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Congreso se prepara: aprueban reforma para sesionar en otro lugar en caso de emergencia

El Plenario de la Asamblea Legislativa se avocó este lunes a realizar los preparativos para el eventual empeoramiento de la situación país a raíz de la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus.

Tras largos recesos y negociaciones, en primer lugar se acordó convocar a sesiones extraordinarias del Plenario los días martes 17, miércoles 18, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo, de las 9 am a las 12:30 pm, con el fin de conocer los proyectos de ley que el país necesita en este momento para combatir los efectos del COVID-19.

Dicha moción fue aprobada con 45 votos a favor y ninguno en contra. Ello implica que todas las comisiones legislativas no sesionarán, incluida la investigadora de la UPAD, la cual acordó por unanimidad suspender las audiencias a las personas que habían sido convocadas para dar explicaciones.

Luego se conoció el expediente 21.849, una reforma al artículo 47 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para permitir que el Plenario pueda sesionar en cualquier otro lugar del país mediante un acuerdo tomado por no menos de 38 diputados, en tiempos de calamidad pública o emergencia nacional.

Anteriormente la redacción de ese artículo establecía que las sesiones fuera del salón tradicional solo podrían usarse para actos protocolarios (como visitas a las provincias de Limón y Guanacaste), lo que impedía a los diputados aprobar legislación y/o actuar en casos en que, por algún motivo de fuerza mayor, el Plenario no estuviese habilitado para reunirse.

La reforma fue aprobada con 42 votos a favor y 4 en contra. Votaron negativamente Wálter Muñoz del PIN, la independiente Nidia Céspedes, Oscar Cascante y Shirley Díaz del PUSC.

Díaz votó en contra alegando que se estaba aprovechando la pandemia para hacer una reforma muy importante el Reglamento de la Asamblea Legislativa, y que la medida debía ser temporal, ante temores de que se pudiera usarse este mecanismo en un futuro para sesionar a espaldas de la ciudadanía.

Ante ello, la vicepresidenta del Congreso, Zoila Volio le reclamó a Díaz que dejara de usar este tema para intentar obtener réditos políticos y le recordó que el texto de la Constitución Política en su artículo 114 permite a los diputados mover su sede con tan solo un acuerdo tomado por no menos de 38 votos, es decir, sin condicionamientos de que exista un estado de calamidad, conmoción o estado de emergencia.

Posterior a la reforma, que entra en efecto de inmediato, 46 diputados aprobaron por unanimidad una moción para que dentro de los siguientes 60 días naturales el Congreso pueda trasladar su sede para sesionar a cualquier otro lugar del país, en caso de que el salón Plenario quede inhabilitado ante la eventualidad de un caso de COVID-19.

De seguido, 46 diputados aprobaron una moción que le autoriza al Presidente Legislativo a otorgar permisos de ausencia a las sesiones a diputados que tengan factores de riesgo de la enfermedad COVID-19. Actualmente ya se acogieron a esa licencia las diputadas Floria Segreda de Restauración, Aracelly Salas del PUSC; Mario Castillo y Luis Ramón Carranza del PAC. Asimismo, la diputada Silvia Hernández entró en un aislamiento voluntario de una semana tras regresar de su viaje a Chile, país que en las últimas horas confirmó la presencia de transmisión comunitaria sostenida del virus, es decir, se perdió la posibilidad de hacer los rastreos de las personas contagiadas para limitar la dispersión de la enfermedad.

Finalmente, 46 diputados aprobaron dispensar de todos los trámites para conocer este martes en Plenario el proyecto de ley 21.845 denominado "Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19", que incluye la moratoria al pago de impuestos por parte de las empresas durante tres meses, prorrogables a un cuarto mes; de modo que tengan permitido cancelar dichos montos a más tardar el 31 de diciembre sin multas o intereses.

Finalmente, el Congreso fue informado de la decisión del Presidente de desconvocar todos los proyectos en la agenda de sesiones extraordinarias, excepto los siguientes:

  • Expediente 21.449: Crédito de apoyo presupuestario con la CAF
  • Expediente 21.777: Regulación a comisiones de datáfonos
  • Expediente 21.794: Ley para destinar superávits al pago de intereses y amortización de deuda
  • Expediente 21.833: Reforma al artículo 36 de la Ley de la CCSS
  • Expediente 21.845: Proyecto de alivio fiscal ante COVID-19

El expediente 21.833 pretende incluir a los trabajadores independientes dentro de la población que puede acceder a los servicios de la CCSS aunque estén morosos (actualmente se permite con trabajadores cuyo patronos están morosos).

Asimismo, establece que en el caso de mora por más de un mes, la CCSS tendrá derecho a cobrar al patrono o al trabajador independiente el valor íntegro de las prestaciones otorgadas hasta el momento en que la mora cese, sin perjuicio del cobro de las cuotas adeudadas y de las sanciones que contempla la ley.

Sin embargo, cuando el valor de las prestaciones médicas otorgadas supere el monto equivalente a un salario base, el monto a cobrar no podrá ser superior a 10 veces la cuantía de la deuda que origina la facturación de estas.

En estos casos el deudor deberá cancelar las cuotas pendientes de pago o formalizar un acuerdo de pago por toda la deuda, en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de facturación de dichas atenciones médicas; caso contrario, el deudor deberá pagar el valor íntegro de los servicios otorgados.