Contrario el discurso oficial, no se están repartiendo las cargas justamente ni se presentó una propuesta balanceada al FMI. Se entiende la gravedad de la situación, por lo que las medidas temporales propuestas podrían ser digeridas si vinieran con una reforma del Estado y recorte fuerte del gasto corriente. Pero no es así.
Se entiende la urgencia de buscar financiamiento en el FMI, lo que no se comparte es la receta para garantizar que se le pagará al FMI lo que nos presta. Y se sabe y entiende que es absurdo culpar al FMI, al final de cuentas, somos nosotros quienes los buscamos y somos nosotros quienes planteamos libremente la forma en que le vamos a pagar.
Lo que no se entiende es que a poco más de un año de la entrada en vigor de la reforma fiscal, que recayó sobre el sector productivo nacional que ya paga impuestos, en media pandemia, con desaceleración económica y desempleo e informalidad a la vanguardia, el gobierno de la República presenta como solución a la crisis fiscal que enfrenta, más impuestos.
Para todos es claro que es necesario el Estado y sus instituciones democráticas, como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, nuestra valiosa Fuerza Pública o la inversión en educación pública. Pero para conservarlas, es necesario eliminar aquellos gastos e instituciones que son ineficientes e improductivas.
Olvida el Gobierno, los sindicatos, algunos diputados y funcionarios de las universidades públicas, que la suma de 0 es 0. Sin contribuyentes, sin sector privado formal, no hay impuestos que recaudar.
Pero una vez más, la solución sencilla ante el problema del enorme aparato Estatal y su voracidad de recursos, es la de trasladar la factura a quienes ya pagan la factura con creces. La reciente reforma fiscal quedó en promesas de reforma al Estado y el empleo público, que nunca se materializaron, y hoy vuelven con promesas de recorte y contención del gasto de la mano de más impuestos.
Contrario al cuento novelesco y falaz de la “larga noche neoliberal”, en los últimos 30 años el sector público no hizo más que crecer y crecer, hasta alcanzar más de 320 instituciones públicas, muchas duplicadas como por ejemplo la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por citar un caso. Si una entidad no sirve o perdió su interés público, se transforma o se sostiene hasta el final, cargando la factura en el contribuyente, como pasó con el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
La “larga noche neoliberal” creó, a hoy, más de 100 tributos diferentes y una de las cargas sociales más altas, incluso entre miembros de la misma OCDE, para disque combatir la pobreza. Ni hablar el aumento en los presupuestos para educación, sobre todo el FEES, que es millonario.
En un escenario de crisis como el actual, y con poco margen en el lado del ingreso, debería discutirse una venta más ambiciosa de activos del Estado. Lleva lógica discutirlo, cuando estamos hablando de sostener instituciones necesarias, el gasto social o la tan necesaria inversión en infraestructura.
Sin embargo, con un desempleo del 25% y una informalidad del 50%, pretende este Gobierno dar el tiro de gracia con aumentos generales en las tarifas del impuesto al salario, recientemente ya aumentadas. ¿Así paga la formalidad el gobierno? Y para rematar, aumentar al triple el ya alto impuesto sobre bienes inmuebles que no grava el ingreso.
Pero la discusión se sigue enturbiando cuando en un programa radial altos funcionarios del ministerio de Hacienda señalan que la recaudación fiscal con relación al PIB es cerca de un 12%, cuando en realidad es cercana al 24%. Tal vez olvidaron incluir las contribuciones a la seguridad social, tributos que implican un costo altísimo en la generación de empleo.
Hoy el Gobierno olvida las recomendaciones de la OCDE de revisar las tarifas de impuesto sobre la renta a las sociedades en Costa Rica, al ser más altas que el promedio mismo de la OCDE o Estados Unidos. En nuestro país, una empresa tiene dos niveles de tributación, uno a nivel societario con una tarifa del 30% sobre las utilidades y otro a nivel del accionista, con un 15%.
Esto lleva la carga fiscal a un 40.5% a nivel del accionista. Sin embargo, el Gobierno hoy plantea subir el impuesto a las utilidades hasta un 36%, convirtiendo la tributación total cercana al 50%. A lo que debe sumarse el pago del impuesto de patente municipal, cargas sociales y el resto de los impuestos y burocracia.
La mejor reforma fiscal es un mayor dinamismo económico, con un buen clima de negocios, seguridad jurídica y facilidades para la inversión y el emprendimiento. Pero la realidad nacional es otra, nos sumergen en una burocracia agobiante y costos altos. ¡Hay que luchar contra la burocracia para ser formal!
Se extrañan propuestas para controlar la evasión aduanal, conocida por propios y extraños, así como ampliar los funcionarios en la Dirección General de Tributación que se encargan de fiscalizar. Hasta hace poco, la subdirección de Fraude Fiscal tenía menos de 10 personas.
En un mundo globalizado, es muy sencillo invertir o moverse a otra jurisdicción más amigable y segura, pero parece que esto no lo han entendido. Dentro de lo único positivo fue que se descartara el populista, irresponsable y técnicamente desastroso proyecto de renta mundial de Welmer Ramos.
El debate nacional no puede seguir con prioridades inversas, pero sobre todo no se puede seguir permitiendo que se desdibuje el contrato social con relación a los deberes que tiene el Estado con sus ciudadanos y la forma de financiarlo. Hemos pasado a un modelo del Estado como un fin en sí mismo, y no del Estado como necesidad para el servicio colectivo.
Todo tiene su punto y parece que lo hemos tocado. La hora de ser valientes y reformistas ha llegado, tanto al Gobierno como los diputados.
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