La Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa aceleró el paso del trámite de las mociones de fondo presentadas a la Ley de Empleo Público y aprobó importantes modificaciones durante la mañana y tarde de este jueves.
La primera de ellas fue la número 56, suscrita por varios diputados, y con la cual se ponen ciertos límites a la negociación de convenciones colectivas en el sector público.
En primer término, dicha moción señala que el principio de negociación colectiva será un derecho que corresponderá a los empleadores y trabajadores de conformidad con la Constitución Política y el Código de Trabajo, y que el mismo se ejercerá válidamente cuando no se oponga a lo que diga la Ley de Salarios de la Administración Pública o el propio Código de Trabajo.
También se agrega un artículo relativo a las negociaciones colectivas para establecer que mediante esta no se podrán crear nuevas obligaciones o derechos o variar condiciones laborales referentes a salarios o remuneraciones, ni variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global; la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales; asuntos donde se deba realizar una erogación adicional de recursos que afecten el presupuesto nacional (o el de la institución pública donde se pretende suscribir la convención colectiva) mediante gastos que no se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; normas de carácter prohibitivo contenidas en la Ley de Empleo Público; ni la creación de nuevas plazas.
Asimismo se establece que en las negociaciones de las convenciones colectivas deberá levantarse un acta, que será pública al concluir el proceso, donde deberá detallarse además las cláusulas negociadas, cuáles fueron desechadas o no pudieron negociarse por falta de acuerdo acerca de ellas.
Finalmente, los diputados incluyeron que si la convención colectiva incluye normas que por su naturaleza o su afectación del principio de legalidad presupuestaria requieren aprobación de la Asamblea Legislativa, su eficacia quedará condicionada a la inclusión en la Ley de Presupuesto Nacional o en los reglamentos respectivos, lo mismo que a la aprobación por parte de la Contraloría General cuando se afecten presupuestos de instituciones cuya revisión y aprobación pasa por ese ente auxiliar del Congreso.
Por otro lado, se dispone que el Ministerio de Trabajo deberá publicar en su sitio web el acta anteriormente mencionada, antes de homologar la convención colectiva; así como verificar que el contenido de esta cumpla con el Código de Trabajo y la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
Luego se aprobó la moción 57 impulsada por la diputada Xiomara Rodríguez Hernández, con la cual se establece que bajo el principio del Estado como patrono único, el despido sin responsabilidad patronal de un funcionario conllevará su inhabilitación para ocupar cualquier otro cargo público por un periodo que irá de seis meses a dos años.
Otras mociones aprobadas incluyeron dentro de los principios rectores del empleo público la participación ciudadana y afinaron la redacción del principio de prevalencia del interés general; además de otra que define la "valoración del mérito" como el proceso que tiene como propósito valorar las aptitudes técnicas, profesionales, la eficiencia y el buen funcionamiento del servidor público, en función de los objetivos institucionales, con base en criterios de equidad e imparcialidad aplicados por la jefatura evaluadora.
Luego se aprobó la moción 82 del diputado Luis Fernando Chacón, la cual le devuelve al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) la rectoría en materia de empleo pública, la cual ya le había sido entregada por la Ley 9635 de finales del 2018, pero que en el primer día de mociones del proyecto de Empleo Público le fue eliminada y traslada a la Dirección General del Servicio Civil.
Esa moción, además, delinea lo que será el "Sistema General de Empleo Público", establece las competencias de Mideplan, el Servicio Civil y las administraciones activas; crea la plataforma integrada de empleo público y detalla los procedimientos relativos al reclutamiento y selección de personal, la oferta de empleo público, el fundamento metodológico y criterios de las evaluaciones de desempeño, así como la columna salarial global, la política de remuneración y ajustes en sistemas automatizados de pagos
La comisión llegó este jueves hasta la moción 101 de las más de 400 que fueron presentadas.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 22.253 que reforma la Ley 9725 que autorizó segregar y donar el terreno donde se construyó el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, para trasladarlo al Instituto Costarricense de Turismo. Dicha ley fue aprobada en agosto del 2019, sin embargo, tenía problemas de redacción que hicieron posible su correcta ejecución; problemas que son solventados ahora con esta iniciativa.
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.192 denominado Ley contra el hostigamiento y acoso en el deporte, entendidos ambos términos como "cualquier comportamiento, verbal, no verbal o físico, de naturaleza sexual y no deseados por la persona que los recibe que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la integridad física o psicológica de una persona".
Las sanciones se aplicarán según la gravedad de los hechos denunciados, lo cual queda sujeto a la valoración del órgano interno de la entidad deportiva o del juzgador, y serán:
- Amonestación por escrito con copia al expediente personal.
- La suspensión no menor a un mes.
- Despido o destitución de su equipo o entidad deportiva.
- Cuando se trate de un menor de edad el que cometa el acto de hostigamiento y acoso sexual, se le establecerá la imposibilidad de participar y pertenecer a la entidad deportiva donde sucedieron los hechos.
— Con 45 votos a favor se aprobó retrotraer a primer debate el expediente 21.318 denominado Ley de Movilidad Peatonal, luego que los diputados se percataran de que derogaron (sin querer) un inciso del Código Municipal.
— Con 44 votos a favor y 2 en contra (Paola Vega Rodríguez y José María Villalta) se aprobó en segundo debate la transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) en la Promotora Costarricense de Investigación e Innovación, tramitado en el expediente 21.660.
La promotora será una institución autónoma con personalidad, personería jurídica y patrimonio propios, independencia en su funcionamiento operativo y en su administración, y por ello su votación en segundo debate demandaba 38 votos a favor como mínimo.
La función de la Promotora será promover la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país, a través de la ejecución de instrumentos, programas y otros lineamientos de política pública dictados por el Poder Ejecutivo a través del Micitt (que ahora pasará a llamarse Ministerio de Ciencia, Innovación Tecnología y Telecomunicaciones) en su calidad de rector del área.
Asimismo, su financiamiento provendrá de una suma dineraria equivalente a un 14% del presupuesto total del Micitt destinada a su operación; mientras que para el desarrollo de programas y proyectos usará los recursos del fondo de incentivos, los recursos del fondo Propyme, los recursos provenientes de convenios o contratos con entes públicos y privados nacionales e internacionales, donaciones de personas físicas y jurídicas tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales para capturar fondos adicionales, fondos de Cooperación Internacional y la venta de servicios que estén dentro de los objetivos y competencias de la Promotora y que serán regulados vía reglamento.
— Con 38 votos a favor y 1 en contra (María José Corrales, PLN) se aprobó una moción artículo 177 para dispensar de todos los trámites el expediente 22.400 impulsado por el diputado Pablo Heriberto Abarca y otros 36 diputados que pretende adicionar un transitorio VIII a la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
Dicho transitorio señala que, como consecuencia de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, se les aplicará a todos los prestadores del servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús ruta regular, una rebaja del 25% sobre el monto del canon de Aresep establecido para el año 2020.
Además, sobre el monto restante, la Junta Directiva de Aresep estará obligada a suspender el cobro del canon de regulación correspondiente al año 2020, siempre y cuando los obligados al pago de dicho canon cancelen al menos el 25% del monto del canon, sin multas ni intereses adeudado al 31 de diciembre del 2020, una vez aplicada la rebaja establecida en el párrafo anterior.
Dicha suspensión implica, además, la autorización para establecer el pago diferido de los montos remanentes del canon 2020, el cual se pagará dentro de los 24 meses siguientes a partir de la suspensión del cobro decretada por la Junta Directiva de Aresep.
Los pagos diferidos a que se refiere el párrafo anterior no estarán sujetos al pago de intereses ni multas. Tampoco estará sujeta a ese pago la mora sobre tractos del canon del año 2020 pendientes de pago que hayan sido dispuestos por Aresep en fechas distintas a las establecidas en este artículo.
Sin perjuicio de todo lo anterior, en caso de que Aresep ajuste el monto del canon como resultado de subejecuciones, reducción de gastos o la aplicación de otros mecanismos viables que tengan el efecto de disminuirlo aún más, o bien si el Poder Ejecutivo subsidia el pago de este canon del 2020 en atención a la situación de la pandemia relacionada con el COVID 19, el monto a pagar por parte de los concesionarios se reducirá proporcionalmente.
Esta suspensión del canon de regulación y la autorización para el pago diferido deberá igualmente aplicarse para el período 2021, en caso de que se mantengan las condiciones de declaratoria de emergencia sanitaria a raíz de la COVID 19.













