El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes darle vía rápida al expediente tramitado bajo el número 22.109, presentado por los diputados Welmer Ramos y David Gourzong, para sacar a las asociaciones de desarrollo de algunos de los efectos de la conocida Ley contra la Usura Crediticia.
La votación de la moción de dispensa de trámites (de modo que el proyecto pase directo a la agenda de Plenario) resultó en 28 votos a favor y 11 en contra. 18 diputados estaban ausentes...
Los diputados plantearon la iniciativa luego que se hiciera público que las asociaciones solidaristas corrían el riesgo de "desaparecer" debido a dos normas contenidas en la reciente ley: la obligación de solicitarle al potencial deudor una autorización para tener acceso a la Central de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), para visualizar el total de sus obligaciones crediticias vigentes para evitar el sobreendeudamiento; y la imposibilidad de hacer deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e inembargable, el cual hoy es de unos 200 mil colones.
La medida implica que las 600 mil personas que en el país tienen un salario líquido inferior a los 200 mil colones quedaron fuera de la posibilidad de acceder a créditos, algo que los diputados promoventes del proyecto consideran es una "contaminación perversa" de la ley por parte del Banco Central de Costa Rica y la Sugef.
Sobre ese extremo, ambas instituciones enviaron este martes un comunicado de prensa rechazando los señalamientos y cargando la responsabilidad en los diputados.
"Las mociones al correspondiente proyecto de ley que prohibieron, en un caso, el otorgamiento de créditos a las personas que queden con un ingreso remanente inferior a los ₡200 mil como resultado del pago de cuotas de crédito y que obligaron, en el otro caso, a realizar una consulta previa al otorgamiento de todo crédito en la Central de Información Crediticia de la SUGEF, fueron incluidas en el expediente legislativo en sus últimos días de discusión, ya en el plenario legislativo. Esas mociones no fueron promovidas ni por el BCCR ni por la SUGEF, sino directamente por los señores diputados. Además, jamás fueron consultadas ni al Banco Central ni a la SUGEF ni al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF)", dice el pronunciamiento.
La iniciativa pretende que ambos extremos cuestionados no sean de aplicación para las asociaciones solidaristas, ya que por su naturaleza esas entidades no pueden acudir a Sugef a solicitar lo establecido en la Ley, al tiempo que coloca a la Superintendencia en una posición complicada desde el punto de supervisión prudencial. Además, el requisito no tiene sentido -según los proponentes- pues un segmento importante de sus asociados no están bancarizados.
Finalmente, se considera que es necesario excluirlas de la prohibición de hacer deducciones al salario mínimo vital, ya que para las asociaciones solidaristas es imposible desde el punto de vista tecnológico acceder a ese dato, pues es una variable volátil.
Breves
— El Plenario aprobó en primer debate, con 45 votos a favor, el expediente 21.995 con el cual se declara que los cánones, tarifas y prestaciones que haga Japdeva no podrán ser embargadas, pues su fin exclusivo es destinarse al beneficio de la población de la Vertiente Atlántica. La iniciativa surgió luego que un juzgado embargara cuentas de Japdeva producto de una demanda interpuesta por el sindicato de la institución.
— 42 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 22.079 con el cual se prorrogan por dos años más los nombramientos de los representantes que integran los Comités Cantonales de la Persona Joven que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta del 31 de diciembre de este año inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese periodo. Además se prorroga por un año más el nombramiento de los representantes que integran la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, cuyas designaciones hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese periodo.
— 43 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 22.099, con el cual se prorrogan los nombramientos de los órganos constituidos al amparo de la Ley de Conarroz, cuyas asambleas no han podido realizarse por la pandemia de COVID-19.
— 43 diputados aprobaron en segundo debate el expediente 21.348 con el cual se autoriza a la Municipalidad de Nicoya a segregar en lotes un inmueble de su propiedad, para donarlo a personas de escasos recursos en el Residencial Los Lirios.
— La diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para regular las comisiones que cobran las plataformas digitales de servicios de reparto como Uber Eats, Glovo o Rappi, de modo que las mismas no puedan ser mayores a un 15% de la venta realizada. Según la congresista, actualmente hay plataformas que cobran comisiones de hasta un 30% en cada compra y hasta un 25% a los repartidores.
— La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó de forma positiva el expediente 22.045 con el que se pretende dar un respiro a quienes alquilan o arriendan locales para desarrollar sus negocios, exonerándolos del pago del IVA por dicho alquiler durante abril, mayo, junio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020.
— La Comisión de Hacendarios acogió un texto sustitutivo para el expediente 21.182, referido a las jornadas laborales excepcionales. La nueva redacción establece dos tipos de jornada: ampliada y anualizada. En el caso de la primera, se establece la jornada de 4 días laborados por 3 de descanso, con una jornada de 12 horas que al sumarlas cumple con las 48 horas semanales que establece el Código de Trabajo; en contraparte, la jornada anualizada permite que en épocas de mayor trabajo la jornada sea de hasta 10 horas diarias y en las de menor requerimiento el trabajo no exceda de 6 horas, sin permitir que el trabajador reciba un monto inferior al salario mínimo legal.
La redacción acogida prohíbe aplicar este tipo de jornadas en trabajos pesados, peligrosos o insalubres, además garantiza que los tiempos de descanso y alimentación dentro del tiempo de la jornada, así como el disfrute consecutivo de los días que el trabajador tiene libre. Tendrán derecho a valorar la escogencia de la jornada excepcional aquellas mujeres en estado de embarazo, personas cuya enfermedad pueda agravarse por la permanencia prolongada en el lugar de trabajo, las que cuiden de personas en condiciones especiales o que estén estudiando y la jornada sea incompatible con el horario de estudio.













