Muchos proyectos de ley de gran beneficio para el país han logrado ser aprobados en esta Asamblea Legislativa, como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa o la Ley para la Regulación de Huelgas. Sin embargo, en la fracción del PAC parece existir una dicotomía entre lo que teóricamente esperan lograr sus proyectos de ley, y los resultados alcanzarían en la realidad.

La llamada Ley contra la Usura, proyecto del diputado Welmer Ramos del PAC, fue aprobada en el congreso en julio pasado, a contrapelo del criterio de especialistas, bancos y entidades financieras. Advertían el riesgo de desbancarización de un sector de nuestra economía y los peligros de excluir de créditos a un grupo de la población.

Teóricamente, las entidades crediticias no debían aprovecharse más de la población a semejantes tasas de interés, pero en la práctica, una vez aprobada la ley más de 100.000 personas quedaron sin acceso a crédito en plena pandemia, tal como lo habían indicado los bancos.

Recientemente se dictaminó positivamente en la Comisión de Asuntos Económicos el proyecto de la diputada Paola Vega para imponer cargas sociales a las plataformas digitales de reparto.

No importa cuántos trabajos generen estas empresas, teóricamente estos colaboradores deben estar asegurados y no se les ocurre otro para pagar dichas cargas que las plataformas de intermediación, llámese Uber, Glovo o Rappi. Tampoco importa que entre ellos solamente exista una relación de servicio y no una obrero-patronal, para el PAC los grandes capitalistas son los que deben pagar.

Ahora nos regalan su última joya, que es otro proyecto de varios diputados del PAC para gravar las zonas francas, poniendo en riesgo uno de los últimos bastiones de fuentes de empleo bien remuneradas y con un alto encadenamiento productivo, sin mencionar los cuantiosos aportes al INA y CCSS.

Esta es otra gran propuesta del PAC para la "reactivación económica", que parte de la teoría que estas empresas nunca se van a ir por razones que desconocemos, cuando la realidad es que muchos países, como nuestro vecino Panamá, les darán la bienvenida con condiciones mucho más favorables.

Es sorprendente que una minoría de 10 diputados sin experiencia en el mundo privado, mayormente burócratas, sean tan excelentes operadores políticos, de tal manera que hayan sido capaces de introducir reformas tan peligrosas para nuestro país con la venia de los partidos de oposición.

¿Por qué tanto empeño en destruir lo que queda de nuestra economía a costa de políticas que teóricamente parecen ser de "justicia social"? Son tan populares y parecen ser tan prometedoras en papel, pero en la realidad no ayudan a la inversión, el empleo y los problemas reales que afronta nuestro país.

Fortalecer un monopolio en una banda clave sería un total contrasentido en este modelo exitoso y como tal, las acciones que hoy comiencen a tomar las autoridades –Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y el MICITT- tienen que orientarse hacia recuperar el espectro clave de 5G y ponerlo a disposición en igualdad de condiciones. No hacerlo es supeditar el futuro de la conectividad y competitividad en el país.

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