El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, en primer debate, un proyecto que permitirá prorrogar la suspensión de contratos y la reducción de jornadas laborales en el sector privado, por motivo de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.
La iniciativa, tramitada en el expediente 22.265, fue presentada el 21 de octubre por seis diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y pretendía originalmente modificar el artículo 5 de la Ley 9832 para que la cantidad de periodos de tres meses en los que se puede aplicar alguna de esas medidas pasara de los tres actuales (el primero más dos prórrogas iguales para un total de nueve meses), a cinco (el primero más cuatro prórrogas iguales para un total de 15 meses).
Este proyecto recibió una vía rápida por dispensa del trámite de comisión, por lo que fue en el Plenario donde el texto tuvo que corregirse. Allí se varió radicalmente su redacción: ya no será una reforma permanente que podría repetirse para futuras pandemias, sino que esta prórroga excepcional lo será solo para la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Asimismo, con la aprobación de un texto sustitutivo, se dejó atrás la pretensión de incluir dos prórrogas adicionales a dejarlo en solo una de tres meses. Esta, sin embargo, estará sujeta a una serie de requisitos adicionales a las que ya deben cumplir los patronos para tomar alguna de las dos medidas a su planilla de trabajadores.
Según los requisitos establecidos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solo podrá autorizar esta nueva prórroga especial cuando se cumplan requisitos establecidos en la ley 9832; cuando la persona empleadora no haya abusado de los mecanismos establecidos en la ley o incurrido en incumplimiento de la legislación laboral; cuando la persona empleadora haya sostenido el empleo de las personas sujetas a reducción de jornada, a quienes se pretenda ampliar el plazo de reducción; y cuando se demuestre que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa.
De autorizarse la prórroga, los diputados establecieron que quedará prohibido a la persona empleadora establecer horarios laborales fraccionados a la persona sujeta a la reducción de la jornada; y que cuando la reducción de la jornada sea a un porcentaje de personas trabajadoras y no la totalidad, no podrá pagar horas extra a personas trabajadoras que mantenga en la empresa, sino que deberá reincorporar a la persona con jornada reducida que se requiera.
El proyecto recibió 35 votos a favor y 4 en contra, correspondientes a Welmer Ramos, Mélvin Nuñez, Paola Vega y José María Villalta. Los dos últimos presentaron una serie de mociones para enmendar el texto, las cuales fueron rechazadas. Ambos han cuestionado la poca o nula información que se tiene sobre el efecto que tuvo la suspensión de contratos y la reducción de jornadas durante el plazo ya transcurrido de la pandemia.
Breves
— Con 19 votos a favor y 28 en contra, se rechazó dispensar de trámites el crédito de $250 millones con el BID para financiar el presupuesto 2021 y ahorrarle al país cerca de $10 millones anuales en intereses de la deuda. El PLN, a última hora (quizá por la proximidad de su Asamblea Nacional...), exigió que el presidente Alvarado exponga el plan ante el Fondo Monetario Internacional. El crédito se vence el 6 de enero próximo, día en que los diputados estarán de vacaciones.
PLN exige conocer propuesta al FMI antes de aprobar créditos para ahorrar en intereses de la deuda
— Con 39 votos a favor y 1 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 21.371, con el cual se autoriza a la Municipalidad de Cañas a donar un terreno de su propiedad al Ministerio de Educación Pública. Solo la diputada Nidia Céspedes Cisneros votó en contra...
