El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles en primer debate los proyectos de ley para el retiro del Fondo de Capitalización Laboral, aumentar las multas por desobedecer las medidas sanitarias impuestas por el Estado, y por violar la restricción vehicular impuesta durante una situación de emergencia nacional.
Las tres iniciativas serán votadas en segundo y último debate este viernes 3 de abril, y se espera que al menos las dos últimas sean promulgadas y puestas en vigencia de inmediato, dado que lo que se recaude por dichas sanciones se usará para la atención de la emergencia por pandemia de COVID-19 y sus afectados.
Incremento de multas
46 diputados a favor y 1 en contra (Pedro Muñoz) dieron primer debate al expediente 21.894 que reforma la Ley General de Salud para aumentar las sanciones por incumplir las medidas sanitarias impuestas o el aislamiento sanitario impuesto por una autoridad.
El proyecto plantea que la sanción por hacer caso omiso al cumplimiento de las órdenes o medidas especiales o generales dictadas por las autoridades de salud sea de un salario base, siempre y cuando el hecho no constituya delito.
La definición de salario base a emplear para fijar la multa se refiere al salario base mensual del "Oficinista 1" que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto de la República, que para este 2020 está fijado en 450.200 colones.
Para aquellas personas con factores de riesgo de un cuadro grave por una enfermedad contagiosa que sea objeto de orden de aislamiento y que viole dicho aislamiento, se le impondrá la multa de un salario base. La sanción sería de 3 salarios base (1,35 millones) contra la persona sospechosa de una enfermedad contagiosa, o aquella que aún sin presentar síntomas o signos evidentes de dicha enfermedad, sea objeto de orden de aislamiento en razón de ser contacto cercano a un agente causal de la enfermedad y viole dicho aislamiento.
Finalmente, a la persona que médica o clínicamente haya sido diagnosticada de una enfermedad contagiosa y viole su orden de aislamiento se le impondrá una multa de 5 salarios (2,3 millones de colones).
Quedarían exceptuados de la aplicación de las multas correspondientes aquellas personas que en virtud de un estado de necesidad, deban abandonar su sitio de aislamiento, aquellas personas
en situación de calle y cualquier otra que deba ser valorada por la autoridad competente. Los términos de aplicación de estas excepciones, serán establecidas en el reglamento.
Aunque el Gobierno planteó dentro de la redacción inicial que como parte de las sanciones por incumplir las medidas sanitarias, los comercios perdieran su permiso sanitario de funcionamiento de manera permanente, y que los administradores fueran responsables penalmente, los diputados aprobaron una moción para reducir esa medida, de modo que el permiso se retire de forma temporal hasta que se pague la multa.
Luego, con el expediente 21.895 volvieron a votar 46 diputados a favor y solo Pedro Muñoz en contra. Esta iniciativa es la que eleva la multa por violar la restricción vehicular impuesta por el Estado durante una situación de emergencia nacional.
Previo a la votación, el Plenario rechazó una moción del diputado Rodolfo Peña que pretendía que la multa pasara de categoría D a categoría A. Hoy la multa categoría A equivale a ₡318.950,69 colones, sin embargo la moción solo recibió el apoyo de 5 diputados del PUSC por lo que fue rechazada.
La moción que sí se aprobó fue una de la diputada Zoila Volio, que establece como medida transitoria que todo lo recaudado por concepto de multas por infringir la restricción vehicular sanitaria en el marco de la actual pandemia, pase a formar parte del fondo de ayudas que el Gobierno lanzará para aquellas personas afectadas económicamente por el COVID-19.
Al día de ayer las autoridades contabilizaban 2079 multas por esa falta, para un acumulado de 47.525.836 colones, recursos que ahora pasarán a dicho fondo, lo mismo que todos aquellos por concepto de las multas que se hagan una vez rija el incremento dispuesto por este proyecto, de 107 mil colones (multa categoría C).
Aunado a la multa pecuniaria, al conductor infractor se le acumularán 6 puntos en su licencia, lo que para licencias de tres años de vigencia significa la pérdida del permiso de conducir por 12 meses; y para el resto de licencias la obligación de llevar un curso de educación vial. Finalmente, se dispone la inmovilización del vehículo por levantamiento de placas.
Estas multas deberán pagarse en un plazo de 20 días hábiles, caso contrario, correrán los intereses y mora correspondientes hasta su efectivo pago.
Retiro del FCL
Luego que la Superintendencia de Pensiones (Supen) enviara un texto sustitutivo que prácticamente redactó de cero la iniciativa consensuada, los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.874 que autoriza la entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los trabajadores afectados por una declaratoria de emergencia nacional que conlleve la suspensión de su contrato de trabajo o la reducción de jornadas laborales.
El patrono deberá darle al trabajador afectado un documento físico o digital donde haga constar la reducción de jornada o la suspensión del contrato de trabajo, para que éste pueda entregar dicho documento a la operadora de pensiones que administra su FCL para que pueda retirar la totalidad de los montos que tenga acumulados. La operadora tendrá 15 días hábiles para hacer el pago de los dineros.
Tras la intervención de la Supen, también se variaron "las reglas del juego" para las operadoras, de modo que ahora solo podrán invertir los fondos en valores inscritos ante el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, o en valores emitidos por entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef). Además, la gestión de la liquidez de los fondos podrá realizarse en los mercados organizados por el Banco Central de Costa Rica.
Por otro lado, las operadoras podrán —mientras dure la actual emergencia por pandemia de COVID-19— traspasar de forma no onerosa los instrumentos financieros siempre y cuando sea necesario para atender las necesidades de liquidez por retiro del FCL. Ese traspaso entre fondos de una misma entidad y operadoras deberá hacerse a precios de mercado y no podrá contemplar comisiones, tasas u otros costos. Asimismo, las operadoras podrán exceder, temporalmente, los límites de inversión establecidos reglamentariamente por el Conassif
Si una operadora hace uso de alguna de esa dos alternativas, deberá de informar de inmediato a la Superintendencia y le remitirá en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del fin de la emergencia, un plan de reducción de riesgos.
Asimismo, se le otorgó al Superintendente de Pensiones el poder de pedirle a Conassif que mediante una resolución fundada, suspenda la entrega del FCL a los trabajadores afectados por la actual emergencia, si dicho retiro se vuelve masivo y por ende se constituye en un peligro de daño de imposible o dificil reperación; o bien, para que las operadoras puedan atender las solicitudes que se hayan presentado.
El proyecto fue aprobado en primer debate con 46 votos a favor, y ninguno en contra.
Convocatoria de proyecto contra usura
Apenas inició la sesión, los diputados debieron conocer una moción suscrita por varios diputados que instaba al Poder Ejecutivo a convocar el proyecto de ley para regular las tasas de interés y sancionar la usura. Ello generó un debate sobre la división de poderes.
María Inés Solís, cojefa de fracción de la Unidad Social Cristiana calificó de "peligroso" que se abriera el portillo para que cada diputado presentara mociones para pedirle al Ejecutivo que convoque sus proyectos, mientras que el también socialcristiano Erwen Masís dijo que se estaba confundiendo lo urgente con lo importante, y aunque él estaba favor del proyecto contra usura, el mismo -a su parecer- no urge en la emergencia actual. La diputada Ivonne Acuña también habló de la separación de poderes.
La diputada Zoila Volio también dijo estar disconforme con la forma de la moción, pero dijo que la apoyaba por el fondo porque Costa Rica nunca había tenido una emergencia nacional de este tipo. "Pongo el interés de todos los costarricenses primero, la aflicción de tener que pagar porcentajes de usura, las tarjetas de crédito es lo que tiene más endeudada la población y para tratar eso habrá que ceder en la forma por el fondo".
José María Villalta del Frente Amplio afirmó que en una situación excepcional, se justifican medidas excepcionales: "Es un llamado desesperado al Poder Ejecutivo, hay gente readecuando créditos y la ley de usura pondría tope a esos intereses, esta legislación es hoy más urgente que nunca". Daniel Ulate del PLN dijo que él apoyaba la moción porque todos los días recibía mensajes de gente a la que el dinero ya no le alcanza para comprar comida.
Finalmente, la moción quedó aprobada con 31 votos a favor y 15 en contra. Horas más tarde, el Presidente Carlos Alvarado anunció que convocaría el proyecto a las sesiones extraordinarias a partir del lunes de la próxima semana.
Nombramiento de magistrados
Antes de aprobar los proyectos de ley, los diputados realizaron ocho nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, bajo el concurso que se tramitó en el expediente 21.545. Ocuparán esos puestos:
• Rodrigo Antonio Campos Esquivel
• Álvaro Enrique Hernández Aguilar
• Deyanira Adelaida Martínez Bolívar
• Sandra María Pereira Retana
• Maureen Roxana Solís Madrigal
• Olman Gerardo Ugalde González
• Alexis Fernando Vargas Soto
• Shirley Vanessa Víquez Vargas
También se eligieron cuatro de los cinco magistrados suplentes de la Sala Primera, bajo el concurso del expediente 21.327. Ocuparán esos puestos:
• Ana Isabel Vargas Vargas
• Yuri López Casal
• German Serrano García
• Jorge Alberto López González
En esta sala queda pendiente una elección más, que se hará en otra sesión.
Discusión por cierre de iglesia en Pérez Zeledón
El diputado independiente Harllan Hoepelman causó toda una discusión en el Plenario al interrumpir la sesión para denunciar un supuesto cierre arbitrario de una iglesia en Pérez Zeledón que incumplió la orden de no funcionar durante la actual pandemia por COVID-19.
El legislador pidió el uso de la palabra por el (des)orden para alegar que las iglesias no solo funcionan como centros de congregación para adorar, sino también para dar consejería a parejas o jóvenes y que en el caso concreto (Iglesia Martillos de Guerra), la policía simplemente procedió a cerrar el local.
Sin embargo, la diputada oriunda de Pérez Zeledón, María Vita Monge del PUSC afirmó que esa iglesia incumplió la directriz gubernamental y que por ende, la Policía actuó a derecho:"Solo el equipo de músicos de Martillos de Guerra es de más de 40 personas; no se le puede engañar a Pérez Zeledón diciendo que habían un poquito de personas cuando hay vídeos y testimonios de que había una cantidad grande de personas incumpliendo las medidas sanitarias que se nos han rogado"
Hago un llamado al cantón de Pérez Zeledón a que se queden en sus casas: no es momento de hacer actividades religiosas ni deportes en conjunto.
El diputado puntarenense, Mélvin Nuñez intervino para solicitar que no se le impida a los pastores realizar transmisiones en vivo y que no se hagan cierres totales de iglesias.
La diputada Zoila Volio salió a defender el actuar de la Fuerza Pública y dijo que este no era el momento de cuestionar las decisiones que el Ministerio de Salud ha adoptado.
Asimilemos y entendamos el contexto en que estamos: estamos en estado de emergencia, esto no es permanente, no son caprichos, la única manera de salir adelante, más o menos, es con disciplina. Estamos jugando con vidas humanas. La Fuerza Pública está acatando órdenes, no son caprichos. Esto no es un juego, es una pandemia y nunca la hemos tenido. O nos disciplinamos o como dijo una vez doña Karine Niño que no voy a repetir [que el país se iba a ir a la mierda] vamos a terminar muy mal.
Ivonne Acuña intervino para afirmar que lo que Hoepelman pidió es claridad en los lineamientos del Ministerio de Salud, pues estos no dicen que las iglesias deban ser cerradas, sino que las actividades en ellas están vedadas y que el Gobierno había dicho antes que se permitía que se transmitieran en vivo, solo con el personal humanamente necesario, algo que supuestamente era lo que estaba haciendo Martillos de Guerra.
Ante la creciente lista de diputados que pedían la palabra para referirse al tema, el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides llamó al orden y les recordó que había proyectos importantes por votar, y que el acuerdo de las jefaturas de fracción era que a las sesiones de Plenario se iría a lo estrictamente indispensable.
