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Este miércoles 27 de mayo se presentó en la Asamblea Legislativa el informe de mayoría de la Comisión especial que estudie, analice y eventualmente proponga proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FEES, Expediente Legislativo 21.052. Lamentablemente es más largo el nombre de la comisión que la conclusión a la que llegó este informe de mayoría.

Los diputados y diputadas que respaldaron dicho informe gastaron durante todo un año el tiempo y los recursos que tanto procuran defender. A lo largo del año 2019 fueron citadas a comparecer ante dicha comisión entidades públicas, ministros y ministras, rectores y federaciones estudiantiles. Sin embargo, al leer el informe de mayoría se puede concluir que el único fin de crear esta comisión fue respaldar posturas personales.

Estos demuestran a lo largo de su paso por esta comisión que ven la autonomía universitaria como un obstáculo, no como la garantía constitucional que realmente es, y que se encuentra plasmada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política. Esto consta explícitamente en las conclusiones que brindaron en su informe de mayoría, además de su propuesta de impulsar un proyecto de ley donde se establezca una jerarquía entre el principio de equilibrio financiero y la autonomía universitaria.

Estas diputaciones procuraron llevar a cabo este informe de mayoría únicamente con las intervenciones que sustentaran sus anticipadas posturas. Posturas tiesas, inamovibles y que atentan contra la garantía constitucional de poder optar por una educación superior pública independiente de posturas políticas y gobiernos de turno. Estos se encuentran tan arraigados y arraigadas a su anticipado criterio que incluso excluyeron de la construcción de dicho documento a las diputaciones que aportaban una visión distinta a la que se buscaba probar.

No importó cuantos datos ni documentos se aportaron en cada comparecencia, el informe hace alusión única y exclusivamente a las intervenciones que sustentan sus muy limitadas conclusiones. Estas conclusiones nos dejan ver lo que ya sabíamos, las universidades necesitan mejoras y nuestras diputaciones quieren ser quienes guíen el rumbo de la educación superior pública costarricense.

Concuerdo con dicha comisión en que las universidades públicas tienen una gran posibilidad de mejora. Principalmente en temas como regionalización, repensar el modelo salarial e impulsar la participación de más mujeres en carreras STEM. En este último caso agrego el factor de género del cual carece el informe en su totalidad, aunque este fue mencionado por el diputado Mario Castillo a quien se le limitó su participación en la construcción del documento. Sin embargo, dichas mejoras deben nacer desde el seno de las propias universidades y CONARE, no de instancias externas como la Asamblea Legislativa donde suelen sobreponerse intereses políticos por encima de las verdaderas problemáticas existentes en cada universidad pública, las cuales son distintas dependiendo de la realidad de cada una de ellas.

Estas problemáticas reales fueron planteadas por los actores que acudieron a las comparecencias, principalmente por las federaciones estudiantiles quienes representan la vivencia pura del estudiantado. Por más planteamientos y propuestas que se llevaron desde estas instancias, el único aporte que se tomó en cuenta en el informe fue la necesidad de replanteamientos de los esquemas salariales. Dicha consideración, a como he indicado anteriormente, sustenta los que nuestras diputaciones desde el inicio de la comisión buscaban probar.

Podemos concluir que no fue tomada la perspectiva estudiantil debido a cuestionamientos planteados por varios diputados con respecto a la formación que nos brindan. Nuestro diputado Erick Rodríguez Steller manifestó en la sesión donde el informe fue aprobado que las universidades públicas “han jugado un papel ideologizante a favor de ciertos sectores de la izquierda de este país”. Este diputado afirma que la conciencia social que las universidades tratan de trasmitir a sus estudiantes es inservible, además de catalogar los cursos de humanidades, sociología y seminarios de realidad como “aparatos ideológicos que forman gratuitamente”.

No es la primera vez que escuchamos a un diputado restarle mérito a la enseñanza de las ciencias sociales. Incluso en esta línea el informe alaba la labor del TEC que, sin restar mérito a esta admirable institución, es la única que no imparte ciencias sociales. Además, a lo largo del informe se plantean las ingenierías como carreras de primera categoría, dejando de lado y restando importancia a las ciencias sociales y otras carreras como ciencias naturales, agroalimentarias, entre otras.

Si estos diputados y diputadas realmente se preocuparan por que se de un avance y mejora en la calidad y eficiencia de los recursos destinados a dichas instituciones, no habrían hecho caso omiso de la información brindada por diferentes actores que viven la realidad universitaria y que trataron de aportar para la construcción de un mejor sistema de educación superior a partir de cada una de las comparecencias.

En este caso considero que la verdadera pregunta es, ¿dónde quedaron todos esos aportes y planteamientos? No solo de las federaciones sino de todas las instancias que participaron del proceso. La realidad quedó enterrada debajo de una pila de papeles en cada despacho porque la realidad no sustentaba sus posturas. ¿Y cuál es esta realidad a la que me refiero? Con esto me refiero a todo el aporte que brindan las universidades públicas a la sociedad costarricense.

Este informe de mayoría instrumentaliza problemáticas reales presentes en nuestras universidades y nuestra población estudiantil para impulsar políticas que podrían llevarnos tanto a perder independencia por medio de la limitación de la autonomía universitaria, elemento fundamental de las universidades públicas, como el eventual impulso de políticas de privatización de las mismas.

Como presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR (2019) en nuestra comparecencia aclaré que no estamos defendiendo privilegios, defendemos a nuestros estudiantes, defendemos nuestro presupuesto, el de sus becas, de nuestras sedes y recintos regionales, de nuestros programas de acción social. Estamos defendiendo nuestro derecho a tener la posibilidad de optar por educación superior pública y los múltiples aportes que esta brinda a la sociedad costarricense.