El Gobierno anunció el jueves 17 de setiembre  el “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia,” propuesta para negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de un financiamiento de $1750 millones. 

Al igual que en otros países, en Costa Rica se ha producido una contracción y una caída de la actividad económica debido a la pandemia. El fuerte impacto en la producción nacional, la disminución de los ingresos del estado y el aumento de las inversiones y gastos para atender la emergencia sanitaria no solo frenan el mejoramiento de las finanzas públicas en que se trabajaba, sino que también agrava el desequilibrio fiscal.

Por la anterior el poder ejecutivo presentó una “oferta de negociación al FMI” con el fin de conseguir los recursos necesarios para hacerle frente a la crisis actual.

En dicha oferta se presentan una serie de medidas ya conocidas por el pueblo de Costa Rica, pero que no han sido del agrado de la mayoría sobre todo que gran porcentaje de las propuestas se basan en nuevos impuestos, inclusive ya el 4 de octubre el señor presidente Carlos Alvarado retiró ese plan y llamó a un diálogo nacional.

Tomando en cuenta lo anterior se presentan algunas  opciones que se podrían analizar y que necesariamente no afectan impuestos y tampoco a las clases de más bajos recursos, a continuación dichas opciones, obviamente en algunos acasos se tendrán que presentar proyectos de ley.

1- Dado que el gobierno financia a las universidades públicas como mandato dado por la Constitución Política en sus artículos 84 y 85 y que el traslado al FEES en los dos últimos años superan los 500 mil millones de colones se propone lo siguiente:

  • Presentar un proyecto de ley para que se cambien los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
  • Lo que se propondría es que la universidades  sean autosuficientes, cobrando matrículas y mensualidades por materias matriculadas a todos los estudiantes en general, con tarifas universitarias de mercado, adicionalmente se estarían cobrando otros servicios prestados por los centros universitarios. 
  • A ningún estudiante se le estaría quitando la oportunidad de estudiar, al de bajos recursos se le financiaría previo análisis de su situación económica toda su carrera con un préstamo a bajo interés, para lo cual se podría fortalecer CONAPE inyectando durante los primeros años, un porcentaje del dinero que antes iba al FEES. De esta manera también se estarían beneficiando estudiantes de universidades privadas, ya que CONAPE podría facilitarles préstamos con mayores ventajas.
  • Lo anterior podría generar un ahorro para el gobierno en tres años de aproximadamente 1.8 billones de colones

2- Cobrar dividendos a las empresas estatales como el ICE, INS, Bancos Públicos, Recope y etc. Siempre se ha dicho que estas empresas son de los costarricenses, pero ¿qué le devuelven en ganancias? Si analizamos los estados financieros de esas empresas tienen billones de colones en activos y no es bien visto que algunas hasta pérdidas presenten, algo sucede y no se toman las medidas como deben de ser.

La propuesta es que estas empresas presenten sus planes estratégicos año con año con sus objetivos y metas bien definidas y de su rentabilidad que giren al gobierno dividendos como cualquier empresa privada lo haría y que los mismos serían para abonar a la deuda del estado.

De lo anterior ya había comentado el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez.

3- Revisar ciertos sectores que pagan muy pocos impuestos o definitivamente no pagan, el código de normas y procedimientos tributarios da todas las herramientas para poder actuar sobre este punto, es cuestión de voluntad y compromiso, es ver cómo están los grandes contribuyentes que presentan utilidades en cero, medianas empresas, la actividad del fútbol, etc.

4- Revisión de instituciones que realizan labores duplicadas y tomar decisiones valientes para poder hacer más pequeño en estado, punto que ya lo están analizando y pronto se presentará una propuesta del Poder Ejecutivo que se espera cumpla con lo esperado.

5- Retomar el proyecto que pretendía reunir unos ¢227.000 millones provenientes de superávits de instituciones para pagar deuda pública los superávit de las empresas y ministerios estatales para cancelación de deuda, pero lo anterior con una ley y que sea aplicable, para que dicha propuesta pueda rendir frutos y que esta ley sea aplicable para otros períodos al menos por tres años.

Todo lo anterior conlleva mucho compromiso de parte del poder ejecutivo y legislativo, pero es asunto de voluntad y toma de decisiones valientes.

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