Como ya les informamos, la noche del martes nueve de los once diputados de la Comisión de Hacendarios votaron en contra del presupuesto nacional 2021 tras no lograr los recortes por 120-150 mil millones de colones que se habían planteado, ya que por disposición reglamentaria las mociones no votadas a las 11:30 pm del 20 de octubre de cada año en la Comisión, se tendrán por automáticamente rechazadas.
Ante este escenario los pasillos legislativos, redes sociales (y hasta en las redacciones de medios de comunicación) ha surgido la pregunta ¿qué va a pasar ahora?
Pues bien. En este reporte pretendemos dar alguna luz sobre la situación, sin embargo, debemos señalar desde el inicio que hay preguntas que -al momento en que se escribe este reporte- aún no tienen respuesta.
Empecemos por lo básico.
A diferencia de, por ejemplo, países como Estados Unidos; en Costa Rica no existe la posibilidad legal de que la Asamblea Legislativa rechace el presupuesto nacional. Así lo dispone la Constitución Política en el artículo 178 al decir:
El proyecto de presupuesto ordinario será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, a más tardar el primero de setiembre de cada año, y la Ley de Presupuesto deberá estar definitivamente aprobada antes del treinta de noviembre del mismo año.
Que la Constitución imponga como fecha máxima para aprobar el presupuesto el 30 de noviembre de cada año, conlleva por defecto que la fecha máxima para aprobarlo en primer debate sea el 27 de noviembre de cada año. Así está establecido, además, en el artículo 205 del Reglamento del Congreso.
¿Qué pasa si no hay quórum o este se rompe antes de la votación? El proyecto se tendrá por aprobado automáticamente a las 11:55 p.m. del 27 de noviembre en primer debate; y a las 11:30 pm del 30 de noviembre en segundo debate.
¿Hay antecedentes de una mayoría rechazando el presupuesto en Comisión?
Sí. Los registros históricos muestran que en el año 2011 la oposición al gobierno de doña Laura Chinchilla se unió para votar negativamente el proyecto de Presupuesto Nacional 2012 en la Comisión de Hacendarios, por considerar que el mismo estaba desbalanceado entre gastos e ingresos, con el consecuente aumento del déficit fiscal. O sea, algo como lo que estamos viendo ahora en 2020.
De este modo, la oposición presentó un dictamen de mayoría negativo que recomendaba rechazar el presupuesto; mientras que Liberación Nacional presentó un dictamen afirmativo de minoría, recomendando aprobarlo.
En el 2011 también se dio la discusión de qué ocurría cuando una mayoría en la Comisión de Hacendarios votaba negativamente el presupuesto ordinario: ¿se prorroga el presupuesto del año vigente hasta que se apruebe uno nuevo? ¿el Gobierno debe operar con el mismo presupuesto e irlo modificando con presupuestos extraordinarios el año siguiente?
Las respuestas a esas interrogantes están en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de la Constitución Política de 1949 vigente. En 2011, la entonces directora del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, Gloria Valerín, las citó en un criterio que emitió a raíz de una consulta de la diputada Jeannette Ruiz Delgado cuando la oposición votó negativamente en mayoría.
Según se desprende de dichas actas, los Constituyentes originales rechazaron total y absolutamente la idea de mantener vigente la práctica de ese entonces de que ante el rechazo del proyecto de presupuesto del Ejecutivo, el vigente se prorrogara y se fuera modificando vía presupuestos extraordinarios.
En su lugar, tras intensas discusiones, se aprobó una moción que dejó plasmada la redacción actual: el Ejecutivo está obligado a presentarle al Congreso el proyecto el 1 de septiembre y la Asamblea está obligada a aprobarlo como Ley de la República a más tardar el 29 de noviembre.
Actuar en contrario constituiría lo que se conoce como una "situación de hecho" y una violación flagrante a la literalidad del texto Constitucional, así como de la voluntad de los constituyentes del 49.
Ahora bien, en este caso donde nuevamente existe una mayoría que se opone al proyecto, surge la duda de qué ocurrirá si esa mayoría se impone en la votación de Plenario. Mientras Ana Lucía Delgado, diputada del PLN, afirmó que el tema deberá resolverlo el Departamento de Servicios Técnicos mediante una "larga resolución"; la diputada oficialista Laura Guido reiteró que por Constitución el presupuesto no puede ser rechazado.
¿Qué dicen los criterios jurídicos disponibles?
En 2011, Servicios Técnicos emitió el criterio anterior que, además de lo ya mencionado, contiene los siguientes señalamientos de relevancia para este caso:
- Quienes firman un dictamen negativo para un proyecto de presupuesto ordinario podrían acompañar dicho dictamen de una recomendación de presupuesto a aprobar. Sin embargo, sería un esfuerzo inútil pues el dictamen negativo, como su nombre lo dice, tiene como fin que el proyecto sea rechazado. Si se desea que la recomendación de texto a aprobar sea efectivamente aprobada, el dictamen no puede ser negativo, sino afirmativo.
- Si esa mayoría opta por presentar un dictamen afirmativo con un texto de presupuesto diferente al que efectivamente salió de la Comisión de Hacendarios, el Plenario debe -mediante moción de orden- convertirse en comisión general para acogerlo y mocionarlo. Lo contrario significaría pasarle por encima y desnaturalizar el propósito de las comisiones. La misma regla aplica para cualquier otro dictamen afirmativo que quiera plantear un texto diferente al que debió salir de la Comisión.
- Ningún proyecto de Presupuesto puede ser archivado aunque la Asamblea Legislativa conozca primero y vote favorablemente el dictamen negativo. En esa inteligencia, el dictamen que de seguido debe conocerse en el Plenario es el dictamen afirmativo.
- Si a las 11:55 pm del 27 de noviembre la discusión no se ha agotado y no se ha votado el dictamen afirmativo, se tendrá por aprobado automáticamente en primer debate.
- Si a las 11:30 pm del 29 de noviembre la discusión en segundo debate no se ha agotado, se considerará aprobado automáticamente y el texto que entrará a regir como Presupuesto Ordinario de la República será el texto base de discusión con todas las mociones aprobadas tanto en la Comisión de Asuntos Hacendarios como en el Plenario.
Acá cabe mencionar que Juan Carlos Mendoza García, presidente del Congreso en ese tiempo, ignoró el criterio de Servicios Técnicos: el Plenario aprobó el dictamen negativo de mayoría (que no tenía contenido presupuestario) y, por ende, él emitió una resolución en la que informaba que quedaba aprobado el proyecto del Ejecutivo con las modificaciones hechas en la Comisión de Hacendarios y el Plenario legislativo, en lugar de someter a discusión y votación el dictamen afirmativo de minoría del PLN.
Por otro lado, en el 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que "una votación negativa que impediría la aprobación de la Ley de Presupuesto (...) produciría una violación de la Constitución, con posibilidad real de parálisis del Estado".
De este modo, la Abogacía del Estado señaló que cualquier votación que la Asamblea haga sobre un presupuesto ordinario, aunque sea mayoritariamente negativa, debe entenderse que es a favor de la aprobación del plan de gastos, pues la Constitución impone el deber de aprobación.
Situaciones jurídicas similares se presentan en Bolivia (artículo 147 de la Constitución); Colombia (artículo 348), Ecuador (artículo 295) y Panamá (artículo 272). En todos esos países se señala que si el Congreso no aprueba el presupuesto en el plazo máximo previsto, se tendrá por aprobado el plan inicial presentado por el Ejecutivo.
El cambio de criterio de Servicios Técnicos
Fernando Campos, actual director del Departamento de Servicios Técnicos emitió el 20 de octubre -a solicitud del diputado Gustavo Viales- un criterio sobre qué ocurrirá si para el trámite del presupuesto 2021 se presenta un dictamen negativo de mayoría y este es aprobado en el Plenario; entre otras interrogantes.
En tan solo dos páginas y sin citar jurisprudencia de ningún tipo, Campos varió el criterio de su Departamento sostenido desde el año 2011 y afirmó que si se aprueba el dictamen negativo de mayoría, no se debe conocer el dictamen afirmativo de minoría; sino que quedará aprobado el texto a como salió modificado de la Comisión de Hacendarios.
¿Hay antecedentes donde el Plenario "rechace el presupuesto"?
Sí, pero fue anulado. Este polémico caso ocurrió en el año 2014 y se le conoce como "cuando Henry Mora aprobó unilateralmente el presupuesto del año 2015", el cual fue llevado a la Sala Constitucional en dos ocasiones: una cuando se aprobó en primer debate, y la otra cuando ya era Ley de la República, buscando su anulatoria.
Ese caso se resume en que Henry Mora, como presidente del Congreso, sometió a votación los dictámenes afirmativos presentados sobre el presupuesto del 2015 sin discusión previa, pero sin que se estuviera en el día y hora límite señalada en el Reglamento y la Constitución para proceder de tal forma. Todos los dictámenes fueron rechazados, por lo que Mora sometió a votación el texto original del presupuesto planteado por el Poder Ejecutivo, el cual también fue rechazado. Sin embargo, él mediante una resolución dio por aprobado el texto original del Gobierno.
Al revisar esos acontecimientos, con el voto del año 2015, la Sala Constitucional sepultó la hipótesis de que ante un rechazo del presupuesto presentado por el Ejecutivo por parte de la Asamblea, debía entenderse que se tenía por prorrogado el presupuesto del año vigente. Como ya dijimos, esa fue una idea que se discutió durante el trámite de la Constitución Política de 1949 y fue total y absolutamente rechazada.
"No es posible prorrogar una Ley de presupuesto ordinario vigente para el año subsiguiente, porque estaría yendo en contra de la voluntad de los constituyentes", dice la sentencia.
En efecto, corresponde al Poder Ejecutivo presentar el proyecto de ley de presupuesto ordinario todos los primeros de septiembre de cada año de conformidad con el numeral 178 constitucional, y recibir su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa antes del treinta de noviembre de cada año, con lo que se convierte en una actividad estatal única en donde ambos Poderes están en el deber de ajustarse a lo dispuesto por el Derecho de la Constitución.
La Sala continuó desarrollando en esa sentencia el por qué los diputados tienen prohibido rechazar el presupuesto nacional:
"Es claro para este Tribunal que pesarán, como ha ocurrido en el pasado, las mayorías parlamentarias, pero principalmente la institucionalidad democrática de la cual el costarricense debe estar muy consciente, pero especialmente quienes son miembros del primer Poder de la República, en el sentido de que las instituciones no actúan a favor propia, o de sus interés partidistas, sino a favor del bien común; bien común que indisolublemente está ligado al respeto del Derecho de la Constitución".
Así las cosas, los magistrados afirmaron que ni los actores políticos ni la Sala Constitucional pueden ni deben optar por soluciones distintas a las que estableció el constituyente, reiterando entonces que los diputados tienen el deber indeclinable de aprobar el presupuesto nacional.
¿Entonces por qué se declaró inconstitucional? Porque la decisión de Henry Mora, a raíz de un acuerdo de jefes de fracción, de no someter a discusión los otros dictámenes ni el texto original del Ejecutivo, sin que se estuviese en las fechas fatales establecidas, constituyó un vicio de procedimiento no subsanable.
El procedimiento que, según la Sala, se debe seguir
Acá es donde el tema se complica un poco más.
Al revisar lo actuado por Henry Mora en aquella ocasión, la Sala Constitucional no solo dijo que lo hecho por él fue incorrecto; sino que también definió cuál era el procedimiento que la Asamblea debió haber seguido para el caso en el que los dictámenes fueran rechazados: "A juicio de la Sala, puesto a discusión y desechados todos los dictámenes afirmativos de mayoría y los dos de minoría, también debió abrirse a discusión el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, siempre y cuando no hubiese llegado la hora y fecha límite para la aprobación automática que fija el Reglamento de la Asamblea Legislativa en primer debate".
Según la Sala, mientras la Asamblea cuente con el plazo fijado por la Constitución y el Reglamento, habiéndose rechazado los dictámenes, es válido ensayar cualquier otro ejercicio democrático del poder político en el plenario.
"El presidente de la Asamblea Legislativa debió abrir a discusión, ofrecer la palabra, y los diputados, si a bien lo tenían, ejercer el derecho al uso de la palabra, la potestad de enmienda, presentando las mociones que consideraban pertinentes, incluida la moción de orden para convertir el plenario en comisión general para modificar el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en el trámite de primer debate", agrega.
Para la Sala, no es válido decir que al haberse conocido y desechado los dictámenes la oportunidad para discutir el proyecto presentado por el Ejecutivo y presentar mociones ya había pasado; que era suficiente la discusión que había tenido el proyecto, y que los diputados ya no tenían la oportunidad de mocionar, ni de presentar la moción de orden para convertir el plenario en comisión general.
El presidente de la Asamblea Legislativa al introducir el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, es claro que estaba sometiendo un asunto nuevo al plenario, por lo que debió ponerlo a discusión para que los parlamentarios pudiesen ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico parlamentario les otorga.
Una vez en la fecha límite para su aprobación en el trámite de primer debate, por mandato reglamentario, ahora sí, se debía tener por aprobado el proyecto que en ese momento estuviera en discusión.
Se tiene entonces una discrepancia entre el procedimiento que -según la Sala- se debe seguir; respecto al que los criterios y resoluciones del Congreso han señalado en 2011, 2014 y ahora 2020.
Entonces, recapitulemos:
Hay una mayoría opositora que votó en contra el presupuesto 2021 en la Comisión de Hacendarios. Esa oposición debe definir:
- Si presentará un dictamen afirmativo con el texto a como salió de la Comisión.
- Si presentará un dictamen afirmativo con más modificaciones, no aprobadas en la Comisión, las cuales el Plenario puede acoger si aprueba una moción para convertirse en Comisión General.
- Si presentará un dictamen negativo que operará como una mera declaración política del rechazo al Ejecutivo.
El PAC, por su parte, ya anunció que su dictamen seguirá más o menos el segundo punto: presentará un dictamen afirmativo de minoría, pero no con los recortes salidos de Hacendarios, sino con los recortes por 150 mil millones que en este momento está definiendo el propio Ejecutivo. De igual forma, esos recortes pueden ser acogidos por el Plenario si se convierten en Comisión General.
Dato D+: Hay plazo hasta el 25 de octubre a las 11 pm para presentar los dictámenes al presupuesto.
El presidente de la Asamblea Legislativa deberá definir:
- Si se apega al criterio de 2011 del Departamento de Servicios Técnicos que dice que ante la aprobación de un dictamen negativo de mayoría, se debe votar -y aprobar- el dictamen afirmativo de minoría.
- Si se apega al nuevo criterio del Departamento de Servicios Técnicos que parece haberse originado por la resolución del 2011 del entonces presidente Juan Carlos Mendoza, con la cual tras la aprobación del dictamen de mayoría negativo dio por aprobado el presupuesto a como fue presentado por el Ejecutivo, más las modificaciones hechas en Hacendarios y el Plenario; sin someter a discusión ni votación el dictamen de minoría.
- Si se apega a la resolución de la Sala Constitucional que dice que, ante el rechazo de los dictámenes y quedando tiempo disponible, el proyecto original del Gobierno debe discutirse en el Plenario, y abrirse la posibilidad de modificarlo con mociones.
Este último punto tiene algo relevante: las resoluciones de la Sala Constitucional son vinculantes para todos, salvo para ella misma; así que un diputado respetuoso del ordenamiento jurídico debería, de presentarse la disyuntiva, optar por la tercera.
El Plenario deberá definir:
- Si se convierte en Comisión General para acoger los textos propuestos por la oposición en su eventual dictamen afirmativo de mayoría; o el propuesto por el oficialismo con su dictamen de minoría afirmativo.
- Si aprueba la moción para convertirse en Comisión General y abre el plazo de 5 días para mocionar sobre el texto a como salió de la Comisión de Hacendarios.
Pesca de arrastre, arrastrada por el quorum
¿Mensaje del destino? Por tercer día consecutivo, el proyecto que pretende reactivar la pesca de arrastre de camarón no logró ser votado en el Plenario legislativo: el lunes porque los actos religiosos para inaugurar el nuevo edificio consumieron el tiempo que debía usarse para leer la resolución de la Sala IV; el martes porque no hubo sesión para el trámite del presupuesto en Hacendarios, y este miércoles por ruptura del quórum después del receso para almorzar.
Aunque la sesión arrancó con 50 diputados presentes, después del receso solo 36 llegaron al Plenario, dos menos que la cifra mínima requerida para poder continuar laborando; por lo que la sesión se levantó y se convocó a este jueves a las 9:15 am.
De los 21 diputados ausentes, 17 sí se habían apersonado al Plenario y los otros cuatro no llegaron del todo. Esos 17, en tesis de principio, deberían perder la dieta de este miércoles, sin embargo, un grupo de ellos ya presentó una gestión ante Eduardo Cruickshank para que les justifiquen la ausencia, pues afirman que los elevadores exclusivos para diputados fallaron.
Sí, el super moderno y costoso edificio sigue dando problemas. Y no se trata de una excusa rebuscada, efectivamente un trayecto en elevador desde el último piso hasta el sótano donde sesiona el Plenario puede demorar muchos, muchos minutos... ¿Y por qué no usan las escaleras? Pues porque inicialmente solo se permitía su uso por motivos de emergencia...
La poca discusión que hubo del proyecto nos dejó la joya del diputado Mélvin Nuñez (Puntarenas, PRN), quien dijo que la fauna de acompañamiento (FACA) que es capturada por la pesca de arrastre no debe ser desechada, sino que puede aprovecharse para hacer "croquetas para gatos".
Antes de la ruptura del quorum, la moción de las diputadas Zoila Volio y María Vita Monge que proponía que el Congreso ratificara, sin condiciones y de manera categórica, el respeto a la institucionalidad democrática y el respaldo al llamado al diálogo por medio de las vías institucionales, fue sometida a votación.
31 diputados votaron a favor, 16 lo hicieron en contra: el PUSC (menos Oscar Cascante y Maria Vita Monge); el PIN, los tránsfugas fabricistas, Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Franggi Nicolás.
Los que se opusieron alegaron que la moción "violaba" el derecho constitucional de reunión, pero convenientemente ignoraron señalar que la Constitución dice que ese derecho lo es para fines pacíficos y lícitos, cosa que no es posible con un grupo criminal y sedicioso...
Asimismo, con 39 votos a favor y 11 en contra (PAC+Yorleny León del PLN) se aprobó la dispensa de trámites al expediente 22.085 que rebaja el monto del Impuesto a la Propiedad de Vehículos que se cobra en el marchamo. En la discusión de dicha moción varios diputados pidieron un criterio para saber si aprobar este proyecto, sin excluirse del beneficio, podría devenir en que les abran un proceso penal por legislar en beneficio propio...












