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¿Cuánto hemos avanzado y cuántos obstáculos quedan por derribar para que la igualdad de derechos garantizada en la Constitución sea una realidad para todas las mujeres?

A 71 años del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en Costa Rica, solo 5 mujeres han ocupado los puestos más altos en los tres Poderes de la República, y esta deuda se agrava aún más en el ámbito municipal; a pesar de que nuestras esperanzas estaban focalizadas en que los comicios locales del 2020 continuaran con el aumento en nuestra representación política, como venía sucediendo tanto a nivel municipal como legislativo, el resultado fue lamentable: solo el 9,75% alcanzó una alcaldía, 8 mujeres de 82 municipalidades —5% menos que en 2016—.

Lideresas políticas del mundo han demostrado con sensatez y lucidez como proteger a sus naciones de la enfermedad COVID-19, de las formas más efectivas. También, las políticas han demostrado en los más altos puestos de decisión política que no solo es necesario el reconocimiento efectivo de su trabajo sino la oportunidad para hacerlo. Lamentablemente, como se reconoce recientemente en el Informe Desarrollo Humano del PNUD (2019), en su nuevo Índice de Normas Sociales de Género, el 50% de la población de 77 países declara que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Son esos sesgos sociales de género, que no tienen fundamento en la evidencia, los que continúan limitando su acceso al mundo político y al ámbito que habilita su influencia en las políticas públicas.

Si bien hay que reconocer avances, lo cierto es que la mayoría de las mujeres no están cerca de romper el techo que limita su autonomía. La vida política para las mujeres, distinta a la de los hombres, se caracteriza por la sobrecarga de las responsabilidades domésticas y de los cuidados, que desestimula y dificulta su participación. A eso se suma un menor interés de los partidos políticos para involucrarlas en las posiciones altas, mayores dificultades para conseguir recursos económicos para sus campañas, y muchas más posibilidades de ser víctimas de violencia.

Por eso, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), queremos colocar la mirada en la violencia contra las mujeres en la política. Esta no es más que una forma intencionada de desalentar, amenazar y castigar a las mujeres que se atreven a participar en los espacios públicos de discusión y toma de decisión, y representa uno de los mayores obstáculos para lograr la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos. Las mujeres son víctimas durante toda su carrera política. Tal como lo evidenciamos en nuestro más reciente Estudio sobre la violencia contra las mujeres en la política municipal en Costa Rica.

¿Cómo se manifiesta? Al asignarles tareas secundarias que las invisibilizan; desprestigiarlas por su trabajo e incluso cuestionarlas públicamente por asuntos no relacionados con la política; cambiarles las cerraduras de sus oficinas; saturarlas con tareas que corresponden al personal técnico para denunciarlas posteriormente por incumplimiento de funciones; quitarles y condicionarles el uso de recursos como venganza; ser víctimas de acoso laboral y hostigamiento sexual; aumento de la discriminación si son más jóvenes, si son indígenas, afrodescendientes, trans, si practican alguna religión o si tienen alguna discapacidad.

Hoy más que nunca, se hace urgente avanzar hacia la aprobación de legislación específica que proteja a las mujeres políticas de esta forma de violencia, que incluya la prevención, la atención y sanción urgente.

En este septuagésimo primer aniversario y Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres ponemos al frente la necesidad de una democracia paritaria para las mujeres, el futuro de las niñas y el beneficio del país. Una democracia que reconozca la violencia contra las mujeres en la política como una amenaza para su ejercicio y para las oportunidades integrales en la Costa Rica del bicentenario.

Solo podremos hablar del Desarrollo Sostenible en el tanto se asegure la participación plena y efectiva de las mujeres, la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de violencia o discriminación.