Las repercusiones económicas derivadas de la pandemia son incontables. Según datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica, el 85% de los comercios han disminuido sus ventas, con un 34% de empresas que afirman que sus pérdidas superan el 50% de sus ventas y otro 30% con pérdidas superiores al 75%; lo cual ha implicado cierres masivos de distintas compañías. Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo sube a nivel histórico del 20,1%.
Sin embargo, los casos de la COVID-19 siguen en aumento y no se ve una salida próxima a la crisis, por lo que urgen medidas que incentiven la reactivación económica, por distintos medios. Así como ha sido la solución para mantener a las personas en contacto en época de distanciamiento social, el Internet surge como una herramienta de primera línea para la reactivación económica.
La idea de que los comerciantes sigan ofreciendo sus bienes y servicios a través de la tecnología resulta la opción más viable, en el contexto de la pandemia. No obstante, existen dos obstáculos para que esta solución sea efectiva. En primer lugar, la carencia de normativa en el país que regule de forma efectiva y les dé seguridad jurídica a todos los usuarios de esta herramienta parece ser la primera preocupación para su implementación.
¿Qué incentivo tendría un comerciante para invertir en la implementación de herramientas tecnológicas para desarrollar su actividad económica si desconoce cómo responde la ley ante una contingencia que se derive por la implementación de este medio? ¿Cómo promover la creación de empleo ejecutados mediante plataformas tecnológicas, cuando no existen leyes claras que determinen los derechos y obligaciones para los patronos y trabajadores de este tipo de modalidad?
A este panorama debe sumársele la inversión que deben hacer los comerciantes para poder implementar el uso de plataformas electrónicas, lo cual limita al acceso a estas para múltiples emprendedores. Tómese en consideración que, de acuerdo a los propios datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica, hay un 30% de “muertes jurídicas” en Pymes, lo cual da una señal de que este tipo de empresas han sido las más afectadas por la pandemia y están prácticamente imposibilitadas en realizar este tipo de inversión.
Promoción de normativa relacionada a comercio electrónico. Desde el año 2005, se han presentado dos proyectos de ley para regular la actividad del comercio electrónico: El proyecto16081, titulado Ley de Comercio Electrónico y el proyecto 19.012, titulado Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Sin embargo, el resultado de ambos proyectos de ley fue su archivo, por una falta de voluntad política en ambas ocasiones, y luego de quince años, Costa Rica sigue sin contar con una ley en materia de comercio electrónico.
A la fecha, la única regulación que existe es el Capítulo X del Reglamento a la Ley 7472, sobre la protección al consumidor en el contexto del comercio electrónico. Si bien esta es una normativa fundamental, es insuficiente para generar seguridad jurídica hacia los comerciantes, no sólo por ser simplemente un decreto y no una ley, sino especialmente porque muchas de las transacciones en comercio electrónico se dan entre los mismos comerciantes, es decir, no son relaciones de consumo. Por ende, sigue existiendo un vacío legal en temas como el valor de los contratos celebrados por medios electrónicos, el momento en el cuál se tiene por celebrados, los efectos que tienen las actuaciones realizadas por las partes a través de estas plataformas, y la posibilidad de adaptación del ordenamiento jurídico a los nuevos métodos derivados de la evolución tecnológica.
Incentivos al desarrollo de actividades por medio de comercio electrónico. Tomando en consideración los beneficios que traería el crecimiento del comercio electrónico en el país, no solo para los comerciantes que su actividad puede ser desarrollada por este medio, así como en materia de salud, por promover el distanciamiento social; el Gobierno de Costa Rica y la Asamblea Legislativa deben buscar formas en las cuales se incentive el desarrollo de actividades a través de este medio.
Existen distintas formas de incentivar esta actividad. La primera y de mayor atractivo sería la exención total o porcentual de impuestos, tanto a las utilidades como al valor agregado, para los comerciantes y consumidores de los bienes y servicios. Si bien podría considerarse que las arcas del Estado también han sido apaleadas por la crisis sanitaria y que una exención podría afectarlas aún más, tómese en consideración que hay bienes y servicios que están frenados totalmente de producir, lo cual también frena los posibles ingresos al Estado. Una exención de impuestos hasta un porcentaje específico para estos sectores, que permita la reactivación económica, sería mucho mejor que mantener la situación actual.
Asimismo, deben existir medidas para que las pymes y demás compañías que no cuentan con los recursos para invertir en la transformación digital tengan acceso a ella. Una de ellas sería la creación de créditos para estos fines, con condiciones favorables y flexibles en los primeros meses donde siguen afectados por la pandemia, a través de la banca pública. También, tasas descontadas para Internet de alta velocidad, o incluso, promover la creación de este tipo de herramientas o aplicativos, a través de programas ejecutados por las universidades públicas, que queden a la disposición de este tipo de empresas, a un precio accesible. Lo importante sería escuchar a los distintos sectores del comercio, para comprender sus necesidades de cara a la implementación de estos sistemas.
Ante la situación actual, resulta de suma relevancia que el Gobierno y la Asamblea Legislativa atiendan esta necesidad de regularizar y promover el comercio electrónico. Un mensaje de este tipo por parte de las autoridades podría dar tranquilidad a la comunidad, de que un gran porcentaje de actividades comerciales pueden convivir sin afectar la salud pública.
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