Por Erick Pérez Leandro - Estudiante de la carrera de Administración de Negocios

Todos los que vivimos en Costa Rica debemos, por mandato constitucional, contribuir con el desarrollo económico y social. En el nuevo orden mundial, debemos aceptar los cambios que traen consigo las invenciones tecnológicas, que nos obligan a modificar nuestra forma de pensar y de actuar. Los procesos productivos en todas las formas materiales e intangibles están modificándose, formando parte de la tendencia mundial de cambio en el modo de hacer empresas, y fortaleciendo significativamente el dinamismo de las economías de los países, como lo refiere el Banco Interamericano de Desarrollo (2016) en su informe sobre economía colaborativa.

Aun cuando estas empresas ayudan a ciertos sectores de la población atenuando necesidades económicas y sociales, el gobierno debe concertar el orden legal, incluso enfrentándose a grupos que se creen “afectados por la tendencia”. Por ejemplo, surge esta cuestión: ¿cuánta controversia trajo a nuestro país que Uber o Airbnb se establecieran por medio de sus plataformas digitales en la economía nacional? El impacto de la nueva forma de hacer negocios ha hecho temblar cimientos desde lo académico, hasta lo social y cultural en nuestro país.

Legalmente, un servicio de transporte de personas remunerado debe ser exclusivo de los taxis concesionados o autobuses. Sin embargo, como Uber con su plataforma y otras empresas que ofrecen este servicio han sido bien aceptados por la sociedad, la circunstancia adicionada está marcada, porque necesariamente el país debe ajustarse a la realidad y no a la regulación; este debería ser el efecto, según lo dice Soto (como se citó en Oreamuno, 2018), cuando indica que por esta razón “los oferentes son empujados y mantenidos en la informalidad” (párr. 1). La informalidad, aunque contribuye a sustentar necesidades reales de la población, no lo hace sustancialmente con las arcas del fisco.

El gobierno hasta hoy no ha regulado actividades informales, como los servicios de Uber y similares, salvo a Airbnb, con el impuesto recién preceptuado, del IVA, ICT y a las municipalidades. Hacienda había aludido que, al entrar la nueva ley fiscal, estos servicios serían grabados, pero aún no se ha hecho, posiblemente porque “legitimaría” un servicio informal en el acto. No obstante, Oreamuno (2018) señala que no precisamente cobrarle el IVA a Uber legaliza la plataforma, pero el Estado sí podría perder su legalidad para perseguirla. El erario también pretende incluir la categoría de servicios transfronterizos para aplicarle a las plataformas digitales, pero por razones técnicas en ajuste, aún no están disponibles para ejercer el cobro.

¿Qué cambio habría para el país, si los servicios mediante las plataformas digitales se regulan? La respuesta es simple, con estos servicios hay un movimiento económico. Empero, estas actividades no aportan al fisco. Ante la regulación, las condiciones de empresa y colaboradores se ordenarían y el Estado recibiría lo que le corresponde. Hacienda requiere recursos, el Estado debe aligerar y dinamizar los mercados mediante políticas que ayuden a las empresas a desarrollarse y competir; y estas, públicas y privadas, mostrar talento e innovación.

MOXIE es el Canal de ULACIT (www.ulacit.ac.cr), producido por y para los estudiantes universitarios, en alianza con el medio periodístico independiente Delfino.cr, con el propósito de brindarles un espacio para generar y difundir sus ideas.  Se llama Moxie - que en inglés urbano significa tener la capacidad de enfrentar las dificultades con inteligencia, audacia y valentía - en honor a nuestros alumnos, cuyo “moxie” los caracteriza.

Referencias bibliográficas:
  • Banco Interamericano de Desarrollo. (2016). Economía colaborativa en América Latina. https://publications.iadb.org/es/economia-colaborativa-en-america-latina
  • Oreamuno, J. M. (2018, 27 de abril). ¿El IVA legaliza a Uber? El Financiero. https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/el-iva-legaliza-a-uber/VRDDJMDVUNBHDEJZKR3QZ63I5U/story/