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En este 2020 tenemos una ruta clara con soluciones concretas a los principales problemas que hoy aquejan a los costarricenses. Con firmeza y determinación, reiniciamos nuestras labores en la Asamblea Legislativa con una serie de prioridades que, afortunadamente, han logrado reunir, al menos de una mayoría importante, las voluntades de los diputados y diputadas.

Como secretaria de la Comisión de Asuntos Hacendarios, representa una prioridad total y rotunda el avance, definición y aprobación del expediente 20.861, para establecer un tope a las tasas de interés de usura en tarjetas de crédito y préstamos. No es posible que la usura en nuestro país sea considerada como delito en el artículo 243 del Código Penal y al día de hoy, ninguna persona en la historia ha sido condenada por esto, a pesar de que visiblemente vemos cómo comercios y bancos ahorcan a los consumidores con tasas de interés desproporcionadas, irrazonables y totalmente injustas.

Para nadie es un secreto que miles de costarricenses están endeudados, ya no les alcanza el dinero y muchas veces por el gran interés que les son cobrados por préstamos o créditos. Por ello, es urgente que en la Asamblea Legislativa asumamos con prioridad y con el pensamiento centrado en el beneficio de los costarricenses la definición de cuál debe ser el límite para ser considerado usura. Debe ser un tope proporcional, responsable, balanceado, pero eso sí, tajante, que represente un verdadero beneficio para esos miles de costarricenses ahogados en deudas. Fuimos llamados a legislar por el pueblo, no de intereses poderosos.

Y es que la ventaja que daría este proyecto a la reactivación económica del país es indiscutible. La encuesta de ingresos y gastos de los hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra que el 60% de los hogares tiene al menos una deuda, aunque la cifra sube a 74% en la porción de familias de más ingresos. Del total, uno de cada diez hogares tiene saldos pendientes de tarjetas de créditos y tres de cada diez, préstamos con empresas comerciales. Esto ya es una epidemia nacional y los más adinerados, están lucrando con la necesidad de estos. El panorama se pone peor cuando el Poder Judicial registra más de 800 mil costarricenses con un expediente de cobro judicial porque no pudieron seguir pagando préstamos con tasas de interés desproporcionadas. Eso sí es exclusión financiera.

El beneficio, por supuesto, también es económico para los costarricenses. Según un estudio de la Fundación Iustitia, sobre el que publicó un artículo el Semanario Universidad, “unos ¢120.000 millones por año quedarían disponibles para activar la economía interna si se recortaran diez puntos a la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito”.

La definición de un tope justo y balanceado se ha logrado en otros países. Ecuador tiene una tasa máxima de interés del 30.5%, Colombia una del 28.65%, el Estado de New York una del 25% e, incluso, Francia una del 21.04%. ¿Por qué oponerse a un 30%? En la última versión del expediente, se había definido que la tasa máxima de interés no podría superar dos punto dos (2,2) veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional, calculadas por el Banco Central de Costa Rica, es decir, a ese entonces en noviembre del año anterior, el tope sería del 30,18% para colones y un 15,31% para dólares, pero no hubo consenso.

Es lógico que esta iniciativa tocará grandes intereses, pero afortunadamente en esta Asamblea Legislativa hemos visto que el consenso en beneficio del interés común ha prevalecido en iniciativas necesarias y urgentes. Esta, es una de ellas, por lo que tengo la esperanza de que, en las próximas semanas, definamos un porcentaje justo y responsable para el bolsillo de los costarricenses.