Referencia del BCCR

Tipo de cambio

Compra

₡...

Venta

₡...

Presentado por
Logo Coopealianza
Imagen principal del artículo: Ánimos caldeados marcaron regreso de diputados tras una semana de vacaciones
Foto: Maynor Solís/Asamblea Legislativa

Ánimos caldeados marcaron regreso de diputados tras una semana de vacaciones

Tras vacacionar una semana forzosamente una semana por el diagnóstico positivo de COVID-19 del diputado Gustavo Viales Villegas (PLN-P), los diputados volvieron este miércoles a Cuesta de Moras con "los tacos de frente".

Enfrentamientos intensos entre congresistas fueron presenciados a lo largo del día en la Comisión Especial que investiga a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y luego el Plenario del Congreso.

Recapitulemos.

En la comisión especial fueron recibidos los jerarcas del Ministerio de Salud y la CCSS para hablar del proceso de vacunación contra la COVID-19. Allí vimos dos acontecimientos verdaderamente penosos: en primer lugar, la diputada Shirley Díaz Mejía (PUSC-SJ) replicando una noticia falsa que señala que la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus fue responsable de una veintena de muertes de adultos mayores en Noruega.

Díaz planteó 10 preguntas en cuestión de cinco minutos, por lo que las autoridades de salud tuvieron que responder fuera de plazo. El ministro de Salud, Daniel Salas, señaló que la evidencia al respecto señala que la vacuna no fue responsable de los decesos.

La segunda congoja ya se arrastra desde hace varias semanas y el responsable es el diputado Wálter Muñoz Céspedes (PIN-SJ), quien en el Plenario legislativo afirmó que alguien le contó que alguien pagó $500 para recibir la vacuna contra la COVID-19 en la CCSS: sin nombres, sin hospital, sin área de salud, sin ningún dato que permita a las autoridades investigar ese supuesto hecho.

A pesar que el mismo día de esa afirmación la Caja le pidió al diputado presentar la denuncia correspondiente, este no lo ha hecho. En su lugar, se mantiene cerrado en su posición de que lo que dijo en el Plenario es suficiente para que la Caja abra una investigación, que en esos términos tendría que involucrar a la totalidad de su personal.

Muñoz consultó al presidente de la CCSS, Román Macaya, si después de lo que él dijo en el Plenario abrió una investigación. Macaya dijo que hacía falta información elemental para una investigación, por lo que lo más que se pudo hacer fue alertar a la Auditoría Institucional para estar atentos ante eventuales denuncias.

El diputado afirmó que no haber abierto la investigación constituye el delito de incumplimiento de deberes, lo que llevó a las diputadas Laura Guido (PAC-C) y Paola Vega (PAC-SJ) a señalarle que su posición era, entre otras cosas, politiquería, irresponsabilidad y renuncia al deber de denunciar cuando los funcionarios tienen conocimiento de hechos que constituyen un delito.

Muñoz se mantuvo centrado en que él hizo una "denuncia" en el Plenario, que solo suministraría la información necesaria cuando Macaya abriera la investigación como correspondía y que quien estaba haciendo politiquería con el tema era el PAC y el Gobierno.

LEA MÁS: Diputado que «denunció» venta de vacunas en CCSS niega información básica para investigar el caso

En el Plenario los enfrentamientos, en este caso no verbales, empezaron con la moción para que las comisiones pudieran sesionar virtualmente.

Como recordarán, semanas atrás un grupo de diputados impidió aprobar una moción impulsada por el diputado Carlos Ricardo Benavides (PLN-SJ) para extender el plazo de autorización a las sesiones virtuales de los órganos legislativos que así lo desearan, bajo argumentos de "no se me consultó" o "qué dirá la ciudadanía", entre otras tonterías.

Tras el receso forzoso de una semana por el diagnóstico positivo de COVID-19 del diputado Viales Villegas, Benavides apoyado por otros congresistas planteó nuevamente la moción, reiterando que no se trataba de una obligación a sesionar virtualmente, sino autorizar a las que quisieran hacerlo así.

La moción fue sometida a votación cuando solo había 38 diputados presentes y los independientes Nidia Céspedes Cisneros e Ignacio Alpízar Castro votaron en contra, por lo que la moción quedó rechazada al necesitar 38 votos favorables como mínimo.

Acá Benavides pareciera haber aplicado una jugada política, pues tras el rechazo de la moción de inmediato se rompió el quorum. El plazo dado para restituir el mismo permitió que ingresaran cuatro legisladores que volcaron el resultado de la votación, repetida tras acogerse una moción de revisión, con 40 votos a favor y 2 en contra, esta vez Alpízar Castro y la subjefa del PUSC, Shirley Díaz votando negativamente.

Así las cosas y por tratarse de la segunda vez que la moción era votada, su aprobación fue definitiva y quedó en firme.

Cabe resaltar que ninguno de los tres que votó en contra en las dos votaciones dio explicaciones del por qué de su voto en ese sentido.

El tercer enfrentamiento también tuvo lugar en el Plenario, cuando el presidente Eduardo Cruickshank Smith (PRN-L) anunció tras un receso de 10 minutos que tenía conocimiento de un acuerdo político entre la mayoría de las jefaturas de fracción para no conocer este miércoles la moción que haría que el presidente Alvarado tuviera que acudir al Plenario a rendir cuentas por el caso UPAD y cancelar todas las sesiones de los demás órganos legislativos.

Cruickshank optó por ratificar ese acuerdo pasando lista de las jefaturas y consultándoles su parecer. El Partido Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Restauración Nacional y el bloque independiente se manifestaron a favor. En contra se pronunció la Unidad y el Partido Integración Nacional, cuya jefa de fracción Patricia Villegas Álvarez (PIN-C) dijo que ella no fue tomada en cuenta en la reunión y que lo que se estaba haciendo le parecía inaceptable, además que no se estaba tomando el parecer del diputado José María Villalta (FA-SJ).

Cruickshank le respondió a Villegas que él no podía tomarle el parecer a alguien que estaba ausente. Por su parte, el diputado Otto Roberto Vargas Víquez (PRSC-SJ) dijo que él tampoco fue llamado a la reunión, pero que se apegaba a lo que la mayoría decidiera.

Dado que "Nueva República" no es una fracción y Cruickshank no la reconoce como tal, anunció que el resultado mayoritario era de 3 a favor de posponer el conocimiento de la moción para este jueves. Ello llevó a la diputada Patricia Villegas (PIN-C) a hacer uso de la palabra nuevamente para reprochar lo que se estaba haciendo y acusar que se estaba ninguneando a los partidos minoritarios, además de acusar al presidente de contar -convenientemente- a Nueva República como una fracción, cuando en otras ocasiones no lo consideraba como tal.

El reclamo fue secundado por Díaz del PUSC, quien afirmó que se estaba pasando por encima del acuerdo de jefaturas de fracción de la reunión formal que hubo dos semanas antes y que por eso estaba en contra de posponer el conocimiento de la moción.

Cruickshank, visiblemente molesto o harto de los reclamos de ambas diputadas (quienes formaron parte del esfuerzo que impidió aprobar la moción de sesiones virtuales antes del receso forzoso) dijo que a él le daba igual si el tema se votaba este miércoles o el jueves, pero que para dejar de perder el tiempo la sometería a votación de inmediato, y así fue.

La moción fue aprobada con 40 votos a favor y 8 en contra (fracción del PAC presente en ese momento) y una moción de revisión posterior planteada por el PAC fue derrotada, quedando definitivamente aprobada la moción principal.

El capítulo no se cerró allí, pues Patricia Villegas nuevamente pidió la palabra para hacer un fuerte regaño al presidente legislativo por la forma en la que estaba conduciendo la sesión y por supuestas faltas de respeto hacia el resto de diputados.

Cruickshank no prestó mayor atención al regaño y dio por concluido el tema, iniciando el periodo de control político.

Breves

— La Comisión de Gobierno y Administración concluyó el trámite de las 300 mociones de fondo que fueron presentadas en el primero de los dos días habilitados para ello en el trámite del proyecto de Ley de Empleo Público. Entre las últimas modificaciones sustantivas aprobadas se encuentra un cambio en el proyecto que elimina una eventual presión financiera del Estado, al subirle el salario a actuales funcionarios que tendrían un salario inferior al que tendrían al pasar al esquema de salario global. Con la moción aprobada, esos funcionarios continuarán recibiendo sus aumentos salarios y pluses como en la actualidad lo hacen, hasta que su salario equipare el salario global y a partir de ese momento sus futuros aumentos se regirán por las reglas de la nueva ley. En cambio, a los funcionarios actuales que tengan un salario mayor al salario global que les correspondería, no se les aumentará más el sueldo, hasta que su salario equipare la remuneración global para la clase de puesto que ocupan, y a partir de ese momento percibirán los aumentos bajo las nuevas reglas.