El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley para declarar el 9 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Conciliación de la Vida Familiar con la Vida Laboral y la Corresponsabilidad Familiar.
La iniciativa, tramitada en el expediente 21.060, fue propuesta por la diputada Ivonne Acuña y consiste en obligar al Estado a tomar como política pública la conciliación entre la vida familiar y la laboral.
Para ello deberá elaborar, ejecutar y evaluar una política pública que promueva en las instituciones públicas, el sector privado, las familias y demás instancias de la sociedad, la sensibilización, concienciación, capacitación y la adopción de medidas concretas que posibiliten la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, y la corresponsabilidad familiar.
Para el logro de ese objetivo, el Estado establecerá que dicha política pública esté incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los planes anuales operativos de las diversas instituciones que conforman el Estado.
Para la celebración del 9 de marzo se encarga al Ministerio de Educación para que organice y promueva actividades en los diversos centros educativos que propicien la conciliación familiar y laboral, y la corresponsabilidad en el hogar.
Asimismo, el Poder Ejecutivo estará obligado a brindar un informe con los avances y las medidas concretas que se han promovido a nivel público y privado en procura de la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad familiar.
Sobre este proyecto, el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso advirtió que la propuesta tendrá consecuencias en la definición de las líneas estratégicas que sustentan el trabajo de cada una de las instituciones del Estado y por lo tanto, en la definición y ejecución de sus presupuestos.
"Fraude de ley"
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa lo hace de nuevo. Su criterio técnico, a solicitud del presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, hizo que este desistiera de firmar el recurso de "conflicto constitucional" entre el Congreso y la Sala Constitucional, por la sentencia de matrimonio igualitario.
Cruickshank había recibido un documento de más de 40 páginas ya listo para ser firmado, en el cual se alegaba que la Sala IV usurpó funciones del Congreso al anular la norma que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque en prensa afirmó que tras leerlo concluyó que no tenía ningún asidero jurídico, igual pidió el criterio formal que le ratificó sus sospechas de abogado.
Fernando Campos Martínez, jerarca de Servicios Técnicos, le señaló tres puntos a Cruickshank: el primero, no tiene facultad legal para interponer unilateralmente un proceso de "Conflicto Constitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial" ya que necesita la aprobación de la mitad más uno de los diputados presentes en una moción que califica como "proposición", y por ende, cae a los últimos lugares de la agenda donde solo puede sacarse con el voto afirmativo de 38 diputados.
En segundo lugar, desacreditó la pretensión de alegar que la Sala usurpó funciones del Congreso al recordar que la Asamblea Legislativa está obligada a respetar el bloque de constitucionalidad en el ejercicio de todas sus acciones. Eso quiere decir que el Congreso no puede transgredir la norma constitucional cuando actúa bajo el amparo del control político, ni en el trámite de formación de la Ley, menos aún, en el desempeño de la función administrativa que le competa.
Campos citó textualmente las múltiples normas legales y constitucionales vigentes que señalan la absoluta improcedencia de pretender impugnar una resolución de la Sala Constitucional.
Por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución Política dice que corresponde a la Sala Constitucional declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, pero a la vez señala que no serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.
Así las cosas, el Voto de la Sala Constitucional N° 2018-012782 es una resolución judicial que se encuentra firme. Esa resolución y su contenido no son impugnables en sede constitucional, precisamente porque dicha Sala es la encargada de ejercer la defensa y la interpretación del derecho de la Constitución.
Finalmente, Campos le advirtió a Cruickshank que acceder a lo que solicitaban las organizaciones conservadoras que le entregaron el documento listo para su firma, constituía un fraude de ley y que tal hecho está tipificado en el artículo 5 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"No procede plantear un “conflicto de constitucionalidad” que tiene por objeto la revisión de lo resuelto por la Sala Constitucional en un voto previo, porque esa Sala es, precisamente, la que ejerce la función contralora de constitucionalidad de las acciones revisables por contravenir el derecho de la Constitución en el sistema jurídico costarricense y, por lo demás, ningún acto jurisdiccional del Poder Judicial, como es el caso del Voto de la Sala Constitucional N° 2018-012782 de las 17:45 horas del ocho de agosto de dos mil dieciocho, es impugnable ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa no puede franquear ese límite, utilizando indebidamente el recurso del “conflicto de constitucionalidad”, so pena de incurrir en la figura del fraude de ley", concluye el documento.
Con el levantamiento de la sesión del Plenario a las 11:10 am de este lunes, y sin haberse aprobado la actualización de la legislación ordenada por la Sala Constitucional en 2018, a partir de la medianoche de este martes el matrimonio igualitario será legal en Costa Rica.
Breves
— Se aprobó en primer debate el expediente 20.336 que autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón a donar un terreno de su propiedad a la Asociación Inclusiva de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón. 50 votaron a favor, ninguno en contra.
— 49 diputados aprobaron por unanimidad el expediente 21.124 que autoriza al Estado a donar parte de un terreno de su propiedad a los pobladores del caserío de Pueblo Nuevo de Parrita.
— Finalmente, 47 diputados aprobaron por unanimidad extender en 180 días naturales el plazo de las comisiones investigadoras de las campañas electorales del PAC y de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
