Tras una discusión de casi dos horas, el Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, un proyecto de ley que permitirá a los cónyuges solicitar unilateralmente el divorcio cuando exista incompatibilidad de mantener vida en común. Eso sí, el plazo mínimo para solicitarlo será de seis meses a partir de la fecha del matrimonio.
Se trata del expediente 20.406 denominado "Ley para la Reivindicación de la Autonomía de la Libertad en el Proceso de Divorcio", propuesto por los exdiputados del Frente Amplio, Edgardo Araya y Patricia Mora, esta última quien hoy ocupa la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Con este proyecto se pretende incluir una nueva causal de divorcio: incompatibilidad de caracteres, definida como la "imposibilidad de dos personas de mantener una relación mutua en cierta armonía y respeto, que se funda en el carácter de las mismas".
La iniciativa como fue originalmente presentada establecía que el divorcio por esta causal podría invocarse de manera unilateral sin importar el tiempo que la pareja estuviese casada. Sin embargo, en comisión la única forma de que el proyecto avanzara fue negociando un plazo mínimo, el cual se definió en seis meses.
La diputada Mileidy Alvarado de Restauración planteó una moción para que dicho plazo se aumentara un año por "razonabilidad y proporcionalidad", además que el plazo actual desvalorizaba la figura del matrimonio.
Tenemos que enseñarle a esta generación que el matrimonio tiene un valor. Aquí hay muchas cosas en juego: la familia, el matrimonio, los hijos
Falazmente la diputada también dijo que el plazo de seis meses podría ser usado de manera abusiva en los matrimonios por conveniencia y que por eso reiteraba que lo óptimo era aumentarlo a un año.
La diputada independiente, Ivonne Acuña dijo que el plazo de un año era razonable porque daba posibilidad de atender a un proceso terapéutico para que la pareja se reconciliara, ya que son pocas las familias que pueden asistir a una sesión semanal de terapia de pareja y en su lugar lo hacen de forma mensual.
El diputado José María Villalta del Frente Amplio respondió que el plazo de seis meses, tomando en cuenta lo que dura una demanda de divorcio en el Poder Judicial, permitiría que se dé ese proceso terapéutico.
De inmediato la moción se sometió a votación la propuesta de la diputada Alvarado, quedando aprobada con 23 votos a favor y 21 en contra. Ello generó que en el texto del proyecto se aumentara el plazo mínimo para pedir el divorcio a un año después del matrimonio.
Dado que no había más mociones, el Congreso entró a discutir la iniciativa por el fondo.
Paola Vega del PAC lamentó la aprobación de la moción al recordar el principio sagrado de la autonomía de la voluntad y dijo que si a una persona casada no le daba la gana ir a terapia de pareja para salvar su matrimonio, esa era su decisión.
Así como nadie puede obligar a nadie a casarse con otra persona si ambas partes no quieren, debería ser suficiente causal de divorcio el simple hecho de no querer, por la causa que sea. Imagínense como puede ser la vida al lado de una persona que no se quiere, y ojalá en una desigualdad de poder, porque la legislación actual no permite que una persona no pueda separarse inmediatamente, tiene que abandonar el nicho familiar por tres años y eso es injusto para ambas partes.
La diputada independiente, Zoila Volio dijo que lo que se tiene actualmente vigente es mil veces peor, porque se necesitan 3 años para poder lograr un divorcio; pero aún así dijo que le preocupaba que el Congreso estuviera interviniendo en la privacidad, intimidad y autonomía de la voluntad de una pareja imponiéndole un año de convivencia.
"Es casi una esclavitud física, mental, emocional vivir con alguien que uno ya no se soporta. Estamos violando el derecho de la persona de decidir si quiere vivir o no con otra. Los estamos condenando a vivir por un año", dijo la legisladora, quien alertó que tal situación podría devenir en violencia, agresión, insultos, maltrato emocional y psicológico.
Mentira que si uno está obligado a vivir con alguien que no quiere uno va a estar dulce, tranquilo y amoroso. Uno saca lo más feo que uno tiene. Condenarlos a soportarse un año no se vale, porque no somos nosotros lo que vamos a estar aguantando ese año. Estamos jugando a dictadores.
José María Villalta del Frente Amplio recordó que durante muchos años Costa Rica no reconocía como legal el divorcio por mutuo consentimiento, lo que obligaba a las parejas a cometer fraude de ley, mintiendo respecto a la ocurrencia de otras causales de divorcio sí permitidas por ley (como el concubinato escandaloso) para poder finalizar la relación.
Inclusive, cuando el país reconoció legalmente el divorcio por mutuo consentimiento se impuso en la ley un mínimo de tres años de matrimonio para solicitarlo, circunstancia que fue declarada inconstitucional por el Alto Tribunal de este país. Por esto, Villalta enfatizó que no es cierto que esta legislación aumentará los matrimonios por conveniencia, pues en el caso de divorcio por mutuo consentimiento no hay plazo de espera mínimo para solicitarlo (pueden ser horas o días después del matrimonio).
El legislador recordó además que actualmente la legislación exige para un divorcio donde no hay mutuo consentimiento que exista una separación de hecho de tres años. Esto quiere decir que uno de los dos cónyuges debe salir del nicho familiar y no volver durante ese plazo, para luego tramitar el divorcio; o forzar que se cometa una de las causales legalmente aceptadas para poder romperlo (acusaciones falsas, adulterio, etc.), con el aspecto negativo que tal circunstancia queda consignada en la sentencia y hasta puede haber condena a pago por daños y perjuicios.
¿Por qué obligar a la gente a permanecer en un pleito cuando el matrimonio es una cuestión de libre voluntad?
Después de un rompimiento de quorum, el Plenario entró a conocer una moción de revisión para que se repitiera la votación de la moción de fondo presentada por la diputada Mileidy Alvarado. Una de las que firmó la propuesta de revisión fue María Vita Monge del PUSC, quien previamente había dado su voto afirmativo pero se retractó.
"Podría venir a hablarles desde el punto de vista religioso, pero este no es el lugar. Este es un tema muy importante, si en el divorcio por mutuo acuerdo desde el día del matrimonio ese mismo día uno se puede divorciar, las leyes deben ser justas para ambos. No es que esté a favor del divorcio, pero en seis meses puede pasar mucho: que una pareja procree un hijo y que lejos de venir a resolver una situación ya ese niño quede sin sus padres juntos", justificó la socialcristiana.
La moción de revisión fue aprobada en voto 25 vs. 19, por lo que de inmediato se sometió a votación la moción de la diputada de Restauración que había aumentado el plazo. En esta ocasión el resultado fue de 19 a favor y 25 en contra, quedando rechazada.
Cambiaron su voto "a favor" de la moción por "en contra" las diputadas Aida María Montiel del PLN y María Vita Monge del PUSC; Otto Roberto Vargas del PRSC y Oscar Cascante del PUSC.
Agotada la posibilidad de volver a hacerle cambios al texto, continuó la discusión por el fondo de la iniciativa. Fue acá cuando Jonathan Prendas dijo que tenía dos motivos para votar en contra del proyecto, siendo el primero que el mismo era iniciativa de la exdiputada Patricia Mora del Frente Amplio.
De entrada puedo decir que lástima esta última votación. Digo lástima porque del ahogado el sombrero. El proyecto no debe aprobarse, pero si se aprobaba que tuviese un año para que estas disputas matrimoniales tuviesen algún tipo de sentido, discusión en frío, no caliente. Digo que no se debería aprobar por dos razones. Una puedo reconocer que es estrictamente subjetiva, que es la proponente. No me hacen gracia las propuestas que vengan de esa persona, de esa exdiputada.
¿Madurez? A punto de entrar a tres años de trabajo parece aún no haberse desarrollado.
El segundo motivo de Prendas es que el término "incompatibilidad de caracteres" podría ser un concepto jurídico indeterminado, ya que el proyecto no define qué es, quién determina su existencia y qué consecuencias tiene. Por eso, afirmó, podría ser un desaire, un enojo por no cerrar la puerta con llave, no recoger la ropa, no recoger la basura ni lavar los platos...
Un tercer motivo que dio es que el plazo podría ser inconstitucional (aunque él y su bloque votaron a favor de ampliarlo...) porque la Sala Constitucional declaró inconstitucional el plazo mínimo exigido para un divorcio por mutuo consentimiento y entonces podría aplicar la misma tesis acá.
Finalizada la discusión, el proyecto recibió 30 votos a favor y 14 en contra: uno del PLN, uno del PUSC, todo Restauración Nacional y el bloque de tránsfugas.
El proyecto se votará en segundo debate el 11 de febrero próximo.
Breves
— Se aprobó en segundo debate con 41 votos a favor y 1 en contra (Erick Rodríguez) el expediente 21.133 denominado "Ley para el rescate, fortalecimiento y sostenibilidad del sector palmero nacional", con el cual se prorroga un fideicomiso a favor de este sector, se redefinen fuentes de financiamiento y se amplían las áreas de cobertura.
— Se aprobó con 43 votos a favor y ninguno en contra el expediente 20.767 denominado "Ley de reconocimiento de la Lengua de Señas Costarricenses (Lesco)" con el cual se autoriza a dar a las instituciones educativas los recursos necesarios para ofertar modelos educativos bilingües y la contratación de personas sordas profesionales en la Lengua de Señas Costarricense (Lesco), para la enseñanza y aprendizaje de la misma a estudiantes oyentes, como Lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.
En el marco de los servicios de atención a estudiantes universitarios con sordera, las universidades públicas y privadas podrán establecer programas e iniciativas específicas de atención para facilitarles asesoramiento y los servicios de apoyo que requieran en el proceso formativo.
De igual forma, el Consejo Superior de Educación Pública y el Ministerio de Educación Pública deberán incluir en sus planes de estudio la enseñanza y el aprendizaje de la Lesco como asignatura optativa para estudiantes oyentes, facilitando de esta manera la inclusión social de estudiantes sordos usuarios de la Lesco y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística y cultural.
Por otro lado, se ordena al Estado asegurar a las personas sordas el efectivo ejercicio de su derecho al acceso a la información, implementando la intervención de intérpretes de Lesco en programas televisivos informativos. Inclusive, cuando se utilice la Cadena Nacional de Televisión será obligatoria la utilización de los servicios de intérprete de Lesco y la misma obligación estará en los mensajes que emita la Comisión Nacional de Emergencias.
— Con 42 votos a favor y ninguno en contra se aprobó, por segunda vez, en primer debate el expediente 21.504 que autoriza al Banhvi a otorgar un segundo bono de vivienda cuando uno de los miembros del núcleo familiar haya caído en condición de discapacidad después de haber recibido un primer bono. El monto de la segunda ayuda será por el monto necesario para hacer las adecuaciones de infraestructura del inmueble para que esa persona pueda desarrollarse plenamente.














