Por Génesis Mora – Estudiante de la carrera de Derecho
El modelo de financiamiento político en Costa Rica se cataloga como mixto, dado que existen dos fuentes de ingreso: los recursos subsidiarios del Estado conforme a las reglas dispuestas en el artículo 96 de la Constitución Política y el 89 del Código Electoral, y los recursos de origen privado que reciben los partidos como resultado de interrelación ciudadana. Según los artículos descritos, el Estado deberá contribuir a sufragar los gastos de los partidos políticos. Se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los partidos políticos en los procesos electorales y a satisfacer las necesidades de capacitación y organización política. Deberán comprobar estos gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
La transparencia en el financiamiento es la clave para el mejoramiento de la calidad de la democracia. Hay un riesgo escalonado: plutocracia, dinero como protagonista de la política pública (aún dinero “bueno”), corrupción administrativa, dinero negro (narcotráfico), narcodemocracia. Este escalonamiento ostenta diversos grados en los diferentes países de la región latinoamericana, pero es una realidad tangible. De la Calle Lombana (2011) señala que, con el apoyo Estatal, se logra promover la participación política de la ciudadanía en el proceso de postularse a cargos y permite la equidad durante la elección popular (p. 2). Así mismo, es fuente de ingresos para cientos de familias que se ven beneficiados al laborar para un partido político. Ahora bien, ¿por qué los partidos deberían financiarse con fondos públicos cuando hay tantas otras preocupaciones urgentes, como la educación y la atención médica? ¿Por qué nuestros impuestos deben ir a partidos cuyas políticas no apoyamos? Si se elimina a los partidos de la necesidad de tener que recaudar fondos, se volverán menos representativos y más separados de las realidades políticas del día a día. Además, previene el tráfico de influencias y el ingreso de dinero de procedencia ilegal a los partidos políticos.
El hecho de que se utilicen recursos públicos para financiar partidos políticos debe ser suficiente motivación para que las personas salgan a votar, lo cual puede ser visto como un incentivo. Sin el financiamiento, la cantidad de dinero necesaria para llevar a cabo una campaña electoral exitosa impide que nuevos partidos, o partidos más pequeños, ejerzan su pequeña proporción de influencia en los resultados. Los partidos más pequeños son una parte vital de una democracia, ya que aseguran que se represente un espectro completo de opiniones. Es deber del Estado promover la pluriculturalidad de los partidos políticos y garantizar la participación en la política del país a cualquier persona sin importar su estatus social o económico. El hecho de que la necesidad de patrocinadores ricos los excluya, sería injusto y poco representativo. Costa Rica tiene la posibilidad de continuar siendo un ejemplo de democracia; impulsar y promover la participación política de sus ciudadanos es una ganancia para todos.
