Por Danny González P. - Estudiante de la Carrera de Contaduría Pública
El 1 de julio del 2019 es parte importante de la historia costarricense, ya que, después de impetuosos proyectos de ley, por fin se logra gravar más que la venta de bienes. Se dejó así de lado un impuesto sobre las ventas, obsoleto e incompleto, para ahora entrar en la era del Impuesto al Valor Agregado o IVA. Sin embargo, no es de extrañar que diferentes sectores o consumidores muestren resistencia ante este nuevo impuesto.
La resistencia no es nueva. Durante el año 2018, se logra aprobar la Ley 9635, conocida como la Reforma Fiscal, después de muchos intentos realizados durante diferentes administraciones. Esto hace suponer que, si durante tantos años no se obtuvo un acuerdo ni se educó a la ciudadanía sobre la importancia de esta reforma, era de esperar que una vez aprobada no gustara a los contribuyentes. Para lograr una motivación real, se debe atacar directamente el problema, el cual, en mi opinión, es la mala gestión de los fondos públicos.
Datos del BID para 2018 indican que el país sobrepasaba el promedio de América y el Caribe en ineficiencia del gasto público, siendo de tan sólo un 4.4% del PIB comparado con un 4.7% de Costa Rica. Este dato tampoco sorprende a la población, ya que no es poco común leer artículos sobre desvío de fondos públicos e irregularidades de los gobiernos centrales, inclusive de expresidentes de la república. Si bien es cierto se han tomado medidas para solventar estas desafortunadas situaciones, la percepción es la misma, por lo que cualquier aumento sobre los tributos será rechazado por la mayor parte de las personas. “Me cobran más para robar más” se habla en las calles.
A pesar de lo anterior, existen otros cuestionamientos fuertes hacia el gobierno, entre ellos se encuentran la disminución del gasto público y la eliminación de pluses y pensiones de lujo. No obstante, en estas premisas parece haber diferentes posiciones, lo que hace que el país se mantenga dividido. Se resumen de dos formas: la parte de la población que desea la erradicación de estas prácticas por completo y otra parte que se manifiesta y colapsa el país para evitar que no cesen sus beneficios o bien se apliquen igual para todos (es importante señalar que algunos sectores no se han tomado en cuenta en las reducciones).
El país se encuentra en una inestabilidad política que debe ser solucionada tomando medidas drásticas por parte de los diferentes poderes del Estado. ¿Será posible hacer esto sin que se vuelvan a cerrar las principales vías del país?
En cuanto al IVA, ocurre algo peculiar ya que, junto con la emisión obligatoria de factura electrónica, lejos de motivar el pago de impuestos, se ha creado un recelo ante ellos. Esto reafirma que los costarricenses, como muchos otros latinoamericanos, tenemos una escasa cultura fiscal que provoca que a nadie le guste pagar impuestos, pero sepamos cómo eludirlos.
El aumento de artículos y reportajes, y el nacimiento de secciones de información fiscal en diferentes medios de comunicación han reflejado el interés de la población sobre esta nueva forma de tributar, lo que hace pensar que realmente existe una sed de conocimiento en comercios, despachos, consultorios y profesionales independientes, que antes era inexistente o simplemente ignorada. Debido a lo anterior, y como resultado de esta tendencia, el gobierno y el Ministerio de Hacienda deben procurar informar aún más a la ciudadanía y mostrar transparencia en los nuevos tributos recolectados. ¿En qué se han empleado estos tributos?, ¿han sido de provecho?, ¿quién los administra?, ¿no se lo han robado? son preguntas que todo costarricense se hace cada vez que debe pagar al Estado por cada compra que realiza.
