Independiente-San José) para autorizar el uso del polígrafo en miembros de los cuerpos policiales del país.

Se trata del expediente 21.490 y el cual recibió 32 votos a favor y 10 en contra en su votación final. Las oposiciones provinieron de las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio, Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y del grupo independiente.

Según dispone el texto aprobado, la ley regulará y autorizará a los distintos cuerpos policiales que forman parte de la Ley 7410, Ley General de Policía; el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea, para que utilicen el polígrafo "como método técnico y herramienta de apoyo para determinar, mediante la obtención de información, que quienes presten servicios de seguridad y vigilancia mantengan en forma permanente los más altos niveles de eficiencia técnica, conducta, moral, transparencia y profesionalidad en sus funciones".

La redacción señala que el uso de esta herramienta podrá hacerse para los procesos de determinación de rasgos de confiabilidad de su personal, y que el mismo será de carácter optativo y voluntario. Además, la prueba no podrá ser considerada como parámetro único de selección para la permanencia en los cuerpos policiales, sino como una herramienta complementaria de las pruebas técnicas a las que son sometidas.

Previo a la votación diputados opuestos a la iniciativa explicaron en detalle los motivos para no dar su voto afirmativo. Paola Vega (PAC-San José), señaló que la redacción final no era congruente con la visión progresista en materia de Derechos Humanos que tiene que tener un país como Costa Rica, mientras que José María Villalta (FA-San José) afirmó que el texto que se iba a aprobar, aunque no hacía el examen obligatorio, sí permitía tomar una negativa a realizar el examen como factor para tomar medidas contra el trabajador de un cuerpo policial.

Villalta recordó, por ejemplo, que los oficiales de la Fuerza Pública no tienen garantizado su puesto como sí lo tienen el resto de funcionarios del Servicio Civil, pues la Constitución Política le otorga al Poder Ejecutivo discrecionalidad para seleccionar al personal de dicho cuerpo policial. De este modo, afirmó, un oficial que se niegue a someterse a la prueba podría ser despedido.

La diputada proponente, Zoila Volio, defendió el proyecto citando los crecientes niveles de criminalidad que vive el país, así como la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales. Además, recordó que la iniciativa fue trabajada en conjunto con el ministro de Seguridad, Michael Soto, por lo que criticó la falta de concordancia entre los deseos del ministro y diputados de la fracción oficialista.

El proyecto aprobado señala que el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Profesional de Migración, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Organismo de Investigación Judicial establecerán de manera conjunta, vía reglamento, los lineamientos para la aplicación de la prueba, los parámetros de calibración y mantenimiento de los equipos, el perfil de operador, el uso y seguridad de la información, así como la responsabilidad en la calibración y verificación de los equipos por una instancia competente a nivel nacional.

Deberán definirse, además, un procedimiento de entrega de los resultados a la persona que se someta a la prueba y un procedimiento de impugnación.

La iniciativa también enlista una serie de derechos que tendrá la persona que se someta de forma voluntaria a la prueba, entre ellos, tener conocimiento expreso de su decisión y las razones para someterse voluntariamente a la prueba, con un plazo razonable entre su notificación y su actuación; tener conocimiento de la naturaleza y el procedimiento de la prueba; contar con representación legal de su elección; obtener un ejemplar de los resultados del examen, debidamente suscrito por las personas presentes en su aplicación; negarse a realizar la prueba e impugnar los resultados de la misma.

Además de otras restricciones, el texto prohíbe cualquier pregunta sensible sobre orientación sexual, preferencia de religión o culto, así como ideología política.

Los resultados de dicha prueba no podrán ser utilizados, tampoco, como medio de coacción o reproche, como causal para sanciones o despido, ni como condicionante para obtener un puesto en alguna fuerza policial o cuerpo especial de policía. Tampoco podrán ser utilizados en procesos judiciales.

Con la aprobación, además, los diputados desoyeron la opinión jurídica de la Procuraduría General de la República (PGR), que consideró que el proyecto presenta dudas razonables de constitucionalidad, además de constituir un irrespeto a la dignidad humana.

El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su sanción como Ley de la República o para que sea vetado.

Breves

— Con 47 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.178 que autoriza la prórroga de nombramientos en las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia, a raíz de la pandemia por COVID-19.

— Con 43 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.272 que reforma la Ley aprobada el año pasado y que extendió por un año los nombramientos de juntas directivas y otros órganos en las organizaciones civiles. La iniciativa prorroga la medida por un año adicional, a raíz de la emergencia por la pandemia de COVID-19.

— Con 42 votos a favor y ninguno en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.436 conocido como la "Ley de Quiebras".

Esta iniciativa consiste en una reforma integral al régimen concursal del país que pasaría a quedar unificado y sistematizado bajo una única ley especial, conteniendo tanto normativa sustantiva como de procedimiento. Por ese motivo a la vez que se dicta todo el procedimiento concursal, entendido como un único procedimiento unificado para todo tipo de sujetos, se deroga la normativa relativa contenida en el Código Civil, el Código de Comercio y el antiguo Código Procesal Civil, que son las principales disposiciones que regulan esta materia actualmente.

La Comisión de Asuntos Internacionales, que dictaminó este expediente, explicó en su informe afirmativo que los procesos concursales comprenden la búsqueda de soluciones a las crisis patrimoniales, así como al cumplimiento forzoso de obligaciones civiles que derivan de créditos. Cuando hay un incumplimiento, una masa de acreedores puede ejecutar al deudor para obligarle a que pague. El patrimonio de un deudor comprende tanto sus activos como sus pasivos.

La inexistencia de una legislación concursal única, produce que se genere una falta de credibilidad en el sistema. Adicionalmente, deben coexistir los intereses del deudor, los del acreedor y los intereses del Estado y de la economía del país en general.

— Con 39 votos a favor y 1 en contra (Yorleni León, PLN-Limón) se aprobó en primer debate el expediente 21.965 denominado Ley de apoyo a beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo ante emergencia por COVID-19, 

La Ley tiene como objetivo el apoyo y el fortalecimiento de los sectores productivos ante la situación de emergencia presentada por la pandemia, por medio de la condonación del saldo de las deudas de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de zonas rurales y el sector pesquero y acuícola nacional de las zonas costeras del país; así como el fortalecimiento del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade) mediante la creación de los bonos de desarrollo, con el fin de que cuente con la disponibilidad de recursos necesarios para propiciar la reactivación de los sectores beneficiarios de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, durante y con posterioridad a la situación de emergencia.

Previamente el proyecto recibió una dispensa de trámites para hacer correcciones a la redacción en el propio Plenario, la cual fue aprobada con 41 votos a favor y 3 en contra.

— La histórica reforma a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos sigue tropezando en su camino al segundo debate. Tras ser vetada por el Ejecutivo por problemas de redacción, los diputados acogieron el veto, enmendaron el texto y votaron nuevamente la iniciativa en primer debate. Ahora, la Comisión de Redacción encontró más problemas de redacción cuya solución no podía hacerse en ese órgano legislativo, por lo que el proyecto tuvo que retrotraerse a primer debate, otra vez, para ser corregido. La devolución de trámite fue aprobada con 38 votos a favor y ninguno en contra, y una vez hecho, implicará que el expediente 20.715 tenga que ser votado en primer debate por tercera vez.