Costa Rica es un país reconocido en todo el mundo por su compromiso con los Derechos Humanos, el Desarrollo Sostenible y la protección del ambiente y por haber privilegiado la paz, la salud y la educación. Sin embargo, los grandes logros de Costa Rica y de muchos otros países, se ven actualmente comprometidos por la pandemia de COVID-19: una crisis sin precedentes en el mundo moderno que amenaza con retroceder los avances alcanzados a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Está claro que la educación es la vía clave para salir de la pobreza. Sin embargo, el acceso desigual a una educación moderna y de calidad es uno de los mayores desafíos en el mundo actual, revelado más claramente por la pandemia de COVID-19, que ha causado la mayor interrupción de la educación en la historia.
En muchos países y Costa Rica no ha sido la excepción, la pandemia ha obligado a la suspensión de clases presenciales en escuelas e instituciones educativas y ha hecho necesario trasladar la educación a sistemas virtuales y alternativos para no detener el proceso de aprendizaje de millones de niños, niñas y jóvenes.
Esto ha representado un gran reto para los países, pues nadie se imaginaba que en tan poco tiempo un virus pusiera a todo el mundo contra las cuerdas. Capacitación a docentes, traslado y adaptación de programas, uso de nuevas tecnologías y acceso a equipos y conexiones adecuadas de Internet han sido los desafíos claves a los que Costa Rica ha tenido que hacer frente.
A pesar de los esfuerzos para atender vía digital a estudiantes, es evidente que muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso real y eficiente al proceso educativo. De una población escolar de alrededor de 1 millón, se estima que solo cerca del 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada por el MEP, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y 40% de estudiantes no ha tenido acceso a equipo electrónico y conectividad a Internet, situación mucho más común en las poblaciones más vulnerables y rurales.
Como agravante, muchas de estas niñas y niños viven en condiciones de pobreza extrema, afectados por la falta o la pérdida de empleo por parte de sus padres, madres o cuidadores, padecen distintos tipos de violencia y quedan expuestos a serios problemas sociales. El MEP ha informado que se ha perdido el rastro a cerca de 91,000 niñas y niños desde que inició la pandemia, lo cual implica un serio riesgo de exclusión del sistema educativo durante este año 2020.
Este es un reto clave y más todavía si consideramos las desigualdades que enfrentan diversas poblaciones en Costa Rica: el último censo realizado en el país demuestra que sólo un 13% de las personas indígenas se gradúa del colegio, solo 60% asiste a centros educativos y cerca del 41% tiene rezago escolar. La población afrodescendiente es el grupo poblacional con mayor secundaria incompleta (49% versus 45% de la población total) así como con menor universitaria completa (9% versus 15%).
Tenemos que salir a buscar uno a uno a cada estudiante que no se ha reportado. Indagar los motivos y ofrecer las condiciones necesarias para retomar su educación formal".
Si no intensificamos nuestros esfuerzos para corregir estos desequilibrios, corremos el gran riesgo de profundizar aún más la desigualdad y la discriminación por las que el país ha realizado tantos esfuerzos para remediar.
Este es el momento oportuno de activar las alertas tempranas para atender estas disparidades e identificar a estos niños, niñas y jóvenes que han perdido contacto con sus centros educativos. No debe ser una responsabilidad exclusiva del MEP, ni siquiera del propio Estado Costarricense. Es un trabajo que nos corresponde a todos y todas: comunidades, sector privado, sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, gobiernos locales y cooperación internacional.
En este momento crítico para el sistema educativo costarricense, pero sobre todo para las niñas y los niños que son la razón de ser del propio sistema, debemos salir a buscar uno a uno a cada estudiante que no se ha reportado e indagar los motivos y ofrecer las condiciones necesarias para retomar su educación formal. Ningún país del mundo puede darse el lujo de tener una generación perdida.
¿Cómo podemos contribuir?
Muchas personas en diversas comunidades de Costa Rica ya están tomando acción decidida para enfrentar esta realidad: las redes sociales nos cuentan cómo se ofrece conexión de Internet gratis para estudiantes en barrios rurales, computadoras para hacer trabajos, espacios para estudiar, impresión gratuita de tareas, entre otras iniciativas. Vemos entonces cómo el tejido social se recompone buscando alternativas para brindar apoyo a las niñas, niños y adolescentes para que continúen con su proceso educativo. Estas muestras de solidaridad y compromiso nos hacen creer en que es posible articular los esfuerzos para que la educación sea un derecho cumplido para todas y todos.
Estas muestras de solidaridad no deben ser únicas. Todos los sectores y personas pueden contribuir. El sector privado puede apoyar los esfuerzos públicos para expandir la conectividad y proporcionar equipos para invertir en sus socios mañana. Las compañías también pueden enfocar sus acciones de responsabilidad social empresarial (RSE) en el trabajo de sus comunidades para apoyar a estudiantes que lo necesiten.
Las Asociaciones de Desarrollo Comunal pueden identificar espacios para proveer conectividad para estudiantes de la zona. Los gobiernos locales pueden activar sus redes de contactos a nivel local para movilizar aportes privados que se enfoquen en llevar recursos educativos a quienes los necesiten. Los partidos políticos pueden incidir en sus representantes a todos los niveles para que los fondos para educación no se vean afectados. Las organizaciones de sociedad civil a en ámbitos locales pueden ayudar a monitorear las condiciones de estudiantes y proponer acciones para responder a sus requerimientos. Los sindicatos pueden movilizar a su gran base local para impulsar acciones de solidaridad en cada comunidad de Costa Rica.
Desde Naciones Unidas acompañamos el MEP en la capacitación de docentes, brindamos acceso a plataformas y recursos educativos y estamos acompañando al país en la generación de protocolos para un retorno seguro a las clases presenciales. Así mismo reafirmamos el mensaje lanzado por diversas agencias de la ONU de urgir a los Estados a invertir de nuevo en la educación y a dar prioridad a la reapertura escolar cuando se levanten las restricciones impuestas por la pandemia. El 25% de los países aún no tiene fecha para el regreso a la escuela con los efectos negativos que los cierres prolongados causados por la pandemia implican para la educación.
Este momento difícil debe ser una oportunidad para innovar y seguir avanzando en las acciones que el país ha emprendido para acabar con la exclusión escolar. Debe ser un momento clave para tomar decisiones enfocadas en acabar con las desigualdades educativas, fortalecer los nuevos modelos de educación presencial y también virtual. Estamos claros que la pandemia ha acelerado muchos procesos y cambiará la educación para siempre. Esto puede ser una gran oportunidad para mejorar aún más la calidad y disminuir la inequidad en el acceso a la educación.
Reconocemos el importante paso que Costa Rica está dando en este camino al impulsar el Programa Nacional de Alfabetización Digital, enfocado en consolidar el financiamiento para equipo y conexión a estudiantes y centros educativos, con el fin de darles mejores condiciones y competencias para así revertir la desigualdad educativa.
Desde las Naciones Unidas nos sumamos a este gran desafío y esfuerzo nacional y expresamos nuestro compromiso con el Gobierno, con el Estado y con toda la sociedad costarricense para asegurar que ningún niño, niña y joven se quede atrás.
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