La Asamblea Legislativa aprobó este martes una serie de dispensas de trámites para varios proyectos de ley. Ese mecanismo constituye una especie de vía rápida ya que las iniciativas no pasan por comisión, ni se tiene que esperar a que el texto base sea publicado en La Gaceta; así, la iniciativa pasa directo al Plenario donde los diputados la modifican, discuten y aprueban rápidamente.
En total se conocieron cinco mociones de dispensa de trámites, de las cuales tres fueron aprobadas y dos fueron rechazadas.
En primer lugar, se aprobó la dispensa del expediente 21.933 que plantea autorizar una prórroga automática en el nombramiento de Junta Directivas y otros órganos en organizaciones civiles que venzan en 2020, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Esta recibió 45 votos a favor y ninguno en contra.
Luego, en una dividida votación de 27 a favor y 19 en contra se aprobó la dispensa de trámites para el expediente 21.940, que es el proyecto sobre flexibilización de créditos debido a la pandemia de COVID-19. Votaron en contra la mayoría del PLN, diputados del PUSC, PRSC e independientes.
Luego correspondió conocer la moción de dispensa para el expediente 21.927, cuyo texto contiene los lineamientos a seguir para el pago de arrendamientos o subarrendamientos durante la emergencia por la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa empezó a ser trabajada desde que el país entró en la fase más delicada de la crisis y llevó muchísimas horas de reuniones y debates extra-Plenario.
Por lo anterior, no es de extrañar que al ver el resultado de 18 votos a favor y 29 en contra de la moción, varios diputados que trabajaron en el texto y apoyan la iniciativa reaccionaran de manera aireada.
La primera fue la diputada Carolina Hidalgo del PAC, quien instó a quienes votaron en contra (PLN, PUSC y PRN) a rectificar la posición, al recordar que se dieron varios textos sustitutivos de consenso que reúnen todos los intereses.
Hoy este Plenario le está dando un mensaje a la ciudadanía de que ese tema no le interesa, de que en ese tema no se quiere ayudar. El proyecto realmente invita al diálogo, invita a las partes a llegar a un consenso. Y me da una pena pensar que esta Asamblea Legislativa no les quiere ayudar a las y los costarricenses a paliar con un tema tan complejo como es el pago de sus arrendamientos.
Secundó la diputada Patricia Villegas del PIN, quien dijo que hasta la ministra de Vivienda y entes jurídicos habían participado en la redacción del texto.
Recordemos que el país nos demanda una solución y esto está dentro de la agenda COVID-19, compañeros y compañeras. Sería, en términos populares, ser mezquino el no dar el voto afirmativo a este proyecto para su dispensa, porque el pueblo de Costa Rica lo está necesitando en el tema de arrendamientos e inquilinatos, tanto para los propietarios como para los inquilinos, es un tema que amerita que ustedes tomen conciencia y flexibilicen este voto de manera positiva.
José María Villalta del Frente Amplio afirmó que el tema de alquileres era el motivo por el que más la gente contactaba a su despacho y señaló que el tema se estuvo trabajando desde la Semana Santa.
Quiero hacer un llamado a la fracción de Liberación Nacional, ustedes participaron activamente en la mesa de diálogo, hicieron propuestas de texto sustitutivo y es un proyecto de ley que requiere darle un trámite de urgencia por la situación en la que están muchas personas y muchas familias viendo afectados su derecho a la vivienda digna.
Una moción de revisión para repetir la votación fue aprobada con 24 votos a favor y 22 en contra, sin embargo, a la hora de realizar nuevamente el proceso el voto mayoritario de PLN, PUSC y PRN se impuso de nuevo, esta vez con 24 votos a favor y 26 en contra. De este modo, la dispensa quedó definitivamente rechazada.
La diputada Patricia Villegas apuntó directamente contra el PLN y el PUSC y su "directriz política" por la negativa a darle vía rápida al proyecto.
Aquí no vale tener conciencia, no vale tener voluntad ni necesidad de urgencia para aquellas personas que están necesitando un proyecto de tal calibre donde todos los que estuvimos en la mesa contando la diputada Karine Niño [PLN] estuvimos desgastados hasta horas de la madrugada sacando lo mejor de ese proyecto.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN afirmó que su partido cree en la propuesta del proyecto, pero que lo que no querían era la dispensa para que se pueda ver en la vía ordinaria, es decir, en una comisión.
El día de ayer fue analizado en fracción y todavía tenemos dudas de la redacción como podrá como dicen podrá y no deberá entonces el podrá es un saludo a la bandera no dice nada el proyecto de ley. Creemos que hay que revisarlo, darle la prontitud que requiere este proyecto con todas las partes en la mesa tanto propietarios como inquilinos y propietarios.
Chacón agregó que ese tema no había sido consensuado en jefaturas de fracción el jueves pasado, y entró este martes a la agenda sin que las fracciones hubiesen tenido el tiempo correspondiente para revisarlo y meditarlo.
Y esto quiero dejarlo aquí porque aquí hay discursos populistas que se alejan de la realidad y la realidad hay que verla con la lupa correspondiente para tomar el discurso y la decisión que mejor corresponda en un proyecto de ley.
Carolina Hidalgo del PAC rechazó las declaraciones de Chacón y afirmó que el proyecto estuvo dos meses y medio en las mesas de negociación.
"Dos meses y medio en medio de la pandemia, esto es una respuesta urgente cuando uno pregunta a la ciudadanía dónde le está siendo difícil salir adelante es con el pago de las de sus gastos usuales y uno de ellos en la vivienda, la vivienda es un derecho humano, hoy que es un día fundamental para Costa Rica en el tema de los derechos humanos este plenario no quiere avanzar en la agenda para darle solución a las familias que hoy tiene dificultades, mandarlo comisión, no le mintamos a nadie, mandarlo a comisión no lo va a sacar adelante pronto como la gente si lo necesita", agregó.
Por su parte, la diputada Zoila Volio recordó -figuradamente- que las comisiones son como el Triángulo de las Bermudas y que el hecho de que un proyecto fuera dispensado de trámite no quiere decir que no se pueda arreglar en el Plenario todo se pudo haber arreglado en comisión.
Lo que falta es voluntad política, no sé qué fue lo que cambió porque todos teníamos un consenso de la agenda COVID-19, de la urgencia de la moratoria de créditos, de la urgencia de la moratoria de alquileres, que es lo que está asfixiando a los costarricenses. Entonces, yo me pregunto: ¿pero qué valor supremo afectó que todo esto cambiara?, ¿qué hay superior a ayudar a los que están en este momento contra la pared?, ¿por qué cambiaron?
Otra dispensa de trámites que fue rechazada fue la del expediente 21.653, que pretende la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los entes públicos, asociaciones, cooperativas y consorcios cooperativos que distribuyan electricidad. Como consecuencia de ello, el proyecto seguirá su proceso normal en una comisión.
Finalmente, sí se aprobó la dispensa de trámites del expediente 21.995, que pretende declarar que las cuentas bancarias y los ingresos que obtenga Japdeva por concepto del cobro de tarifas, cánones, o cobros por los servicios públicos que preste serán inembargables y no podrán ser trasladados, ni en parte ni en su totalidad, al Estado costarricense.
Proyectos aprobados
— Se aprobó en segundo debate con 41 votos a favor y 1 en contra (José María Villalta) el expediente 21.294 que deja plasmado en la Ley de Régimen de Zonas Francas el que las empresas allí ubicadas estarán exoneradas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, ya que la redacción vigente refiere al Impuesto Territorial, sin embargo, ese tributo ya no existe.
— Se aprobó en segundo debate con 44 votos a favor el expediente 21.447 que incluye penas por delitos por robo de combustibles y similares. Las dos modificaciones más relevantes consisten en que causar daños al Sistema Nacional de Combustible tendrá pena de 6 meses a 4 años de cárcel, pero si como consecuencia de ese daño se produce un derrame de combustible, la pena será de 4 a 6 años de cárcel; además, el robo de combustibles se penará con cárcel de 5 a 15 años.
— Luego se aprobó en segundo debate el expediente 21.796 con 45 votos a favor y ninguno en contra, el cual autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que permute dos terrenos de su propiedad con un lote de la Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya Centro, con el fin de construir en dicho terreno infraestructura de la institución.
— Finalmente en los segundos debates, se aprobó con 44 votos a favor el expediente 21.063 que incluye una serie de medidas para cerrar portillos empleados por pensionados para incrementar sus ingresos y el monto de su jubilación al optar por reingresar a trabajar al Estado.
Esta ley será de aplicación para aquellos que gocen una pensión con cargo al Presupuesto Nacional (17 regímenes) y dispone que el disfrute de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la Administración Pública, quedando excluidos solo aquellos que reciban dietas como remuneración por el ejercicio del cargo y únicamente cuando el monto máximo mensual que puedan percibir por dietas no supere la suma resultante de tres veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública (861 mil colones en total).
— En primer debate se aprobó el expediente 21.036 con 43 votos a favor. La iniciativa pretende crear una norma que regule una reunión de trabajo, cada seis meses, entre el alcalde o la alcaldesa y los concejos de distrito, a fin de agilizar los emprendimientos en cada uno de los distritos y procurando que el bienestar de los ciudadanos sea una prioridad y realidad día con día.
— Finalmente, se aprobó con 41 diputados a favor el expediente 20.848 que crea las excepciones necesarias para permitir la reproducción, representación, distribución e importación de obras publicadas en formatos accesibles, así como la adaptación o transcripción de estas obras a dichos formatos, en beneficio de las personas con discapacidad visual.
Breves
— La Comisión Permanente de Asuntos Económicos aprobó una moción al expediente 21.423, que obliga a la Asociación Obras del Espíritu Santo a estar al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social para poder tener acceso a una serie de recursos de la Junta de Protección Social de San José. Además, para acceder a esos recursos (originalmente dispuestos para la Casa Hogar Tía Tere) deberá aportar un plan detallado de ejecución presupuestaria a la JPS.
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 21.441 con el que se establecen penas de prisión de 2 a 4 años a quien almacene, transporte, distribuya y comercialice ilegalmente el combustible en el país.
— La Comisión de Infraestructura aprobó una moción para convocar en audiencia al secretario técnico de concesiones, José Manuel Sáenz Scaglietti, para que se refiera al rechazo de la propuesta del Canal Seco Interoceánico y las negociaciones con APM Terminals relativo a tarifas. Además, aprobó una moción para convocar a la Primera Dama, Claudia Dobles; a la presidenta de Incofer, Elizabeth Briceño; al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves; a los representantes del BCIE y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para que se refieran al crédito del Tren Eléctrico.




















